Las jugosas ayudas a las renovables de Zapatero que ahora amenazan las propiedades de España en el extranjero

Veinte años después, las jugosas primas para impulsar las energías renovables en España van camino de hacer que España vea embargadas posesiones en el extranjero. Por ejemplo, un edificio del Instituto Cervantes en Utrech, en Países Bajos, que como informó El Debate está a punto de salir a subasta para cubrir la deuda del Estado con uno de los reclamantes por el impago retroactivo de aquellas ayudas.

El contencioso se remonta a 2007. Ese año, con José Luis Rodríguez Zapatero en Moncloa, el ministro Miguel Sebastián aprobó una rentabilidad garantizada para aquellos inversores que optaran por elegir España para ubicar sus instalaciones renovables.

Las primas garantizaban una rentabilidad del 7 %. Esto permitió alcanzar en apenas tres meses el 85 % del objetivo de instalación de renovables que había fijado para tres años. En total, entre el 2007 y el 2012 se instalaron en España 19.000 MW de renovables, como recuerdan desde Fundeen.

Pero en 2010, ya en medio de la crisis económica, Zapatero recortó las primas, mientras que en 2012, posteriormente, ya con Mariano Rajoy en el Gobierno, se decidió recortar un 40 % las primas que aún seguían vigentes. Una decisión que, según los reclamantes, supuso un cambio de las reglas de juego a mitad de partido y perjudicó a compañías que habían invertido hasta 70.000 millones de euros en transformar el sistema energético español.

El actual Gobierno, con Teresa Ribera al frente de las competencias energéticas antes de su salto a Bruselas, decidió no pagar las compensaciones a las que fuera condenada por los tribunales de arbitraje. Se ampara para ello en una decisión de la Comisión Europea, impulsada por España, que cataloga dichos pagos como una ayuda de Estado ilegal a las empresas europeas.

Más de 2.300 millones en juego

Actualmente hay medio centenar de inversores afectados por los impagos, de los cuales 42 han denunciado, y España ha perdido el 70 % de los casos. La mayor parte de ellos en el Ciadi, el tribunal de arbitraje internacional con sede en Washington, donde nuestro país ha superado a Venezuela como el país con mayor número de laudos impagados.

Los reclamantes cifran en 1.754 millones las indemnizaciones pendientes de pagar por España, a lo que habría que sumar otros 546 millones en concepto de intereses de demora y condenas en costas. La suma total adeudada supera por tanto los 2.300 millones. En al menos una ocasión, España ha alcanzado un acuerdo con uno de los reclamantes, pero se niega a compensar al resto.

En el caso del embargo sobre el edificio de Utrech, la condena deriva del caso Eurus, filial del grupo Toyota. Según el bufete de abogados Houthoff, que ha conseguido que la Corte de La Haya autorice la incautación del inmueble, el que la compañía fuera japonesa –y por tanto no europea– impide que España pudiera acogerse al argumento utilizado en otras ocasiones de que el arbitraje internacional no es pertinente.

Para Houthoff «cualquier intento de acudir de nuevo a los tribunales para cuestionar la reclamación debería fracasar», dado que España «ya no puede impugnar la validez del laudo ni tampoco recurrirlo». El inmueble, cuyo valor de mercado rondaría los diez millones de euros, «será subastado próximamente», según el bufete.