La Justicia europea avala el veto a Huawei por motivos de seguridad y desaira la posición de Sánchez

La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Tamara Ćapeta, ha avalado que los Estados miembros veten a fabricantes tecnológicos considerados de «alto riesgo» de las redes de telecomunicaciones europeas por motivos de «seguridad nacional». Concretamente, ha citado a la china Huawei.

Este dictamen preliminar, aunque no vinculante, suele ser un buen indicador del fallo de los jueces en los próximos meses. En palabras de la abogada general, la Comisión Europea identificó, en particular, que los aparatos producidos por el fabricante de los equipos y programas informáticos presentaban «riesgos sustancialmente más altos que otros proveedores de 5G» y que debido a ellos, la Comisión considera que las decisiones adoptadas por los Estados miembros en el sentido de aplicar restricciones o excluir a Huawei «están justificadas».

El caso se remonta a una disputa en Estonia, donde una operadora de telecomunicaciones impugnó la decisión de las autoridades estonias a autorizar el uso de la tecnología de Huawei en sus redes. El Gobierno de Estonia justificó la decisión en el «alto riesgo», y ahora la Abogada General les ha dado la razón, ya que considera que este tipo de exclusiones son compatibles con el Derecho comunitario. Eso sí, deben basarse en una evaluación de riesgos específica y no en una sospecha, por eso debe de estar sujeta a control judicial, incluso en lo que respecta a su proporcionalidad.

Esta valoración llega en el peor momento para el Gobierno de Pedro Sánchez, y es que aún sigue bajo presión, tanto diplomática, como política, después de que el verano pasado se conociese que el Ministerio de Interior adjudicó a Huawei un contrato por valor de más de 12 millones de euros, para gestionar las escuchas telefónicas con autorización judicial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Esto provocó una enconada polémica en nuestro país, y tensó, aún más, las relación con la Administración Trump en Estados Unidos. De hecho, el Congreso de EE.UU. abrió una investigación formal a España, ya que consideraban que ese contrato representaba una «amenaza» para la seguridad nacional y el comercio digital en el país norteamericano. El caso se elevó a nivel federal y abrió la puerta a posibles sanciones tecnológica o restricciones comerciales.

Además, la Casa Blanca decidió suspender el intercambio de inteligencia con nuestro país tras la firma del contrato ante la sospecha de que la compañía china pudiera ser utilizada como canal de espionaje.

Bruselas ya advirtió al Ejecutivo de Sánchez de que la adjudicación a la tecnológica china «puede crear potencialmente una dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector crítico y sensible que aumentaría el riesgo de injerencia extranjera». Además, ya en junio de 2023 la Comisión consideró que Huawei y ZTE presentaban «riesgos significativos mayores que otros proveedores» y recomendó a los Estados miembros restringir e incluso excluir a ambas compañías de sus infraestructuras críticas.

Ahora el dictamen de la Abogada General vuelve a dejar al Gobierno español en una posición delicada, ya que incrementa la presión internacional sobre las decisiones adoptadas hasta ahora por el Ministerio de Interior.