El nuevo decreto eléctrico permitirá al Gobierno decidir qué empresas acceden a la red

El Gobierno ha vuelto a recurrir a un ‘caballo de Troya’ legislativo para decidir a dedo qué empresas recibirán energía y cuáles no. Lo ha hecho a través del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, cuyas 143 páginas apenas dedican una fracción a paliar los efectos del conflicto, mientras plantean un asalto administrativo a la regulación del sector eléctrico que abre la puerta a un sistema de «acceso discrecional» basado en criterios «altamente subjetivos».

Así lo denuncia el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, Diego Rodríguez, en su análisis para Fedea sobre el real decreto anticrisis que el Gobierno aprobó el pasado 20 de marzo. Este experto recuerda que esta figura legislativa «imposibilita los procesos de audiencia previa y de informes, particularmente de la CNMC, que siempre conducen a mejoras en la calidad normativa».

«De hecho, hay diversos asuntos en este nuevo RDL que hubiesen requerido una mayor reflexión para la valoración de sus efectos y, muy probablemente, una redacción más precisa para evitar dudas sobre cómo deben interpretarse algunas de las cuestiones recogidas en el articulado», añade.

Uno de los asuntos más polémicos de este real decreto es el acceso de las empresas a la red de transporte y distribución eléctrica. Hasta ahora, este sistema se regía por principios de prelación temporal o mediante concursos de concurrencia competitiva –una especie de meritocracia eléctrica–, pero el nuevo texto dinamita este esquema al crear la figura de los «proyectos de alta prioridad».

Bajo esta etiqueta, el Gobierno podrá otorgar preferencia absoluta a determinadas inversiones. El problema es que cuando un proyecto es admitido a trámite bajo esta categoría, se suspenden automáticamente los trámites del resto de instalaciones que compitan por el mismo nudo de la red, a menos que sean compatibles. En la práctica, el Estado podrá «congelar» a los competidores de sus proyectos.

Esta discrecionalidad afecta a los más de 80 nudos de la red que actualmente se encuentran en espera de concurso. Con el nuevo texto, el premiso de acceso podrá adjudicarse directamente, sin concurso alguno, si el proyecto es declarado «estratégico».

¿Y quién decide qué es estratégico y qué no? El real decreto eleva a rango de ley el Comité de Inversiones Estratégicas, un órgano que será el encargado de calificar los proyectos basándose en conceptos tan poco precisos como el «interés público, social y/o económico para el conjunto del país».

El autor advierte que esta definición es tan amplia que somete el acceso de la red a una elevada discrecionalidad política. Al no existir criterios evaluables ni procesos transparentes, el Gobierno se otorga el poder de elegir qué fábricas se conectan y cuáles se quedan a oscuras, utilizando el cuello de botella del acceso a la red como una herramienta de ordenación industrial . Como señala en su informe, existe un riesgo evidente de utilizar la planificación energética para favorecer proyectos «etiquetados» según la conveniencia del momento.

Ofensiva contra los centros de datos

Rodríguez también hace mención a los centros de datos. El real decreto introduce un régimen específico para esta infraestructura crítica para la digitalización. A los inversores se les exigirán requisitos de «adicionalidad» y «correlación horaria» de energía renovable, además de demostrar su contribución a la «soberanía digital» bajo parámetros que aún están por definir en reglamentos posteriores.

Esta barrera no se exige a otros sectores industriales, como acerías o cementeras, y la propia CNMC ya advirtió en informes previos que el cumplimiento de estos criterios de eficiencia no debería ser motivo para denegar el acceso a la red.