El inaceptable Sistema de Financiación arbitrario

Es cierto que la reforma del sistema de financiación autonómica es una necesidad inaplazable. El modelo vigente acumula años de retraso, ha quedado desfasado respecto a la evolución demográfica y económica de España y requiere una revisión profunda que garantice suficiencia financiera, corresponsabilidad fiscal, solidaridad e incentivos adecuados para una gestión eficiente de los recursos públicos. Precisamente por esa importancia, la reforma debería responder a criterios económicos e institucionales sólidos. Sin embargo, la propuesta remitida por el Gobierno a las Comunidades Autónomas, básicamente la misma de hace meses, parece responder a una lógica muy distinta: resolver una necesidad política inmediata.

El Ejecutivo presenta el documento como una reforma beneficiosa para todas las comunidades. La fórmula elegida resulta aparentemente atractiva: aumentar el porcentaje de cesión de los grandes impuestos y complementar ese incremento con una mayor aportación de la Administración General del Estado. Es una manera de intentar neutralizar resistencias. Si todas las comunidades reciben inicialmente más recursos, resulta más difícil oponerse al conjunto de la reforma, aunque lo racional es hacerlo, porque conviene no confundir el envoltorio con el contenido. La cuestión relevante no es quién recibe más dinero el primer día, sino cuál es el diseño institucional que se está construyendo y hacia dónde conduce.

La propuesta puede interpretarse como un modelo concebido para acomodar las demandas formuladas desde Cataluña, procurando que el resto de comunidades acepten ese cambio mediante un incremento transitorio de recursos financiado por el conjunto de los españoles. No se modifica únicamente la distribución de ingresos; se altera la lógica del sistema para hacer compatible, al menos durante una fase inicial, un trato de favor a Cataluña con una aparente ausencia de perjudicados.

Ningún sistema puede repartir indefinidamente más recursos de los que es capaz de generar

Ningún sistema puede repartir indefinidamente más recursos de los que es capaz de generar. Cuando el Gobierno anuncia mayores porcentajes de cesión tributaria y, simultáneamente, incrementa la aportación estatal, no está creando riqueza adicional. Simplemente está redistribuyendo de otra manera los mismos recursos o comprometiendo ingresos futuros mediante un mayor endeudamiento o una mayor carga fiscal.

El Estado carece de dinero propio. Todo euro que incorpora al sistema procede de los contribuyentes actuales o de deuda que terminarán soportando los contribuyentes futuros. Conviene recordarlo porque con demasiada frecuencia el debate público presenta la aportación de la Administración General del Estado como si surgiera de una fuente distinta de los impuestos que pagan ciudadanos y empresas. Ahora bien, más preocupante aún es lo que la propuesta omite.

Una reforma seria de la financiación autonómica debería comenzar por introducir mecanismos que incentiven la eficiencia del gasto. La suficiencia financiera constituye una condición necesaria, pero nunca suficiente. Resulta imprescindible que las comunidades tengan incentivos para gestionar mejor, eliminar duplicidades administrativas, evaluar políticas públicas, racionalizar estructuras y mejorar la productividad del gasto. Nada de eso aparece en el planteamiento del Gobierno.

La evidencia lleva décadas demostrando que la ausencia de disciplina presupuestaria termina deteriorando la calidad institucional

Se vuelve a caer en el error clásico de considerar que cualquier insuficiencia presupuestaria se resuelve aportando más recursos. Es una visión profundamente equivocada de la Hacienda Pública. Sin incentivos adecuados, incrementar la financiación únicamente incrementa el gasto. La evidencia económica lleva décadas demostrando que la ausencia de disciplina presupuestaria termina deteriorando la calidad institucional.

Además, la propuesta nace ignorando uno de los principales desafíos presupuestarios de la próxima década: el fuerte incremento de la demanda sobre los servicios públicos. España afronta un envejecimiento acelerado de la población, un incremento sostenido del gasto sanitario y una presión creciente sobre la educación y los servicios sociales. A ello se añaden las consecuencias presupuestarias que pueden derivarse de la irresponsable políticas inmigratorias impulsada por el propio Ejecutivo al regularizar más de un millón de inmigrantes en situación irregular, que aumentará la utilización de numerosos servicios públicos. Elaborar un nuevo modelo de financiación sin incorporar escenarios realistas sobre esa evolución supone construir un sistema cuya suficiencia puede quedar rápidamente desbordada.

Aunque se presente como un modelo general, la arquitectura diseñada facilita una evolución gradual hacia un esquema cada vez más diferenciado

Ahora bien, lo peor del documento es su arbitrariedad para beneficiar a los independentistas catalanes. Aunque formalmente se presente como un modelo general, la arquitectura diseñada facilita una evolución gradual hacia un esquema cada vez más diferenciado. La propuesta parece constituir un paso intermedio que suaviza políticamente ese recorrido mediante un incremento temporal de recursos para el resto de comunidades.

Si finalmente ese proceso desembocara en un sistema propio para Cataluña, las consecuencias económicas serían considerables. Madrid asumiría previsiblemente una presión redistributiva aún mayor. Como principal aportante neto al sistema, terminaría soportando una carga creciente para compensar la menor contribución del territorio que abandonara el mecanismo común. Se castigaría, además, a la comunidad que mejor ha demostrado que crecimiento económico, moderación fiscal y elevada recaudación no son objetivos incompatibles.

Los contribuyentes españoles también soportarían un coste adicional. La mayor aportación estatal exigida para mantener el equilibrio del sistema sólo puede financiarse mediante más impuestos, más deuda o una combinación de ambos. No existen alternativas contables capaces de alterar esa realidad económica.

Si Cataluña evolucionara hacia un modelo propio sin una aportación al sistema común, ese vacío difícilmente podría compensarse de manera permanente

Y tampoco las restantes comunidades saldrían ganando a medio plazo. Es posible que inicialmente perciban un incremento de recursos gracias al mayor esfuerzo financiero del Estado y de los territorios con mayor capacidad fiscal. Sin embargo, si Cataluña evolucionara hacia un modelo propio sin una aportación al sistema común, ese vacío difícilmente podría compensarse de manera permanente. Ni Madrid ni la Administración General del Estado disponen de capacidad ilimitada para sustituir una de las principales fuentes de financiación del sistema.

El resultado sería un modelo más costoso para el conjunto de los contribuyentes, más exigente para los territorios con mayor capacidad económica y menos solidario para las comunidades receptoras de fondos de nivelación.

La financiación autonómica constituye una de las instituciones económicas más importantes del Estado. Precisamente por ello debería permanecer al margen de las necesidades coyunturales de cualquier mayoría parlamentaria. Diseñar un sistema para resolver una negociación política concreta supone hipotecar su estabilidad futura.

España necesita una reforma de la financiación autonómica, pero necesita la correcta. Una que refuerce la corresponsabilidad fiscal –en el sentido de no penalizar las bajadas de impuestos–, premie la eficiencia, garantice la solidaridad con reglas transparentes y preserve la igualdad básica entre todos los españoles en cuanto al acceso a los servicios fundamentales. No una reforma que aumente el gasto sin corregir sus incentivos, que traslade más carga a los contribuyentes y que sirva como antesala de un modelo de excepcionalidad territorial cuyas consecuencias terminarían pagando todos.