Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica de España
Un año del apagón
Los ciudadanos pagan cara la factura de evitar otro apagón tras un año de batalla por las culpas
Los afectados no tienen un culpable al cual dirigir sus demandas, mientras el escudo antiapagones supone ya uno de cada tres euros de la factura final
Un año después del apagón sobran los informes sobre las causas, pero sigue pendiente de responder, al menos oficialmente, la gran pregunta: ¿Quién fue el responsable? Dicho de otra manera: ¿Quién debe costear las millonarias consecuencias del inédito cero energético?
Las eléctricas privadas y la oposición coinciden en el diagnóstico de la causa última, y atribuyen la responsabilidad al Ejecutivo y al operador del sistema, Red Eléctrica, quién por ley es el responsable de garantizar el suministro eléctrico.
El Ejecutivo buscaba batir récords de generación renovable y demostrar que España podía satisfacer su demanda energética con una participación mínima de centrales nucleares –una tecnología despreciada por el Ejecutivo, que impulsa su cierre– y ciclos combinados de gas. Estas afirmaciones vendrían respaldadas por las conversaciones conocidas entre técnicos del operador del sistema y las eléctricas, en las que queda acreditado que eran conscientes de la inestabilidad del sistema en los meses previos al cero energético.
Además, Red Eléctrica ha cambiado drásticamente su forma de operar tras el apagón. Aunque ha seguido confiando en las renovables –en las últimas semanas se han vuelto a batir récords–, mantiene en operación un sistema de respaldo que minimiza el riesgo de un nuevo apagón a cambio de mantener disponibles para su conexión al menos una decena de centrales nucleares o ciclos de gas.
Esto permite al Gobierno continuar presumiendo de precios bajos de la luz en el mercado mayorista, esto es, «en origen». Pero el escudo anti apagones, encuadrado dentro de los servicios adicionales de operación, también lo acaban pagando los consumidores, en forma de sobrecoste que se refleja de forma muy opaca en la factura de la luz.
Según un informe de la patronal eléctrica Aelec los servicios de operación suponen ya uno de cada tres euros de la factura. De hecho, en muchos días estos costes son incluso más altos que el propio precio mayorista de la electricidad.
En total, habría superado ya los 1.800 millones de euros. De paso, ha elevado las emisiones de gases de CO2 un 9 %, según informó este diario, justo lo contrario de lo que ambicionaba el Gobierno en su plan energético, el PNIEC.
La explicación «multifactorial»
Frente a estas explicaciones, el Gobierno sostiene que el origen fue «multifactorial», según el informe de la asociación europea de gestores de redes, Entso-e. La ventaja de esta respuesta es que abre la puerta a repartir las culpas entre el Ejecutivo, responsable de la política energética del país; el operador del sistema, responsable legal de mantener el suministro energético; y las empresas privadas de distribución y generación, que insisten en que cumplieron en todo momento con la regulación.
Esta organización concluye que el apagón fue consecuencia de la interacción de múltiples factores, entre ellos oscilaciones, fallos en el control de tensión y potencia reactiva, diferencias en las prácticas de regulación de tensión, rápidas reducciones de producción y desconexiones de generadores en España, así como capacidades de estabilización desiguales.
La empresa española que preside la ex ministra Beatriz Corredor culpa además al comportamiento de una planta fotovoltaica en Badajoz, a la que acusa de estar realizando «un experimento» el día del cero energético. Algo que niegan tajantemente desde el sector energético, desde donde subrayan que es imposible que una sola instalación de generación pueda llegar a tumbar el sistema. Tampoco el Gobierno ha respaldado esta acusación.
Expedientes de la CNMC
En paralelo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha rechazado publicar su propio informe. Lo que sí ha hecho, en las últimas semanas, es anunciar una catarata de expediente sancionadores, cerca de medio centenar, tanto contra Red Eléctrica como contra Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol, y contra sus instalaciones de generación. Incluyendo a ciclos combinados de gas pero también a centrales nucleares como Almaraz.
Por ahora solo tres de estos expedientes tienen carácter muy grave: el abierto contra Red Eléctrica, el establecido contra la planta extremeña –propiedad de Iberdrola, Endesa y Naturgy– y otro contra la filial de Iberdrola de generación nuclear. En los dos últimos casos Competencia los circunscribe a «prácticas producidas en días o periodos distintos al 28 de abril de 2025, pero que constituirían igualmente indicios de posibles infracciones sectoriales detectados en el marco de la investigación del incidente».
A la empresa que preside Corredor, Competencia le acusa de incumplimiento como operador del sistema de las funciones k- , l- , r- y u- «con perjuicio para el sistema o sujetos». Estas letras se refieren a apartados del artículo 30.2 de la Ley del Sector Eléctrico. De ello se interpreta que Competencia acusa al TSO de fallar en la programación de instalaciones de producción de energía eléctrica, no impartir las instrucciones adecuadas para su operación y no proporcionar suficiente información a los actores.