España se quedará sin 1.000 millones de fondos Next Gen por los impuestos al diésel y la tributación conjunta

España perderá al menos mil millones de euros de los fondos Next Generation. Son los fondos vinculados a la subida de impuestos al diésel, la eliminación de la bonificación por tributación conjunta, o la reducción de temporalidad del empleo público por debajo del 8 %. Objetivos todos ellos comprometidos por el Gobierno a Bruselas, pero que o bien no ha logrado aprobar por falta de respaldo parlamentario, como en el caso del diésel, o bien ha descartado directamente por su enorme impopularidad.

En concreto, 475 millones iban vinculados a la equiparación fiscal del litro de gasoil al de la gasolina, y a la toma de medidas que eviten acentuar la brecha de género existente en el mercado laboral, léase «la paulatina desaparición de la tributación conjunta», según recomendó en su día la AIReF.

Según afirmó este jueves el vicepresidente Carlos Cuerpo en la comisión de seguimiento del Plan de Recuperación, el Gobierno ha trasladado a Bruselas las «dificultades» de aprobar la subida al gasoil, «con vistas a la posible reevaluación de este hito».

Este régimen fiscal favorece a las familias en las cuales uno de los progenitores no tiene ingresos o son inferiores a 3.400 euros, más de tres millones de hogares. Ya en 2021 Hacienda afirmó que no estaba entre sus planes su eliminación, tras la fortísima polémica generada entonces

Otros 626 millones de euros estaban vinculados a la reducción de la temporalidad del empleo público por debajo del 8 %, como contemplaba en el objetivo 144 del Plan de Recuperación. Esta ratio se sitúa actualmente en el 26,8 %, con lo que su cumplimiento antes del 31 de diciembre de 2026 es poco menos que imposible.

A ello hay que restar la entrega de otros 40 millones de euros por la digitalización de las administraciones públicas, para cuyo cumplimiento «no se han dado los pasos necesarios», como adelantó el economista Javier Escribano en este periódico.

Al menos otros tres objetivos están además en serio riesgo de incumplimiento. Es el despliegue de 95.200 puntos de recarga para vehículos eléctricos, cuando en la actualidad apenas hay 55.000 (12.000 más que en 2024); la mejora de las condiciones laborales de los médicos –en pleno conflicto con el Ejecutivo precisamente por este motivo–; y la Ley de transparencia e integridad de los lobbies.

Hasta abril de 2026, España ha recibido 71.432 millones de los fondos Next Generation, 55.092 de las transferencias no reembolsables y 16.340 de préstamos. Es el 70 % de la cantidad máxima que España aspira ahora a recibir, 102.560 millones, tras haber renunciado a 60.454 millones de préstamos en diciembre del año pasado.

Tras retrasos crecientes en las últimas transferencias, faltan aún dos desembolsos antes de que acabe el plazo, en diciembre de 2026. Se trata del sexto tramo, de 6.467 millones, que España pidió en diciembre de 2026 –con un año de retraso–, y del séptimo y último tramo. Su llegada se espera «para verano», según trasladó Cuerpo ayer.

Respecto al séptimo y último tramo se pedirá previsiblemente en diciembre, con más de un año de demora, y será el de mayor volumen hasta la fecha: 24661 millones de euros. Pero para poder recibirlos íntegramente España deberá cumplir un total de 143 compromisos, la mayor cifra. El calendario para ello no podría ser más ajustado: el plazo expira el 31 de agosto. Es decir, hay cuatro meses para rematar el 30 % de los compromisos del plan, cuando en los cinco años anteriores se han cumplido 250.