Los delitos fiscales cada vez son más difíciles de perseguir, y el fraude no disminuye, según los Técnicos de Hacienda

Perseguir los delitos fiscales cada vez es más difícil en España. Así se explica la disminución de denuncias de este tipo desde hace quince años, y su desplome en un 87 % hasta el año 2024, como lamenta el secretario general de Gestha, el Sindicato de los Técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, que además sugiere que el fraude no disminuye precisamente en nuestro país.

La caída del número de denuncias de delitos fiscales coincide en el tiempo con la progresiva retirada de atribuciones a los técnicos de Hacienda, que representan el 75 % de la Inspección. Solo el 25 % de la Inspección es inspector. «Como puede imaginarse, una persona no puede hacer el trabajo de tantas», explica Mollinedo.

«En el caso de los técnicos, cuando estamos investigando que un contribuyente puede haber defraudado más de 120.000 euros –el umbral para el que exista un delito fiscal–, tenemos que pasarlo a un coordinador, que es el que va a determinar qué inspector va a seguir», aclara. Además, «los técnicos ya no queremos hacer un trabajo de descubrir deudas por esa cuantía tan elevada y que luego no nos luzca el expediente como terminado por nosotros. Cuando vemos que tiene esa envergadura, no lo cogemos», añade.

Esta circunstancia y otras, como que la plantilla de la Agencia Tributaria española es un 40 % inferior a la media de la UE, contribuyen a esta aparente disminución de la eficacia contra el fraude fiscal. «Los inspectores se han visto mermados», afirma Mollinedo. «Hace ya una década larga, se decidió que hicieran actuaciones parciales, no en profundidad. Se perseguía bajar la deuda pendiente de pago. Estaba en 56.000 millones de euros y ahora está en 46.000 millones. Se perseguía bajar la deuda porque, si a una empresa la deuda se le hace pequeña, es más fácil que la pague que si es grande, y además, en ese caso, a lo mejor lleva a una imposibilidad de pago. Por un lado, tiene su sentido, pero por otro, es contraproducente. Quitas el efecto desincentivador a quien defrauda. Le descubres un poquito, liquida una deuda pequeña, y tiene la sensación de que le sale a cuenta. Le descubres un poquito, pero ha podido defraudar bastante más. Y, además, cada cuatro años va prescribiendo», añade.

Este sistema tiene la ventaja para la inspección de que las actuaciones son más breves y llegan a un mayor número de personas y sociedades, pero el riesgo es que siga aumentando la economía sumergida, como lo está haciendo. «Los resultados totales de la lucha contra el fraude en 2006 fueron de 6.400 millones de euros. El 2010 subieron a 10.042 millones; en 2015, a 15.663; en 2025, a 22.743 millones...», señala Mollinedo. Los ingresos han ido aumentando por la inflación y porque hay un mayor volumen de empresas que facturan más de veinte millones de euros. «Si antes lo normal era liquidar 30.000 euros a una empresa, ahora lo normal son 300.000 euros», admite Mollinedo.

Pero «los resultados de la lucha contra el fraude pueden suponer apenas un 5 % del volumen de la economía sumergida. Estamos tocando una cifra muy pequeña del fraude fiscal», sostiene Mollinedo.

Según los datos de informes que él maneja, la economía sumergida representa entre el 17 % y el 20 % del PIB; otras fuentes suben al 20-24 %, unos 300.000 millones de euros anuales, de modo que todavía queda una buena cantidad de dinero fuera del control de Hacienda y de sus impuestos. «Si hay un mayor número de funcionarios con competencias para investigar el fraude, seguramente muchas más personas notarán que se les puede investigar con mayor frecuencia que hasta la fecha, y eso determinaría que estas personas lograrían declarar mejor. Cuando a una persona se le ha pasado una inspección, al año siguiente declara mejor, porque ya se le ha dado un toque de atención», concluye Mollinedo. Lo lógico sería que la vigilancia fuera igual de intensa para todos, no implacable para el ciudadano de a pie y laxa para el que tiene contactos políticos.