«Echamos a una okupa para alojar a una familia y al día siguiente volvió y colocó una alarma anti okupas»

El diagnóstico es claro: faltan pisos. Y parte de la solución, también: hay que mejorar y reducir la regulación e impulsar la colaboración público privada para reactivar la oferta inmobiliaria. Coinciden en ello administraciones públicas y compañías del sector inmobiliario que, como el conjunto de la ciudadanía, tienen claro que es una de las grandes prioridades a abordar o, de lo contrario, resaltan también, España puede verse abocada a un estallido social.

«Es el principal problema que tiene y va a tener en el futuro la sociedad española», considera Roberto Media, consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cantabria. «Está acentuando la situación de vulnerabilidad de la ciudadanía», apunta Blanca Hernández, presidenta y fundadora de la socimi de enfoque social tuTECHÔ. «Es el gran problema ahora mismo en este país», para el director de desarrollo de Merlin Properties, David Martínez.

En el marco de los Cursos de Verano CEU María Cristina, los tres abordaron lo que el Banco de España ha catalogado de «emergencia nacional», cada uno desde su óptica, pero con la prioridad de incrementar, como sea, la cantidad de pisos disponibles.

«Hay que construir vivienda. En los últimos años no se había hecho absolutamente nada. Nosotros hemos puesto en marcha numerosos cambios legislativos y vamos a conseguir triplicar la cantidad de vivienda pública, pero en los 12 años anteriores a llegar al Gobierno no se había construido ni una vivienda pública en Cantabria», explica Media.

El consejero señaló también el impacto de la Ley de Vivienda en su territorio sobre la oferta de alquileres. «Sacó del mercado el 37,2 % de las viviendas que estaban en alquiler de la noche a la mañana. No solo no sirvió para lo que prometía, poner más viviendas en el mercado, sino que hizo completamente lo contrario».

La Ley de Vivienda sacó del mercado el 37,2 % de los alquileres en Cantabria, de la noche a la mañanaRoberto MediaConsejero de Vivienda de Cantabria

La apuesta de administraciones públicas como la cántabra por incrementar la oferta de vivienda se ve en muchos casos truncada por problemas como la ocupación, que afecta, según Media, al 19 % de sus casas. «Con la ley actual hay verdaderos profesionales de la okupación». Y relata: «En una vivienda que teníamos ya asignada para dársela a una familia, con una inquilina que llevaba más de dos años sin pagar, conseguimos un lanzamiento judicial para echarla. Cerramos, cambiamos la cerradura y cuando el trabajador de la empresa pública fue al día siguiente a ver cómo estaba el piso y si había que hacer alguna reforma nos encontramos con que la señora había regresado, había vuelto a cambiar el bombín y ese mismo día colocó una alarma anti okupación».

«La oferta y la demanda es como la ley de la gravedad, una de las pocas leyes que realmente se cumple», señala gráficamente por su parte David Martínez. El directivo de Merlin, ex consejero delegado de AEDAS, apunta entre otros motivos al incremento poblacional impulsado por la inmigración. «En el año 25 el saldo neto de inmigración fue de 500.000 personas. Se están creando de media 250.000 hogares. Pero toda la industria nacional solo es capaz de hacer 100.000 casas al año, con lo cual cada año vamos acumulando un déficit de 150.000». Manifiesta además ser «pesimista», y advierte: «Esto va a ir a peor».

Tiempos «geológicos»

Para Martínez parte de la culpa deriva también de las consecuencias de la burbuja inmobiliaria, «que destruyó completamente toda la industria de la promoción inmobiliaria». Ahora el sector «ha renacido de sus cenizas», pero se encuentra con que «hace falta suelo, que es el componente más importante, y eso depende de la Administración pública (...) hace falta capital y hace falta capacidad de construcción. Pero los tiempos son geológicos y el marco regulatorio es horroroso». Y recordó un dato: «La Operación Chamartín –cuyas obras empezaron en mayo, ahora como operación Madrid Nuevo Norte– se lleva gestionando desde 1993».

Muchas organizaciones autodenominadas medioambientalistas paralizan durante años la construcciónDavid MartínezMerlin Properties

Uno de los problemas, añade, es la inseguridad regulatoria que afronta el sector, donde «tenemos una normativa extraordinariamente farragosa, donde cualquier nueva urbanización requiere de no menos de 50 informes sectoriales». Y, además, «al caber la acción pública, cualquiera, incluso sin legitimación, puede presentar un recurso administrativo, y muchas organizaciones, autodenominadas medioambientalistas, presentan un recurso contra un proyecto y automáticamente lo judicializan. Y la justicia es extraordinariamente lenta: hablamos de años de retrasos».

La consecuencia es que «está creciendo la vulnerabilidad en toda la comunidad, también entre los jóvenes, ha crecido la situación de madres con niños en la calle porque nadie les quiere alquilar y los precios no han parado de subir», resalta por su parte Blanca Hernández, de TuTECHÔ. Para Hernández regulaciones como la Ley de Vivienda «lo que han hecho es «dificultar» la protección de los vulnerables.

Los vulnerables ahora son más vulnerables. En España hay niños viviendo en la calle y familias enteras en una habitaciónBlanca HernándezTuTECHÔ

Hernández pone además como ejemplo como la transformación de la Sareb en Casa47, que ha cerrado a su compañía una vía de acceso a la compra de viviendas asequibles. Unas casas que posteriormente TuTECHÔ adecenta y alquila a un precio inferior al del mercado. «Ya no nos puede vender, ni a nosotros ni a otras iniciativas», lamenta Hernández.

«Los más vulnerables ahora son más vulnerables, y se están sumando a la cola personas que antes no estaban en situación de vulnerabilidad. Es una realidad que en España hay niños viviendo en la calle, en un garaje, familias enteras alquilando por habitaciones, sin derecho a cocina, ni lavadora», expone.