La Fiscalía contra el Gobierno vasco: todas las veces que se han frenado terceros grados a etarras

La concesión del tercer grado penitenciario al sangriento exdirigente de ETA Henri Parot ha vuelto a poner frente a frente al Gobierno vasco y a la Fiscalía de la Audiencia Nacional por la política penitenciaria aplicada a los presos de ETA. El Departamento de Justicia y Derechos Humanos que dirige la socialista María Jesús San José acordó, en un principio, que el histórico dirigente de la banda pasara a tercer grado, después de más de un año disfrutando del régimen flexible del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Sin embargo, días después, el Ministerio Público recurrió la decisión al considerar que la progresión es «prematura» y pidió que se mantenga la situación anterior mientras se resuelve el recurso.

El caso de Parot no es, sin embargo, un episodio aislado. En los últimos dos años, la Fiscalía ha recurrido varias de las progresiones a tercer grado acordadas por el Gobierno vasco, en algunos casos con el resultado de que los tribunales han terminado revocando la semilibertad y ordenando el regreso de los presos a segundo grado. Los argumentos se repiten en buena parte de estos procedimientos, y es que el Ministerio Público considera que la evolución penitenciaria todavía no está suficientemente consolidada, que el tiempo transcurrido en regímenes flexibles es demasiado corto o que la concesión no está suficientemente justificada atendiendo a las circunstancias concretas de cada condenado.

Uno de los primeros casos que evidenció este choque fue el de Xabier Zabalo. En febrero de 2025, el Gobierno vasco le concedió el tercer grado, pero la Fiscalía recurrió la decisión al considerar que llegaba demasiado pronto. El preso apenas había disfrutado de permisos ordinarios de corta duración y todavía tenía pendiente el primero de seis días, por lo que el fiscal entendía que debía profundizar en su proceso de asunción delictiva. La presentación del recurso dejó en suspenso el tercer grado y Zabalo regresó a prisión. Posteriormente, el juez de Vigilancia Penitenciaria revocó aquella progresión.

Ese mismo año se produjo un caso similar con Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, condenado a más de 1.100 años por numerosos delitos, entre ellos el asesinato del niño Fabio Moreno. El Gobierno vasco le concedió el tercer grado en octubre de 2025 y la Fiscalía volvió a recurrir. El Ministerio Público reconocía que su evolución penitenciaria era favorable y que había cumplido las tres cuartas partes del máximo efectivo de 30 años, pero consideraba insuficiente la experiencia acumulada en libertad y reclamaba que se revisara la decisión. El juez terminó revocando el tercer grado.

La particularidad de Gadafi es que el enfrentamiento no terminó ahí y , en abril de este año, el Gobierno vasco volvió a concederle el tercer grado, esta vez junto al también miembro de ETA Eneko Gogeaskoetxea. Ambos habían recuperado el segundo grado después de que la Justicia corrigiera las decisiones anteriores. El Ejecutivo vasco justificó las nuevas progresiones en los informes penitenciarios favorables, la evolución de los presos, su apoyo familiar y otros elementos de reinserción.

En 2026 la lista ha continuado. En febrero, la Fiscalía recurrió el tercer grado concedido a Asier Arzalluz Goñi, alias Santi, condenado por el asesinato del periodista José Luis López de Lacalle y por el intento de asesinato de Esther Cabezudo. El argumento fue parecido al empleado con Zabalo, afirmando que Goñi llevaba apenas tres o cuatro meses bajo el régimen flexible del artículo 100.2 y, a juicio del Ministerio Público, ese periodo no permitía todavía comprobar que su evolución fuera estable y consolidada. El recurso dejó nuevamente en suspenso el tercer grado mientras se revisa judicialmente.

También Juan Antonio Olarra Guridi, antiguo responsable del aparato militar de ETA, se encontró este año con la oposición de la Fiscalía. El Gobierno vasco le concedió el tercer grado en mayo, después de que ya disfrutara de un régimen flexible mediante el artículo 100.2. El Ministerio Público anunció el recurso y, dos meses después, el juez revocó la progresión. En este caso, la resolución judicial valoró positivamente algunos elementos de su evolución, pero consideró insuficiente el tiempo de experiencia en libertad y tuvo en cuenta que todavía debía cumplir condena hasta 2036.

Otro caso fue el de María Soledad Iparraguirre, alias Anboto, otra exdirigente de la banda terrorista a la que la Fiscalía también se opuso a la aplicación del artículo 100.2, un régimen que permite al preso realizar determinadas actividades fuera de prisión pese a mantenerse formalmente en segundo grado. En abril, el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro rechazó la medida concedida por el Gobierno vasco al considerar que no estaba suficientemente justificada y ordenó su regreso a prisión. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico volvió a aplicar este régimen a Anboto en septiembre.

Ahora, el caso de Parot presenta un elemento añadido. El antiguo dirigente de ETA llevaba desde julio de 2025 disfrutando del artículo 100.2 sin incidencias, con salidas durante el día para realizar actividades de voluntariado. La Fiscalía reconoce expresamente su evolución favorable, el correcto funcionamiento de ese régimen, la ausencia de incidentes y la existencia de apoyo familiar y social. Lo que cuestiona es que esos avances sean suficientes, por el momento, para dar el salto al tercer grado. Como tantas otras veces antes.