El Gobierno maniobra para extender la inseguridad jurídica en el alquiler hasta la próxima legislatura

El macrodecreto de vivienda que, previsiblemente, se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes, 28 de julio, incluirá una nueva prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler de hasta dos años, que beneficiaría a cerca de cuatro millones de personas, y un millón y medio de hogares.

A falta de conocer la redacción definitiva del texto, el borrador contempla que esta medida beneficie a los contratos que venzan entre el pasado 21 de marzo de 2026 y el 30 de junio de 2028, fecha en la que ya nos encontraríamos en una nueva legislatura.

Los expertos del sector y de derecho inmobiliario siguen mostrándose contrarios y alertan de que la inseguridad jurídica va a seguir al alza. La principal razón es que el Ejecutivo quiere que tenga efecto retroactivo, y permitir la prorroga de contratos que finalizaron hace cuatro meses.

«Esto no sería legal», asegura, en declaraciones a El Debate, Arantxa Goenaga Llorca, abogada especializada en derecho inmobiliario y socia de AF Legis. Además, «pueden existir nuevos inquilinos ¿Qué van a hacer en este caso? ¿Declarar nulo algo que ya se ha hecho?», se pregunta Goenaga.

«Se sigue en la misma línea con medidas que desincentivan la oferta y aumentan el precio», considera, por su parte, Matilde Cuena, Catedrática de Derecho Civil y miembro de la Fundación Hay Derecho. Y es que, «se vuelve a cargar contra los propietarios el coste de una política pública incapaz de aumentar la oferta de vivienda», añade.

Cuanta más inseguridad jurídica, menos viviendas en alquiler va a haber, impulsando al alza unos precios que ya de por si están muy tensionados. «Se adoptan políticas por impulso, sin una evaluación de impacto adecuada. Esta estrategia está dando pésimos resultados y es propia de un gobierno sin ideas», sentencia Cuena.

Caos histórico en el alquiler

El Congreso ya tumbó en abril un decreto ley que tenía este mismo objetivo, lo que llevó a un caos histórico con miles de demandas, ya que, en palabras de los juristas «no tenía una técnica jurídica correcta», y ha dado lugar a muchas interpretaciones, aumentando más la «guerra» entre inquilinos y propietarios.

Los expertos consideraban que la solicitud solo era válida para los contratos que acababan durante su vigencia. Por el contrario, otros decían que, si se había solicitado, aunque fuese antes de tiempo, era plenamente válida y se tenía que conceder la prórroga.

Ahora, los despachos de abogados se están encontrando con una oleada de litigios, que va a ir en aumento. Los inquilinos quieren conservar su contrato de alquiler y los propietarios, ya sea porque lo quieren para sus hijos o lo iban a vender, quieren finalizarlo. En muchas ocasiones se encuentra una salida, evitando alargar el procedimiento mucho tiempo, pero en otras la única vía es la Justicia.

Con esta nueva prórroga se va a generar más conflictividad y crispación entre propietarios y arrendatarios. Y es que, tal y como explicó Matilde Cuena a este periódico, «el nuevo decreto no resolvería automáticamente los conflictos ya existentes entre propietarios e inquilinos derivados de la caída del anterior decreto».