La ilusión de la conservación: cómo el Estado dice proteger la naturaleza mientras olvida a quienes la sostienen

Pocas áreas revelan con tanta claridad los mecanismos de ilusión de la política ambiental como la gestión de los montes. Bajo un discurso solemne de protección de la naturaleza, se oculta una operación silenciosa por la que se traslada desproporcionadamente el coste real de esa protección a los propietarios privados de montes. La conservación se presenta como un bien colectivo, pero su financiación se descarga sobre un grupo reducido, sin reconocimiento ni compensación. Es la vieja técnica política: envolver una carga en apariencia de beneficio.

El procedimiento es conocido. El Estado declara espacios protegidos, limita usos tradicionales, prohíbe actividades que durante siglos han sostenido el equilibrio ecológico y, al mismo tiempo, proclama que todo ello es un triunfo del interés general. Pero evita cuidadosamente mencionar que tales decisiones no son gratuitas. El coste recae sobre el propietario del monte que ve como su libertad de gestión mengua mientras sus obligaciones se multiplican.

La contradicción se vuelve aún más evidente cuando se observan las cifras reales. España cuenta con 28,4 millones de hectáreas de superficie forestal, más de la mitad del territorio nacional. De ellas, el 72 % –unos 20 millones de hectáreas– pertenece a propietarios privados. Es decir, la mayor parte de los bosques cuya conservación el Estado proclama como objetivo prioritario no son gestionados por él, sino por particulares que soportan las restricciones, los costes y las responsabilidades. Y, sin embargo, se actúa como si la conservación fuera un mandato abstracto sin coste económico. Una frase se repite resumiendo esta paradoja con precisión: «la conservación sin financiación es conversación».

La historia forestal española demuestra que la conservación nunca fue fruto de la inacción, sino de la gestión continuada de quienes habitaron y trabajaron el territorio y además que allí donde hubo cazaderos, hubo conservación.

El monte de El Pardo, hoy integrado en el Patrimonio Nacional, es uno de los espacios naturales mejor conservados de Europa. Su protección no nació de una política ambiental moderna, sino de la tradición cinegética de la Corona. Desde el siglo XV, y especialmente bajo Carlos III, El Pardo fue gestionado como un cazadero real. Paradójicamente, fue la caza —y no la prohibición de la caza— la que preservó un ecosistema que hoy actúa como pulmón biológico de Madrid y refugio de especies que en otros lugares han desaparecido.

Algo similar ocurrió con el antiguo Coto de Doñana, cuyo nombre proviene de Doña Ana Gómez de Silva, hija de la célebre princesa de Éboli, propietaria del territorio en el siglo XVI. Durante siglos, Doñana fue un cazadero de referencia. En 1624, Felipe IV participó allí en célebres monterías que quedaron registradas por cronistas de la época. Esa riqueza faunística no fue fruto de la espontaneidad natural, sino de una adecuada gestión activa. Cuando en el siglo XX Doñana se convirtió en icono de la conservación, lo hizo sobre la base de un territorio que había sido preservado precisamente porque era un cazadero.

Otros ejemplos refuerzan esta evidencia: los Montes de Valsaín, gestionados desde el siglo XVI por la Corona; el Bosque de Riofrío, preservado por su uso cinegético; las Batuecas, donde los Carmelitas Descalzos protegieron el valle mediante un régimen de clausura y ordenación espiritual que evitó roturaciones y talas; la Encomienda de Mudela, que mantuvo encinares y fauna durante siglos; o los Montes de Toledo conservados por órdenes militares, señoríos y fincas privadas que, mediante la caza y los aprovechamientos tradicionales, mantuvieron encomiablemente un equilibrio ecológico.

A la ilusión ecológica se suma la ilusión presupuestaria. El Estado proclama su compromiso con la conservación, pero el gasto real está muy lejos de lo necesario. El Plan Forestal Español 2022–2032 prevé 262 millones de euros anuales, cuando las estimaciones técnicas de selvicultores y economistas forestales sitúan el coste mínimo de una gestión adecuada en 1.000 millones de euros al año. Es decir, el Estado invierte en diez años lo que los expertos consideran necesario en uno solo. La distancia entre el discurso y la realidad es abismal. Así el monte privado se hace inexcusable, sosteniendo una conservación que el Estado, por sí solo, difícilmente podría financiar.

Compensación competitiva justa

Frente a la incoherencia, diversos investigadores en economía forestal han propuesto avanzar hacia un sistema de compensación competitiva justa, que permita pagar a los propietarios por los servicios ecosistémicos que generan y que hoy no tienen precio de mercado. Este enfoque se apoya en las Cuentas Agroforestales (CAF), un método contable que cuantifica tanto los productos privados (madera, corcho, caza, pastos) como los bienes públicos (captura de CO₂, biodiversidad, paisaje, regulación hídrica). El procedimiento es transparente: se estima cuánto debería ganar un propietario gestionando su monte de forma sostenible. Se calcula cuánto gana realmente bajo las restricciones actuales. La diferencia constituye la compensación justa. No se trata de subvenciones, sino de reconocer que los propietarios producen bienes públicos que benefician a toda la sociedad.

Desde una perspectiva jurídico pública, resulta evidente que los montes privados desempeñan una función ambiental de interés general al constituir el principal sumidero de carbono del país, integrándose en el sector LULUCF -acrónimo de Land Use, Land Use Change and Forestry, es decir, Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura- que constituye el único sumidero neto reconocido por el Derecho de la Unión, pues es el único ámbito en el que las absorciones de CO₂ superan a las emisiones. De su mantenimiento depende jurídicamente el cumplimiento de los objetivos climáticos europeos, lo que convierte la gestión forestal privada en un elemento estructural del sistema, aunque el Estado la presente como un recurso natural espontáneo y no como el resultado de una actividad humana sostenida. El caso es que se reproduce un mecanismo de ocultación fiscal: el Estado obtiene ingresos significativos sin que exista una correlativa visibilidad sobre quién soporta realmente la carga y quién presta el servicio que la hace posible.

En efecto, mientras los propietarios forestales –titulares de los montes que absorben la práctica totalidad del CO₂ contabilizado por España– no reciben compensación alguna, la Administración ingresa cada año miles de millones de euros por la subasta de derechos de emisión en el marco del EU ETS (mercado europeo del carbono). Estos ingresos se presentan como un instrumento técnico de política climática, pero su lógica económica es inequívoca: constituyen una renta pública derivada de la escasez regulatoria, una forma de imposición indirecta que el Estado percibe sin asumir los costes de la función ambiental que la hace viable.

La asimetría es jurídicamente relevante: el Estado se apropia de los beneficios económicos generados por un régimen de limitación de emisiones cuyo equilibrio depende materialmente de la capacidad de absorción de los montes privados, mientras que los titulares de esos montes soportan los costes de conservación, gestión y prevención de incendios sin recibir contraprestación. En definitiva «finanzas encubiertas», donde la carga se desplaza silenciosamente hacia sujetos no remunerados, vulnerando los principios de equidad, proporcionalidad y reparto justo de cargas que informan el ordenamiento jurídico español y europeo.

Sin la gestión, el esfuerzo y la inversión de los propietarios privados, el Estado tendría que asumir un coste que hoy es materialmente inasumible. Sin embargo, mientras estos titulares sostienen la mayor parte del sumidero de carbono del país, la Administración obtiene cada año ingresos millonarios por la subasta de derechos de emisión, una renta pública basada precisamente en la escasez regulatoria que solo puede funcionar porque existe una capacidad real de absorción mantenida en gran medida por esos mismos propietarios. Pretender que la conservación puede imponerse sin reconocer ni compensar a quienes la hacen posible es una forma de ilusión fiscal: un discurso brillante sostenido sobre una práctica injusta. La única vía racional es reconocer el valor económico de los servicios ecosistémicos y retribuir justamente a quienes los producen. La conservación no es gratuita. La ilusión sí. Y es hora de elegir entre ambas.