Pensiones: la ilusión de la sostenibilidad perpetua

Entre todas las ilusiones que el Estado moderno ha cultivado con esmero, pocas han alcanzado el grado de sofisticación, consenso y utilidad política del sistema público de pensiones. Se presenta como un contrato entre generaciones, como un derecho adquirido, como una promesa inviolable. Pero, desde la perspectiva real, no es más que una ilusión cuidadosamente administrada: la ilusión de que un sistema basado en el presente puede sostenerse eternamente sin mirar al futuro. La ilusión de hacer creer que el ciudadano ahorra, cuando en realidad financia el presente.

Ya está estudiado que el Estado utiliza mecanismos psicológicos y políticos para ocultar al ciudadano el verdadero coste de los impuestos y del gasto público, generando una ilusión que reduce la resistencia fiscal y facilita la extracción de recursos. Está pues advertido que el poder busca siempre ocultar el coste real de sus compromisos. Las pensiones son el ejemplo perfecto: un mecanismo que permite al Estado prometer hoy lo que otros deberán pagar mañana. Un sistema que convierte la demografía en contabilidad y la esperanza en aritmética.

La ilusión de la contributividad

El Estado presenta las pensiones como un sistema contributivo: usted cotiza, usted recibe. Pero esta narrativa es, en gran medida, una ficción. El dinero que el trabajador aporta no se guarda para él, se utiliza para pagar a los pensionistas actuales. El sistema no es un ahorro, no es un fondo personal acumulado, es una transferencia. No es un contrato individual, es un pacto colectivo cuya estabilidad depende de factores que el ciudadano no controla. No hay una relación realmente directa entre lo aportado y lo recibido.

La ilusión consiste en transformar un impuesto sobre el trabajo en un acto de previsión personal. Dicho de otra forma, la ilusión de la contributividad convierte un impuesto en un derecho y un riesgo en una certeza.

La ilusión de la sostenibilidad

El Estado asegura que el sistema es sostenible. Pero la sostenibilidad no es una cualidad moral: es una ecuación. Y esa ecuación depende de variables que el poder no puede manipular sin consecuencias: natalidad, esperanza de vida, productividad, empleo, crecimiento económico.

Cuando estas variables se deterioran, el Estado no reconoce el problema: lo disfraza. Aumenta las cotizaciones, reduce la generosidad, modifica los índices, altera los parámetros. Y cada ajuste se presenta como una reforma técnica, no como lo que es: una confesión implícita de que la ilusión se agota.

Desde hace más de una década, el sistema de pensiones español presenta déficits recurrentes. Las cotizaciones no bastan para cubrir las prestaciones. Pero el Estado evita que esta realidad erosione la confianza del ciudadano mediante dos técnicas:

1. Transferencias del Estado, financiadas con impuestos generales, y

2. Deuda pública, que traslada el coste al futuro. El ciudadano cree que su pensión está garantizada porque «ha cotizado», cuando en realidad depende de decisiones políticas futuras y de la capacidad del Estado para endeudarse. La ilusión consiste en ocultar que el sistema no se sostiene por sí mismo.

La ilusión del derecho adquirido

El Estado ha logrado que el ciudadano crea que la pensión es un derecho inviolable, casi sagrado. Pero ningún derecho puede ser más sólido que los recursos que lo sostienen. Un derecho sin financiación es una promesa; una promesa sin recursos es una ilusión.

El poder utiliza esta ilusión para obtener adhesión política. El pensionista vota para proteger su derecho; el trabajador vota para asegurar su futuro. Ambos creen defender algo tangible. Pero lo tangible no es el derecho: es la carga.

El Estado habla de «derechos adquiridos», cuando en realidad las pensiones dependen de variables demográficas, económicas y legislativas que cambian constantemente. La edad de jubilación se retrasa, los años de cómputo aumentan, las bases reguladoras se ajustan. El ciudadano cree tener un derecho, cuando lo que tiene es una expectativa condicionada. La ilusión consiste en presentar como garantizado lo que es revisable.

La asimetría temporal facilita la ilusión pues Estado cobra hoy y promete mañana. El ciudadano entrega una parte significativa de su salario durante cuarenta años, pero recibe la contraprestación al final de su vida laboral. Esta distancia temporal permite al Estado modificar las reglas sin que el ciudadano pueda reaccionar. La ilusión consiste en desplazar el coste político hacia el futuro.

La ilusión intergeneracional

El sistema de pensiones es, en esencia, una transferencia entre generaciones. Pero esta transferencia se presenta como un equilibrio natural, casi biológico. El Estado oculta que: una generación puede recibir más de lo que aportó, otra puede aportar más de lo que recibirá, y otra puede no recibir nada si la ilusión se derrumba.

La ilusión intergeneracional consiste en creer que el futuro será siempre capaz de sostener al presente.

El Estado presenta el sistema como un pacto entre generaciones, un acto de cohesión social. Pero cuando el número de cotizantes disminuye y el número de pensionistas aumenta, la solidaridad se convierte en un eufemismo para designar un desequilibrio estructural. La ilusión consiste en revestir de virtud lo que es una necesidad contable.

El Estado juega con la invisibilidad del sacrificio.

El trabajador ve en su nómina la cotización que él aporta, pero no la que aporta la empresa en su nombre. Esta última, que forma parte de su coste laboral, se presenta como un acto generoso del empleador, cuando en realidad es un impuesto diferido que reduce su salario potencial. La ilusión consiste en ocultar que el coste real del sistema es mucho mayor de lo que el ciudadano percibe.

La sofisticación contemporánea

Hoy, la ilusión de las pensiones se ha vuelto aún más refinada. El Estado utiliza: proyecciones optimistas, informes técnicos, eufemismos contables, índices de revalorización, mecanismos automáticos, y narrativas de justicia social.

Todo ello para mantener la apariencia de estabilidad. Pero la apariencia no cambia la aritmética.

El Estado sabe que la estabilidad del sistema depende menos de su solvencia real que de la fe del ciudadano en su continuidad. Por eso insiste en que «las pensiones están garantizadas», aunque su financiación requiera cada vez más impuestos y más deuda. La ilusión consiste en sustituir la solvencia por la confianza.

La ilusión de la sostenibilidad perpetua es útil para el poder, pero peligrosa para la sociedad

Así, mediante la ilusión contributiva, la opacidad del déficit, la confusión entre derechos y expectativas, la asimetría temporal, la retórica de la solidaridad y la invisibilidad del sacrificio, el Estado logra que el ciudadano perciba el sistema de pensiones como un contrato justo y estable, cuando en realidad es un mecanismo frágil que depende de equilibrios demográficos y fiscales cada vez más tensos. La ilusión no consiste en ocultar la realidad, sino en hacerla tolerable. Allí donde el ciudadano cree ahorrar, el Estado administra su presente; y allí donde cree asegurar su futuro, el Estado asegura su propia continuidad.

Por qué es necesario desvelar la ilusión

No se escriben estas líneas para negar la legitimidad de un sistema público de pensiones, sino para recordar que ningún sistema puede sostenerse sobre ilusiones indefinidamente. La transparencia no consiste en alarmar, sino en reconocer los límites. Y el límite de las pensiones no es político: es demográfico.

La ilusión de la sostenibilidad perpetua es útil para el poder, pero peligrosa para la sociedad. Solo una ciudadanía que comprenda la naturaleza real del sistema podrá exigir reformas que no se basen en promesas, sino en realidades.