El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente de EE.UU. Donald Trump
El enfado de Trump con Sánchez podría facilitar embargos a Defensa, el Falcon o la selección durante el Mundial
El Supremo americano está a la espera de un dictamen de la Casa Blanca para una decisión clave en el marco de las demandas por los impagos de las renovables
La mala relación diplomática entre España y la Administración de Donald Trump puede jugar muy en contra de los intereses nacionales. Solo una decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. a favor de España separa ahora mismo que los bienes españoles en EE.UU. puedan estar sujetos a embargos por el impago retroactivo de las ayudas a la implantación de energías renovables.
En ello, según fuentes jurídicas conocedoras, la Casa Blanca tendrá un papel relevante, dado que el tribunal ha pedido información para evaluar si su decisión, en el caso de respaldar las siete resoluciones favorables a los inversores afectados conocidas hasta ahora, podría suponer un choque institucional con España.
«No entro en las relaciones políticas de Trump con Sánchez, pero entiendo que la insatisfacción puede pesar en el procedimiento», según Matthew McGill, socio del bufete estadounidense King & Spalding y representante legal de buena parte de los inversores afectados. «No es fácil pensar que Sánchez vaya a pedir ayuda al Gobierno de EE.UU. en este tema», según McGill.
El representante legal de los demandantes recuerda además que la deuda de mayor cuantía es con una empresa americana –NextEra– y que la Cámara de Comercio de EE.UU. (equivalente a la CEOE) «se personó como parte interesada en el procedimiento» contra España, según afirmó en Madrid durante un encuentro con medios.
En los últimos meses, el papel de la Administración americana ha sido clave para frenar la condena de una juez de Nueva York a Argentina, por importe de 16.000 millones, en el marco de la expropiación de YPF a Repsol. La cercanía del presidente argentino Javier Milei con el actual inquilino de la Casa Blanca contrasta sin embargo con la gélida relación de Trump con Sánchez, agravada recientemente por la falta de la colaboración de Madrid en el conflicto de Irán.
Por ahora, España ha sufrido siete derrotas en los tribunales americanos, con obligaciones de pago reconocidas de 688 millones de euros. Entre las actuaciones judiciales desplegadas por los demandantes, figuran ordenes dirigidas a rastrear activos, pagos, transferencias y operaciones financieras de España y de sus organismos públicos, empresas estatales y entidades vinculadas en territorio americano, las conocidas como órdenes discovery.
Los requerimientos han alcanzado también a la Reserva Federal y a The Clearing House Payments, encargada de la infraestructura sistema de pago en dólares lo que, siempre según los demandantes, les podría abrir la puerta a toda la información de pagos de España en EE.UU. y en terceros países, facilitando así la búsqueda y localización de activos embargables.
Entre dichos activos se ha puesto ya en el punto de mira el avión oficial Falcon. Según McGill, una decisión del Supremo, prevista para mayo o finales de junio, favorable a sus intereses, abriría la puerta a solicitudes judiciales de embargo o inmovilización cautelar.
Compra de misiles Patriot
En paralelo, ya han iniciado también actuaciones vinculadas a la participación de España en el Mundial de 2026, lo que incluye el envío de requerimientos a proveedores, patrocinadores y entidades relacionadas con la organización del torneo. Así, las órdenes de discovery se han desplegado ya en una docena de EE.UU. americanos, incluyendo jurisdicciones como Nueva York, Atlanta, Houston, Chattanooga o Tennessee, donde la selección tiene previsto disputar partidos o podría recalar en el marco de la competición.
Los acreedores también han identificado una operación de Defensa como posible objeto de su intervención. En concreto, la compra de cuatro sistemas antimisiles Patriot, valorados en más de 1.700 millones de dólares. Según las fuentes, los pagos de Defensa vinculados a esta operación «podrían quedar sujetos a procedimientos de discovery, especialmente si parte de la operativa financiera se desarrolla a través del sistema bancario norteamericano o de entidades sometidas a jurisdicción federal».