Las mentiras sobre Plus Ultra que desmonta el juez Calama

Zapatero no rescató Plus Ultra. Lo hizo el Consejo de Ministros del Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez. Por eso no es solo el expresidente del Gobierno responsable de aquella decisión por muchas gestiones que hubiera hecho con unos y con otros ministros.

El rescate fue tramitado por los servicios técnicos de la Sociedad Estatal de Participantes Industriales (SEPI). El 9 de marzo de 2021, casi un año después del decreto de alarma de la pandemia, Plus Ultra recibió dos préstamos por 53 millones de euros (uno ordinario de 19 millones y otro participativo de 34 millones). Fue la más pequeña de las aerolíneas rescatadas: Air Europa recibió 475 millones; Volotea, 200; y Air Nostrum, 111. El Gobierno decidió rescatarla porque, según la SEPI, era una empresa estratégica al conectar varias rutas a América Latina: Ecuador, Perú o Venezuela. Una risa. Analizaremos este punto.

Pero los 53 millones no se quedaron en la empresa. La Fiscalía Anticorrupción apunta que «la sociedad Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamos con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro», y que esos «contratos dan cobertura, a su vez, a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal» (sic).

La SEPI decidió que Plus Ultra cumplía todas las condiciones para adjudicarle el rescate

Como decía, la SEPI decidió que Plus Ultra cumplía todas las condiciones para adjudicarle el rescate. Dos nombres brillan con luz propia en esa decisión: Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI, y José Ángel Partearroyo, director de Participadas de la SEPI, que intervino en proceso para la adjudicación de las ayudas. Ambos defendieron en el Senado que la compañía cumplía con todos los requisitos según los informes. ¿Qué informes? En la investigación del juez figuran informes de la secretaria de Estado de Transportes, de la dirección general de Aviación Civil y de la secretaría general de Industria. Veremos lo que dicen… y si existen.

Respecto a la etiqueta de estratégica, es verdad que Europa asignaba entonces carácter estratégico a sectores que tenían que ver con la salud, turismo, cultura, comercio minorista y transporte. Pero tampoco es lo mismo sectores estratégicos que empresas estratégicas. Pero aquí no hubo matiz. Plus Ultra sostuvo que formaba parte de «dos sectores estratégicos: turismo y transporte» y siguió para adelante con lo suyo. Por eso el juez instructor se pregunta con asombro cómo es posible que una empresa sea estratégica con solo cuatro aviones (dos A340-300 y dos A340-600), de los que además sólo funcionaba uno. No será fácil que alguien se lo aclare.

El Gobierno, con una pirueta legal asombrosa, cuestionó en su día las conclusiones del peritaje

La segunda sorpresa empresarial en la que se detiene el juez Calama es «el análisis pericial determinó que Plus Ultra ya llevaba un año en causa de disolución, con insolvencia y sin liquidez suficiente para operar». Un motivo determinante para no concederle la ayuda. Pero el Gobierno, con una pirueta legal asombrosa, cuestionó en su día las conclusiones del perito y señaló que la aerolínea «no estaba en causa de disolución ni liquidación a 31 de diciembre de 2019» porque el préstamo participativo que había solicitado debía computarse como parte de su patrimonio neto. Es decir, que no estaba en disolución porque se le iba a adjudicar un rescate. Alucinante.

El Gobierno señala además que había cinco informes –ya saben aquellos informes que luego nadie encuentra– que señalaban que Plus Ultra no estaba en crisis: el auditor de la aerolínea: Price Waterhouse Coopers; la Agencia Estatal de Seguridad Aérea; DC Advisory (que prestaba asesoramiento al Fondo de Ayuda) y Deloitte. Pero Calama, que ha hecho sus tareas, ya señala en su auto que «los informes presentados por los asesores de la SEPI fueron redactados para justificar la concesión del rescate, (…) y que ya Deloitte señalaba dudas sobre la capacidad de la aerolínea para seguir funcionando y advertía de problemas graves de caja. Para evitar que las cuentas reflejaran pérdidas que obligaran a la disolución, la empresa había recurrido a diversas herramientas contables: un supuesto préstamo participativo del grupo panameño Panacorp –que en realidad obligaba a inmovilizar fondos en un banco de Dominica– provisiones ajustadas y un canje de bonistas mediante el embargo de un avión». Como ven buena información que rebate punto por punto los argumentos del Gobierno de Sánchez.

El auto judicial desmonta que Plus Ultra se encontrara al corriente de pago con la Seguridad Social

Se detiene también el auto en la deuda que Plus Ultra tenía con la Seguridad Social: 451.954 euros. Y es relevante esta deuda pues anulaba cualquier posibilidad de rescate. El auto judicial desmonta la especie de que Plus Ultra se encontrara al corriente de pago con la Seguridad Social porque cuando presentó la solicitud de rescate, el 1 de septiembre de 2020, aún no tenía la resolución estimatoria del aplazamiento fechada el 5 de octubre de 2020, como señala Deloitte. Otra pillada.

Pero esta discusión sobre la solvencia o no de la compañía se torna ridícula cuando constatamos que a día de hoy, de los 53 millones del rescate, Plus Ultra solo ha devuelto 12 como intereses de los préstamos logrados; pero tiene pendiente desde marzo la devolución de 19; y también tendrá que devolver 34 millones más en marzo de 2028 del préstamo participativo. Para ser una empresa solvente no paga ni a quien le dio la pasta.

Y he dejado para el final los pagos a Zapatero, y los ingresos de su socio Julio Martínez, el asesor de Plus Ultra. El juez Calama se basa en los informes policiales de la UDEF –asombroso que no se filtrara nada de sus investigaciones– para señalar que Zapatero cobró 490.780 euros a través de Análisis Relevante; y que Julio Martínez habría dado a Whathefav, la singular empresa de las hijas de Zapatero, otros 239.755 euros. La consultora recibió pagos de otras tres empresas a no perder de vista: Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa. Todo se andará.

La investigación de José Luis Calama ha contado desde el primer momento con la colaboración de Estados Unidos a través de la Homeland Security Investigations, la principal agencia federal de investigación encargada de los delitos transfronterizos. Así lo reconoce el juez en su auto cuando dice que esta agencia estadounidense puso a disposición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción los datos extraídos del móvil de Rodolfo Reyes Rojas, un exconsejero de Plus Ultra, vinculado con negocios de Nicolás Maduro, y que en varias conversaciones se refiere a la influencia del «pana Zapatero» con José Luis Ábalos.

El viernes Calama envió una comisión rogatoria a las autoridades de Washington dentro de una pieza separada secreta que indaga en la red en el extranjero de la trama Plus Ultra. Y es que las investigaciones no han hecho más que empezar y tampoco se van a quedar en España.

Y hablando de empresas e investigaciones… nos falta Huawei ¿recuerdan? aquella empresa china, dedicada a las tecnologías de la información y la comunicación, que contrató Pedro Sánchez después de uno de sus viajes a China para Sitel y Hacienda, y que tantos líos nos trajo con Europa y Estados Unidos. Debería tomar nota Sánchez de lo que han hecho Laura y Alba Rodríguez Espinosa: borrar a sus clientes de la web incluido Huawei… aunque hay cosas –queridas Laura y Alba– que no se pueden borrar.