Fachadas residenciales coloridas de Lisboa con balcones
Portugal toma el camino contrario a España: fin al límite de precios y más agilidad para echar a okupas
Liberalizará el mercado del arrendamiento y reforzará, al mismo tiempo, la protección social de las personas que puedan verse afectadas por una pérdida de su hogar.
Portugal ha dado un giro de 180 grados en su política de vivienda, con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda en alquiler y devolver la confianza a los propietarios. Para ello liberalizará el mercado del arrendamiento y reforzará, al mismo tiempo, la protección social de las personas que puedan verse afectadas por una pérdida de su hogar.
Entre las principales novedades figura la eliminación de las limitaciones para actualizar las rentas entre contratos la flexibilización de las condiciones sobre fianzas y pagos anticipados, la simplificación de las comunicaciones entre arrendadores e inquilinos y la aceleración de los procedimientos de desahucio y de resolución de litigios.
La propuesta también permitirá a los propietarios oponerse a la primera renovación automática de un contrato y reducirá de tres a dos meses el período de impago necesario para iniciar un procedimiento de desahucio, además de facilitar la rescisión del contrato en casos de retrasos reiterados en el pago del alquiler.
El Ejecutivo asegura, no obstante, que la reforma mantiene mecanismos específicos de protección para personas mayores, ciudadanos con discapacidad y hogares económicamente vulnerables. Es por eso que aprobaron la creación del Fondo de Emergencia para la Vivienda, destinado a financiar el realojamiento de personas y familias que pierdan su vivienda por causas como desahucios motivados por dificultades económicas o situaciones de violencia doméstica.
El fondo concederá ayudas directas no reembolsables para facilitar un alojamiento temporal o permanente y pretende garantizar una respuesta inmediata en situaciones de emergencia habitacional.
Según el Gobierno, con este mecanismo será el Estado, y no los propietarios, quien asuma el coste social de estas situaciones extraordinarias, con el objetivo de proteger a los colectivos más vulnerables sin comprometer el funcionamiento del mercado del alquiler.
La reforma llega en un momento en que Portugal atraviesa una de las mayores crisis de acceso a la vivienda de Europa. Según el Gobierno, alrededor de 250.000 viviendas permanecen vacías porque muchos propietarios prefieren no alquilarlas ante la inseguridad jurídica, mientras el país cuenta con cerca de un millón de viviendas arrendadas, muchas de ellas sujetas a contratos antiguos con rentas reducidas.
Al mismo tiempo, el encarecimiento de la vivienda se ha acelerado en los últimos años. Los alquileres de los nuevos contratos casi se han duplicado desde 2017, mientras que el precio de la vivienda aumentó un 17,8 % interanual en el primer trimestre de 2026, el mayor incremento registrado entre los países de la Unión Europea.