La calle Laurel de Logroño es una de las más afamadas en cuanto a bares y restaurantes
Bruselas pide al Gobierno subir el IVA de bares y restaurantes y reducir beneficios fiscales
Señala que uno de cada cuatro menores se encuentra en riesgo de pobreza o de exclusión social, uno de los datos más altos de la UE
La Comisión Europea considera que España debería aumentar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) reducido que se aplica a bares, restaurantes y hoteles por su «alto impacto presupuestario» y escaso «efecto redistributivo» de la riqueza.
Así lo señala en el paquete de primavera del Semestre Europeo que ha dado a conocer este miércoles y en el que advierte a España que registra una de las mayores brechas de política de IVA de la Unión Europea debido a la amplia utilización de tipos reducidos y exenciones fiscales. Señala que este IVA reducido acapara el 60 % de los beneficios fiscales que ofrece el Gobierno.
El Ejecutivo comunitario sostiene asimismo que los ingresos procedentes de impuestos sobre el consumo y medioambientales continúan situándose por debajo de la media comunitaria, tanto en porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) como del total de la recaudación, mientras que el peso de la tributación sobre el trabajo ha aumentado durante la última década.
Más ayudas a niños y jóvenes
Ese aumento del IVA que recomienda la Comisión Europea podría ayudar, por ejemplo, a destinar más recursos a políticas dirigidas a la infancia y la juventud «para combatir la pobreza infantil y mejorar el acceso de los jóvenes a la educación, la vivienda y el empleo», explica Bruselas.
Y es que la Comisión Europea alerta de que más de uno de cada cuatro menores se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2024, una situación que sitúa al país entre los peores resultados de la UE.
El Ejecutivo comunitario considera que este problema refleja «debilidades más amplias» del sistema de protección social español, entre ellas la distribución del gasto social entre generaciones en un contexto de recursos fiscales limitados y la escasa capacidad de las transferencias sociales para reducir la pobreza infantil.
Por ello, Bruselas reclama al Gobierno que reoriente una mayor parte del gasto público hacia políticas que beneficien a niños y jóvenes, especialmente en ámbitos como la educación, el acceso a la vivienda y el empleo.
La Comisión señala además que determinados colectivos siguen siendo especialmente vulnerables, entre ellos los menores que viven en hogares monoparentales o familias numerosas, así como la población gitana y los niños con origen migrante.
Bruselas advierte también de que persisten diferencias regionales tanto en las tasas de pobreza como en el impacto de las transferencias sociales, lo que apunta a una cobertura y un acceso desiguales a las ayudas y servicios entre territorios, especialmente en las zonas rurales.