Vicente Fernández, la manzana podrida que no dejó de controlar la SEPI de Montero: «No se tomaba una decisión sin consultarle»

«Nací en Málaga en 1973, aunque he pasado la mayor parte de mi vida en Cádiz y Sevilla. Tras finalizar mis estudios secundarios en Cádiz, me licencié en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1996. Posteriormente, en 1999, aprobé las oposiciones para ingresar en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, obteniendo el número uno de mi promoción. Desde entonces he desempeñado funciones y cargos públicos relacionados con el asesoramiento, la gestión y el control del gasto público».

Vicente Fernández Guerrero no tiene muchos seguidores en Linkedin; apenas 828. Claro que tampoco le ha hecho falta para convertirse en el perejil de todas las salsas del corrupto andamiaje del sanchismo. Y aunque su bio en inglés acaba en 2018 («On June 23rd I became Chairman of the state-owned industrial holding company Sociedad Estatal de Participaciones Industriales»), la última actualización del perfil indica que trabajó como letrado de la Junta de Andalucía entre octubre de 2019 y febrero de 2021.

De no haber abandonado esa red social tras sumarse a la presunta organización criminal de Santos Cerdán y Leire Díez, Fernández Guerrero habría tenido que precisar que aquellos dos años, en paralelo a su actividad como funcionario, siguió mandado en la SEPI como si nunca se hubiera ido oficialmente de Madrid.

«Entraba y salía de las salas de reuniones como Pedro por su casa. Bartolomé Lora no tomaba ninguna decisión sin consultarle. Hasta que llegó Belén Gualda. En ese momento tuvo que cortarse porque ella, ni estaba en funciones como su predecesor, ni parecía dispuesta a pasar por el aro», según cuenta a El Debate alguien que ha trabajado en el organismo en los últimos diez años. Y también dice estar en condiciones de confirmar lo que Lora admitió en su día en el Senado: que continuaba despachando de forma regular con el protegido de María Jesús Montero sobre los expedientes de empresas candidatas a ser rescatadas.

Una de las primeras cosas que hizo la hoy exvicepresidenta del Gobierno nada más nombrarla Pedro Sánchez, fue poner a su amigo Vicente al frente de la Sociedad de Participaciones Industriales. En la toma de posesión destacó de él «su honradez» y aseguró que «su suma de competencias permiten afirmar que es la persona adecuada para dirigir la SEPI en un momento en el que tenemos que dar respuesta a los cambios en el modelo productivo».

En su toma de posesión, Montero destacó «su honradez» para dirigir la SEPI

El pasado mes de diciembre, cuando fue detenido, estuvo a punto de decir que no sabía de quién le hablaban: "Yo no tengo ningún contacto con este señor desde hace seis años” (…) «No he tenido ningún contacto ni de WhatsApp, ni de llamadas, ni de reuniones, ni de nada, ni tenemos tampoco un entorno que compartamos». ¡Ay, las manos quemadas de Montero!

Antes del de presidente de la SEPI, en el curriculum vitae de Fernández Guerrero figuran los dos últimos cargos públicos que ejerció en Andalucía: interventor general de la Junta y secretario general de Innovación, Industria y Energía. Por esa segunda responsabilidad fue imputado en el caso Aznalcóllar. Los cuadernos de la fontanera del PSOE que estamos conociendo estos días, contienen un sinfín de referencias a la operación que diseñó la trama para intentar desmontar la investigación judicial que se abrió en febrero de 2019.

El objetivo de la jueza era aclarar el presunto amaño del concurso por el que el Gobierno de Susana Díaz adjudicó la explotación de la mina sevillana al Grupo México. El de Leire Díez, salvar al soldado Fernández como fuera para poder controlar la SEPI. He ahí el disparate de organigrama que diseñó, con Miguel Ángel Figueroa como hombre de paja de Vicente a la cabeza, y ella como jefa de Gabinete. El viernes, pocas horas después de publicarse la componenda, Figueroa –«nuestros ojos en la SEPI» a decir de la fontanera–, dimitía de su cargo de interventor general la Junta de Andalucía. El mismo que ostentó el omnipresente Fernández Guerrero a partir de 2016 cuando le ascendió Montero.

El 5 de diciembre de 2025 se conoció la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que le absolvía, junto a otros 15 funcionarios y cargos de la Junta de Andalucía, por la causa de Aznalcóllar. Pero sólo cinco días después era detenido por la UCO junto a Leire Díez. Poco dura la alegría en casa del pobre, por mucho que aquí el dicho popular parezca un chiste dado el abultado patrimonio inmobiliario acumulado por Fernández Guerrero en los últimos años. Lo detalló Alejandro Entrambasaguas en este periódico hace unos meses.

Las pesquisas de la Guardia Civil retrotraen a la etapa en la que el Vicente más famoso del sanchismo ejerció como director comercial de Servinabar, la empresa de Santos Cerdán y Antxón Alonso. Le ficharon aproximadamente año y medio después de que abandonara –siempre sobre el papel– la SEPI. Le pagaron más de 100.000 euros durante el tiempo que permaneció en nómina, según los datos aportados por la Hacienda Foral de Navarra.

Y otro asunto que se está investigando ahora mismo es su vinculación con Tubos Reunidos, compañía beneficiaria de un rescate público de 112,8 millones de euros aprobado por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Habría sido sospechosamente contratado por la empresa apenas dos meses después de que recibiera la ayuda.

Mas no son cosas que deban ponerse en el perfil de Linkedin. En el de la SEPI tampoco figuran los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos o falsedad documental entre otros, que presuntamente se cometieron durante el mandato de Vicente Fernández Guerrero entre junio de 2018 y octubre de 2019, y mucho después.