Aumentan las donaciones a familiares ante la creciente e injusta presión fiscal

Vivimos un momento de clara fractura generacional en España. Los jóvenes afrontan un horizonte marcado por la precariedad, el difícil acceso a la vivienda y una menor capacidad de ahorro. Los mayores —con pensiones muy estables, patrimonio acumulado y, en algunos casos, varias propiedades— están asumiendo un papel creciente como soporte económico de sus hijos y nietos. En este contexto, las donaciones familiares han pasado a ser una herramienta casi imprescindible para equilibrar desigualdades dentro del propio núcleo familiar y redistribuir la riqueza desde los mayores hacia los más jóvenes.

Sin embargo, lo que socialmente se percibe como un acto natural de ayuda intergeneracional choca frontalmente con el diseño del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En España, cualquier transmisión gratuita de patrimonio o de dinero a los hijos o nietos está sujeta a tributación, sin importar su cuantía, ni su finalidad. Así, el apoyo de los padres a sus hijos para afrontar la entrada de una vivienda u otros gastos propios de las nuevas familias (como puede ser la boda o el colegio de los nietos) no se interpreta como un mecanismo de solidaridad familiar, sino como un hecho imponible.

Si los jóvenes no pueden comprarse una vivienda o pagar el alquiler sin ayuda familiar, castigar fiscalmente ese apoyo resulta injustificable

Esta desconexión entre realidad social y normativa fiscal plantea una cuestión de fondo: ¿tiene sentido gravar transferencias que, en muchos casos, responden a fallos de la arquitectura del sistema económico intergeneracional? Si los jóvenes no pueden comprarse una vivienda o pagar el alquiler sin ayuda familiar, castigar fiscalmente ese apoyo resulta injustificable.

El problema se agrava al observar la disparidad territorial del impuesto. Comunidades autónomas como Madrid han optado por bonificaciones cercanas al 99 %, convirtiendo en la práctica el impuesto en algo casi simbólico entre familiares directos. En cambio, territorios como Cataluña o Asturias, gobernadas por el PSOE, mantienen una presión fiscal significativamente más elevada.

En este contexto, el enfrentamiento entre el modelo de baja fiscalidad defendido por Isabel Díaz Ayuso y la intención del Gobierno central de avanzar hacia una armonización del impuesto en toda España, ha generado una creciente incertidumbre.

Desde el Ejecutivo, figuras como María Jesús Montero, y posteriormente Arcadi España, han planteado la necesidad de reducir las diferencias entre comunidades para evitar lo que consideran una competencia fiscal a la baja. Sin embargo, esta visión choca con la de los que entienden que esa competencia permite a las regiones adaptar su política fiscal a una nueva realidad económica y social: la fuerte desigualdad intergeneracional.

La presión de los impuestos está incentivando movimientos de patrimonio y de residencia hacia comunidades con una fiscalidad más favorable

Como consecuencia de este debate, se ha observado un incremento significativo en el número de donaciones, en muchos casos motivado por el temor a un endurecimiento futuro de la normativa. Asimismo, estas diferencias están incentivando movimientos de patrimonio y de residencia hacia comunidades con una fiscalidad más favorable.

No se trata únicamente de grandes patrimonios: también familias de clase media con cierto nivel de ahorro buscan optimizar la ayuda de los padres a los hijos. El resultado es una competencia fiscal entre territorios que tiene consecuencias visibles en las regiones que más gravan: deslocalización de contribuyentes, menor dinamismo económico y una pérdida progresiva de atractivo para la inversión y la residencia.

Esas comunidades, al dificultar la transmisión eficiente del patrimonio, limitan la capacidad de las familias para invertir, emprender o compartir. Y en un contexto donde las nuevas generaciones dependen en mayor medida de ese apoyo familiar, el impacto es aún más profundo.

Además, el argumento clásico en defensa del impuesto —la redistribución de la riqueza— pierde parte de su fuerza cuando se gravan transferencias que buscan corregir desigualdades generacionales cada vez más acusadas. En otras palabras, el impuesto puede estar actuando como un freno real a la propia cohesión social que pretende proteger. Una realidad social en la que la familia actúa como red de seguridad ante las carencias del sistema. La pregunta no debe ser solo si el impuesto es justo en abstracto, sino si resulta adecuado en el contexto económico actual.

En definitiva, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en España está provocando una tensión entre fiscalidad y realidad social. Mientras los padres de familia mayores se ven obligados a intensificar su apoyo económico para compensar las dificultades de los jóvenes, el sistema tributario sigue manteniendo estas ayudas sujetas a gravamen.

En ese desajuste, las comunidades con mayor presión fiscal corren el riesgo de quedarse atrás, no solo en términos de dinamismo económico, sino también en lo que respecta a la solidaridad intergeneracional.