Ayuso construye, Sánchez promete

Porque no sólo de política exterior vive la propaganda sanchista, el Gobierno presentó la semana pasada el Plan Estatal de Vivienda, que vuelve a estar a años luz de lo que se necesita. Siendo bienvenidos los 7.000 millones de euros para ayudas, el texto adolece de reformas que reviertan los destrozos que ha causado la Ley de Vivienda en estos tres años que lleva en vigor. Los más benevolentes del sector recurren al calificativo de «insuficiente» y recuerdan lo obvio: al no contar con apoyos, la viabilidad del Plan está en entredicho. Aunque saliera adelante en la próxima Conferencia Sectorial de mayo, dicen, todavía tardaría en aplicarse, así que el año se puede dar casi por perdido. Otro más. Como si estuviéramos ante un problema que puede esperar.

Siendo bienvenidos los 7.000 millones de euros para ayudas, el texto adolece de reformas que reviertan los destrozos que ha causado la Ley de Vivienda en estos tres años que lleva en vigor

Para variar, el Consejo de Ministros aprobó el documento sin haberlo consultado previamente con las comunidades autónomas, que tendrán que poner el 40 % del dinero. Un 15 por ciento más que en planes anteriores, donde el Estado solía abonar el 75 %. Igual que pasó con las bonificaciones al transporte, Sánchez invita, pero son las regiones las que pagan la fiesta. En esta ocasión, a Madrid le corresponden 1.113 millones. Por responsabilidad, y a pesar del ruido político de las primeras horas, Ayuso ha aclarado que no renunciará. Aunque su política de vivienda circule por derroteros muy diferentes.

De hecho, menos de 24 horas después de que la ministra Isabel Rodríguez presentara el Plan Estatal en Moncloa, su Gobierno daba luz verde en Sol al proyecto de Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda. La norma parte de la evidencia de que la crisis que sufrimos se debe a la escasez de oferta. «Solo hay una solución, y es construir, construir y construir», enfatizaba el consejero Jorge Rodrigo, echando por tierra el estúpido prejuicio progre de que las grúas son cosa de especuladores y fachas.

Para incrementar la oferta de vivienda protegida, la Comunidad de Madrid apuesta por aumentar un 20 % la edificabilidad y un 30 % la densidad en los terrenos destinados a inmuebles con algún tipo de protección pública. Y se flexibilizan los usos del suelo, en línea con una iniciativa que está funcionando francamente bien: la transformación de oficinas en pisos. En pocos meses, se han generado más de 8.000, de los que ya se han entregado alrededor de 3.600. Además de ampliar el plazo de esta medida excepcional por otros dos años, el Ejecutivo madrileño extenderá esta posibilidad a suelo terciario de hospedaje y dotacional privado. Además, se introducen otras medidas de simplificación burocrática. Todo ello con el objetivo de habilitar alrededor de 18.000 viviendas protegidas sin necesidad de consumir nuevo suelo, lo que agiliza enormemente los procesos.

Haciendo recuento, a lo largo de la legislatura se ha iniciado la promoción de 70.353 viviendas protegidas, que se encuentran en estos momentos en distintas fases de ejecución. El 40 % de ellas corresponden al sector privado, el 20 % han sido promovidas por los ayuntamientos y el 37,2 % —un total de 26.142 pisos—, por la Comunidad de Madrid. De estos últimos, más de la mitad son achacables al Plan Vive, la fórmula público-privada de alquiler asequible que Ayuso pone siempre como ejemplo de éxito.

La tasa de propiedad entre los menores de 35 años ha pasado del 70 al 30 % en los tres últimos lustros

Con matices, otras comunidades del PP han aprobado legislaciones similares que también están dando buenos frutos. El marco es la Declaración de Asturias que pactó Feijóo con sus barones a principios de año. Las generales de la ley de la propuesta popular son la liberalización de suelo, la colaboración público-privada para construir vivienda a precio asequible, la reducción de la burocracia, medidas para combatir la okupación ilegal y rebajas fiscales.

Enfrente, lo que hay es un Gobierno que lleva ocho años negando que tengamos un problema de oferta. Y el pato lo pagamos los españoles, especialmente los jóvenes. La tasa de propiedad entre los menores de 35 años ha pasado del 70 al 30 por ciento en los tres últimos lustros. Hasta el año 2020 la creación de nuevos hogares y la oferta crecían de forma acompasada, pero a partir de ese momento la demanda prácticamente se ha multiplicado por tres. Cuando la capacidad del sector para producir más vivienda ha crecido a un ritmo significativamente más bajo. Una cosa son los precios desorbitados en el mercado y otra la rentabilidad a la hora de construir, y a muchos empresarios no les salen los números.

El déficit estimado ya alcanza las 730.000 viviendas, y los expertos calculan que, de seguir así las cosas, aunque no entrara en España un solo inmigrante más, tardaríamos una década entera en recuperar el equilibrio. Así que urge una legislación que facilite préstamos a los promotores e hipotecas a los jóvenes, que proteja el derecho de propiedad frente a la okupación ilegal y que garantice la imprescindible seguridad jurídica. Todo lo que no sea eso, supone poner un parche tras otro intentando hacer ver a los ciudadanos que se hace algo cuando no existe intención de hacerlo. Como el Plan Estatal de Vivienda recién presentado.