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Pepiño Blanco, José Luis Rodríguez Zapatero y Antonio Hernando.

José Blanco, José Luis Rodríguez Zapatero y Antonio Hernando.Ángel Ruiz / El Debate

Zapatero, Blanco y Hernando engrasan la conexión del PSOE con la china Huawei, que enfrenta al Gobierno con EE.UU.

La adjudicación de un contrato para la gestión de las escuchas judiciales desata la polémica por los lazos de la empresa con dirigentes socialistas

La adjudicación de un contrato con Huawei para la gestión y almacenamiento de las escuchas telefónicas judiciales ha provocado una enconada polémica en nuestro país. No se trata ya de que esta empresa esté obligada por ley a proporcionarle toda la información al gobierno chino ni de que esté vetada por nuestros aliados occidentales. Lo que realmente trasciende es la estrecha relación que mantiene el PSOE con Pekín a través de la tecnológica en la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, José Blanco y Antonio Hernando.

Estas relaciones se forjaron hace ya más de dos décadas, cuando en julio de 2005 Zapatero se reunió con el entonces presidente chino Hu Jintao para establecer «una gran alianza» entre España y China. Aunque los acuerdos firmados entonces se calificaron de hito, el vínculo se enmarcaba en un contexto de normalidad al tratarse de países con intereses económicos y comerciales comunes.

La buena sintonía entre Madrid y Pekín se tradujo además en la compra masiva de pasivo español durante los años posteriores a la crisis financiera. Un artículo de Reuters de 2011 apuntaba a que, entonces, el gobierno chino poseía el 12 % de la deuda soberana de nuestro país. Este porcentaje ascendería en 2014 al 20 % de acuerdo con las declaraciones al Debate de La 1 del entonces ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, en un inusitado exceso de franqueza que pasó totalmente inadvertido gracias a la nocturnidad de la emisión y su escasa audiencia.

Tras la salida del Gobierno en 2011, Zapatero siguió trabajando en mejorar las relaciones comerciales entre ambos países. De hecho, el expresidente coincidió en 2015 con Tony Jin Yong, ex consejero delegado de Huawei España, en un encuentro sobre oportunidades de inversión organizado por Ernst & Young. Por aquel entonces, la multinacional china había superado a Ericsson como el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo y se encontraba en plena expansión internacional. También por esa época, había sufrido bloqueos por parte de distintos gobiernos como Australia, India o Estados Unidos por su cercanía con Pekín.

Acento en Huawei

Fruto de la casualidad o no, la multinacional eligió a Acento, la consultora fundada en 2019 por José Blanco y presidida por Alfonso Alonso, para ejercer funciones de lobby. Blanco había sido uno de los pesos pesados del PSOE en la época de Zapatero, mientras que Alonso fue presidente del PP en el País Vasco y llegó a ser ministro de Sanidad con Mariano Rajoy. Los intereses económicos crean extraños compañeros de cama.

En 2020, esta consultora abrió una oficina permanente en Bruselas liderada por Elena González para hacer presión ante la Comisión, teniendo entre sus clientes a Iberia, el Colegio de Registradores de la Propiedad de España o Huawei, que pagaba unos 50.000 euros anuales según los registros del organismo europeo. En su primer ejercicio completo de actividad, esta consultora se había convertido en la tercera con mayor facturación por detrás de Llorente y Cuenca y Atrevia, de acuerdo con las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

Quienes llevaban realmente los asuntos de Huawei en Acento eran Antonio Hernando y su mujer, Anabel Mateos

Sin embargo, fuentes populares revelan que quienes llevaban realmente los asuntos de Huawei en Acento eran Antonio Hernando y su mujer, Anabel Mateos. Hernando había ocupado diferentes cargos en el PSOE y era una de las personas de máxima confianza de Pedro Sánchez durante la crisis que sufrió el partido en 2016. Tras su paso por la consultora, Hernando volvió al Gobierno como director adjunto del gabinete del presidente hasta su nombramiento como secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras en septiembre de 2024. Mateos, por su parte, es la nueva ‘número dos’ del PSOE tras la salida de Santos Cerdán.

Estas buenas relaciones han sido también correspondidas por Huawei. En enero de 2022, la filial española de la multinacional nombró vicepresidenta a Therese Jamaa, pareja del ministro José Manuel Albares, aunque no duró mucho y dejó la compañía en mayo del siguiente año. Jamaa encontró hueco poco después en el consejo de Hispasat, empresa participada por la SEPI.

Desde Exteriores matizan que ni el Ministerio ni el propio Albares tienen, ni han tenido nunca, relación con Huawei. Según señalan fuentes de este departamento, Jamaa «es una persona ajena a la política con amplia experiencia en el sector tecnológico, y que no tiene ninguna relación, de ningún tipo desde que salió voluntariamente de esa empresa hace ya varias años». «Tampoco ha trabajado nunca para ninguna consultora o lobby, ni se ocupaba de las relaciones con ninguna consultora o de asuntos públicos en esa etapa», añaden esas fuentes.

Otro que ha encontrado acomodo en la multinacional china ha sido Segundo Martínez, antiguo jefe de seguridad en Moncloa, que se ha convertido en el director de seguridad de Huawei, según reveló The Objective. Incluso las hijas de Zapatero se beneficiaron de un contrato a través de su agencia de comunicación Whatthefav a comienzos de 2021.

Vínculos con Pekín

El problema es que estas relaciones han levantado una importante polémica tras la adjudicación de un contrato por valor de 12,3 millones de euros para que Huawei se encargue de la gestión y almacenamiento de las escuchas judiciales. La compañía está bajo la lupa de Estados Unidos y la Unión Europea desde hace varios años por distintos escándalos.

Ese mismo año, Estados Unidos incluyó a Huawei en su lista negra por considerarla una amenaza para la seguridad nacional y, desde entonces, ha evitado cualquier relación con la compañía. Por eso, la adjudicación del contrato en España ha sentado muy mal en la casa Blanca, que se ha puesto en contacto con el Gobierno español para mostrar su malestar y no trasmitirá información a través de redes de comunicación con tecnología china, según ha revelado este miércoles El País.

Bruselas se ha fijado esta década como límite para retirar componentes de Huawei de sus infraestructuras críticas

Bruselas, por su parte, lleva tiempo insistiendo en que los países de la Unión Europea deben «restringir o excluir» a Huawei de sus redes 5G al suponer «un riesgo mucho mayor» que otros proveedores. Incluso ha fijado esta década como límite para retirar de forma progresiva componentes de la multinacional de las infraestructuras críticas europeas.

«Nadie critica que Huawei tenga un contrato, pero en este caso supone un alto riesgo para la seguridad del Estado», señalan fuentes del PP, que advierten del «peligro real de espionaje». En 2017, el gobierno chino aprobó una ley que obliga a particulares y empresas, tanto dentro como fuera del país, a facilitar a los servicios chinos toda la información que requieran. Tanto la Comisión Europea como Washington tiene sospechas fundadas de que Huawei podría estar colaborando con Pekín en la recopilación de datos, vigilancia ciudadana y uso de redes 5G.

El PSOE contrataca y señala a Ayuso y Moreno

Desde el PSOE, por su parte, se defienden argumentando que tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, han firmado acuerdos con la empresa tecnológica Huawei que cuestionan en Génova.

En este contexto, en un mensaje de 'X' recogido por Europa Press, Mínguez ha respondido a Tellado con la frase «De nada, Miguel» y adjuntando una información de Europa Press en la que se daba cuenta de la inauguración de un 'hub' tecnológico de la misma compañía en la que participó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En otro mensaje publicado en 'X', el PSOE de Andalucía ha ironizado al señalar que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también «comprometió la seguridad nacional fuertemente» al viajar a la sede de Huawei en Pekín y tildar a la multinacional asiática como «uno de los socios estratégicos para seguir avanzando en la digitalización» de la región.

Exposición a la intrusión

Huawei ha negado que la contratación del sistema de almacenamiento comporte ningún riesgo para la seguridad, ya que toda la información pertenece al cliente y la compañía no tiene acceso a los datos del cliente, algo en lo que los expertos en ciberseguridad coinciden. «El contrato en cuestión no se refiere a antenas, routers ni a nodos de comunicación, sino de sistemas de almacenamiento que son razonablemente buenos, más fáciles de asilar y con menor exposición a la intrusión o filtración», explica Manuel Huerta, CEO de Lazarus Technology, una de las empresas españolas de ciberseguridad más destacadas.

Según este experto, en el caso concreto de Sitel, que es el entorno donde se desplegarán estos sistemas, «el almacenamiento no está conectado a redes públicas ni a otros sistemas sensibles, lo que limita notablemente cualquier vector de ataque externo».

Pero más allá de los riesgos del sistema, lo que el contrato ha puesto de manifiesto ha sido la capacidad de Pedro Sánchez para situarse en el lado incorrecto de la historia. El Ministerio de Defensa recomendó a sus trabajadores en 2019 la «desconexión inmediata» de los dispositivos Huawei, pero apenas seis años después deja en manos de esta compañía la gestión de un asunto tan delicado como las escuchas judiciales a pesar de las advertencias de nuestros socios y aliados. Y todo para mantener los intereses personales y económicos de su partido.

Acento niega la participación

Por su parte, la consultora Acento ha asegurado que no participó directa o indirectamente «en cualquiera de los aspectos vinculados con este o cualquier otro contrato, y que están absolutamente fuera de nuestro ámbito de acción actuaciones comerciales o de contratación con las administraciones públicas».
«Queremos hacerlo público en aras de preservar nuestra legítima actividad como consultora y la desvinculación de unos hechos en los que no hemos tenido ninguna participación», han señalado en un comunicado.
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