IBM acuerda pagar 17 millones al Gobierno de Trump para zanjar acusaciones sobre sus políticas de diversidad

La multinacional tecnológica IBM ha alcanzado un acuerdo con la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el que abonará 17 millones de dólares para resolver las acusaciones de haber incurrido en prácticas discriminatorias a través de sus políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), unas imputaciones que la compañía rechaza.

El pacto, anunciado por el Departamento de Justicia, constituye el primer caso resuelto bajo una interpretación novedosa de la Ley de Reclamaciones Falsas, tradicionalmente destinada a perseguir el fraude en contratos públicos, pero que el actual Ejecutivo ha extendido al ámbito de los derechos civiles al considerar que determinadas políticas corporativas pueden derivar en lo que denomina «discriminación inversa».

Esta línea de actuación se enmarca en la denominada «iniciativa de fraude en los derechos civiles», impulsada por el Gobierno en mayo de 2025, con la que Washington comenzó a investigar a grandes empresas por la aplicación de programas DEI. A finales del pasado año ya había trascendido que varias compañías estaban siendo examinadas bajo este nuevo enfoque.

El fiscal general interino, Todd Blanche, defendió esta política al asegurar que las iniciativas de diversidad suponen en muchos casos un «reembalaje» de prácticas discriminatorias. Según afirmó, el objetivo de la iniciativa es «eliminar esa mala conducta, exigir responsabilidades a los infractores y poner fin a estas prácticas de forma definitiva».

De acuerdo con las alegaciones del Gobierno, IBM habría incentivado la diversidad mediante la vinculación de bonificaciones a objetivos demográficos en la contratación, además de modificar criterios de selección para tener en cuenta factores como la raza o el sexo. Asimismo, se le atribuye haber ofrecido programas de formación, mentoría y oportunidades laborales en función de dichos parámetros.

Estas prácticas habrían sido aplicadas desde 2019 hasta la actualidad, si bien la propia empresa decidió cancelar sus iniciativas DEI al inicio del mandato de Trump, en línea con el giro político impulsado desde la Casa Blanca. La ofensiva del Ejecutivo contra estas políticas incluyó la firma de órdenes ejecutivas destinadas a desmantelar su implantación en el ámbito federal y a desalentar su uso en el sector privado.

Pese al acuerdo alcanzado, IBM subraya que no admite responsabilidad alguna ni reconoce las acusaciones formuladas por el Gobierno, cerrando así un litigio que marca un precedente en la nueva interpretación legal promovida por la Administración Trump.