Cuatro años sin Presupuestos: el coste para España de un Gobierno sin mayoría

Este jueves, se rechazó en el Congreso la senda de estabilidad presupuestaria. Constituye mucho más que una derrota parlamentaria. Es la constatación de un problema político que lleva años agravándose: España tiene un Gobierno que no consigue aprobar la principal ley económica del año.

Todo apunta a que tampoco saldrán adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2027. Eso supondría que España habría encadenado cuatro años consecutivos funcionando con las cuentas públicas aprobadas para 2023.

Conviene detenerse un momento en la magnitud de esta anomalía. Los Presupuestos de 2023 fueron diseñados para una economía completamente distinta de la actual. Entonces la guerra de Ucrania dominaba la agenda europea, la inteligencia artificial apenas comenzaba a irrumpir en la economía. Y nadie hablaba del enorme esfuerzo presupuestario que Europa exige ahora en materia de defensa.

Gobernar en 2027 con unos Presupuestos concebidos para 2023 equivale a dirigir una empresa con un plan estratégico elaborado para un mercado que ya no existe

Gobernar en 2027 con unos Presupuestos concebidos para 2023 equivale a dirigir una empresa con un plan estratégico elaborado para un mercado que ya no existe. España, Europa y el mundo han cambiado. Sin embargo, el instrumento básico con el que el Estado decide cómo asignar sus recursos permanece congelado en el tiempo.

Se seguirán pagando las pensiones, los salarios de los funcionarios y las prestaciones sociales. En definitiva, aquellas partidas de gasto que, además de ser obligaciones del Estado, tienen un enorme peso electoral.

Pero de esa realidad no debe extraerse la conclusión de que la ausencia de nuevas cuentas públicas sea inocua. Todo lo contrario.

El gran perjudicado es el futuro

Mientras el gasto comprometido continúa ejecutándose casi automáticamente, resulta mucho más difícil impulsar nuevas políticas públicas. Es más complicado aumentar la inversión en carreteras, ferrocarriles, digitalización, investigación, innovación, vivienda o infraestructuras energéticas. Precisamente aquellas partidas que elevan la productividad y aumentan el crecimiento potencial de la economía española.

La inversión pública suele convertirse en la variable que más sufre cuando faltan unos nuevos Presupuestos. Es sencillo mantener el gasto corriente ya comprometido. Mucho más difícil resulta abrir nuevas líneas de inversión o adaptar los objetivos nacionales a una realidad que cambia con enorme rapidez.

La economía ha cambiado profundamente desde 2023

Los tipos de interés ya no son los mismos. Europa ha recuperado las reglas fiscales. La política industrial comunitaria gira ahora alrededor de la autonomía estratégica, los semiconductores y la inteligencia artificial. El debate sobre la vivienda ocupa el centro de la política económica española. El gasto en defensa ha adquirido una prioridad desconocida desde hace décadas. Incluso la competencia internacional entre China y Estados Unidos plantea desafíos industriales que apenas figuraban en el horizonte presupuestario hace cuatro años.

Mantener tanto tiempo unas cuentas diseñadas para otra coyuntura significaría renunciar a adaptar la acción pública a las nuevas necesidades.

La incertidumbre tiene un coste

Empresas e inversores necesitan conocer cuál será la política fiscal, qué incentivos existirán, qué inversiones públicas se ejecutarán o qué reformas tributarias prepara el Gobierno. La falta de Presupuestos retrasa decisiones empresariales y aumenta la cautela de quienes deben invertir.

Desde el punto de vista económico, el problema es serio. Desde el punto de vista político, lo es todavía más.

Los Presupuestos representan la ley más importante que aprueba cualquier Gobierno. Son la prueba definitiva de que dispone de una mayoría parlamentaria capaz de sostener su programa.

Cuando un Ejecutivo no consigue sacar adelante los Presupuestos, el mensaje que transmite es inequívoco: no tiene apoyos para gobernar con normalidad.

La votación celebrada en el Congreso, el jueves, vuelve a demostrar precisamente eso. Si quienes hicieron posible la investidura no respaldan la principal ley económica del Estado, el problema ya no es presupuestario; es de gobernabilidad.

Cada año adicional sin nuevos Presupuestos aumenta la sensación de provisionalidad. Resulta más difícil impulsar reformas, negociar inversiones, convencer a los agentes económicos y mantener cohesionada una mayoría parlamentaria, que demuestra una y otra vez sus profundas divisiones.

No conviene caer en el alarmismo. La economía no se paraliza por una prórroga presupuestaria. Sin embargo, tampoco puede normalizarse una situación que empieza a convertirse en estructural. Ninguna gran economía europea puede permitirse gobernar indefinidamente con unas cuentas públicas concebidas para un contexto completamente distinto.

La incapacidad para aprobar los Presupuestos ya no es únicamente un problema de gestión económica. Es, sobre todo, el reflejo de un Ejecutivo que ha perdido la capacidad de construir mayorías estables.

Porque, al final, unos Presupuestos son la demostración de que un Gobierno dispone de la confianza suficiente del Parlamento para dirigir el país. Cuando esa confianza desaparece durante cuatro años consecutivos, lo que entra en prórroga no son únicamente las cuentas públicas. Es la propia legitimidad política del Gobierno. En la antigua Roma, se distinguía entre «potestas» (poder físico, legal) y «auctoritas» (prestigio, autoridad moral). En estos momentos, el Gobierno no tiene, probablemente, ninguno de estos dos atributos.