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Esta carga fiscal forma parte del Impuesto de SucesioensGetty Images

Economía

Estas son las comunidades autónomas en las que hay que pagar por recibir una herencia de 200.000 euros

El Impuesto de Sucesiones afecta tanto a herencias como a legados, incluyendo también a otros determinados seguros de vida

Para sorpresa de muchos, tener que pagar por recibir una herencia es una realidad en España. Sin embargo, la carga fiscal suele ser muy leve, aunque existen una serie de diferencias entre las comunidades autónomas que es necesario tener en cuenta, ya que son estas las que se encargan de gestionar este tipo de impuestos.

En este sentido, un estudio elaborado por la aseguradora Arag señala las cinco comunidades autónomas que sí obligan a pagar por este tipo de herencias, aunque existen también otras en las que las cantidades son realmente irrisorias. La investigación ha tomado como referencia una cantidad de 200.000 euros, que se divide en 150.000 por una vivienda habitual y 50.000 por otros bienes. Con este contexto, la normativa estatal fijaría una cuota de 5.536,47 euros. Sin embargo, Arag apunta a que esto no se traslada a la realidad.

Y es que algunas regiones como Andalucía, Baleares, Galicia o Canarias eliminan casi en su totalidad la carga fiscal gracias a reducciones que alcanzan el 99% en muchos casos. Por otra parte, las cinco comunidades que sí mantienen un tipo de pago con cierta notoriedad se tratan de Madrid, Extremadura, Murcia, La Rioja, así como también las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Sin embargo, en todas ellas la cantidad que se debe abonar no supera los 60 euros, siendo este un coste realmente bajo, aunque superior al de otros territorios.

El Impuesto de Sucesiones en España

Esta normativa se establece dentro del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. En este sentido, este se trata de un tributo que deben pagar las personas que reciben bienes o derechos tras el fallecimiento de otra. Afecta tanto a herencias como a legados, incluyendo también a otros determinados seguros de vida.

Los beneficiarios están obligados a pagarlo, y su importancia radica tanto en su impacto económico como en las diferencias que existen según el lugar de residencia, como ya se ha podido ver con anterioridad.

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