España, ante la factura de un gasto irresponsable y estructural

Tras un primer rechazo, el jueves pasado se debatieron por segunda vez en el Congreso el techo de gasto no financiero y los objetivos de estabilidad aprobados por el Gobierno, y por segunda vez han sido rechazados porque Junts espera a la agonía gubernamental para aumentar el importe del cheque a cambio de sus siete votos, o incluso porque Alianza Catalana les empieza a comer terreno.

En cualquier caso, como propuesta del Ejecutivo, constituye una enorme insensatez, porque eleva el gasto de manera irresponsable, dotándole de un carácter enormemente estructural, con unos objetivos de estabilidad presupuestaria poco ambiciosos, ya que su consecución se basa únicamente en el efecto recaudatorio que todavía proporciona la inflación, pero que a medio y largo plazo se deteriora, además de una inconcreción sobre la aplicación de la nueva regla de gasto.

Así, El Gobierno, en la presentación del cuadro macroeconómico y los objetivos de estabilidad, con la fijación del techo de gasto no financiero para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), había sido imprudentemente optimista en los supuestos económicos y muy irresponsable, como digo, en el incremento del gasto, como se puede analizar al observar los datos.

De esa forma, el Gobierno, que lleva tres ejercicios sin presupuestos –2024, 2025 y 2026–, prorrogados los de 2023, aprovechando la laxitud de las prórrogas tras el coronavirus, no tiene ningún interés en sacarlos adelante, sino en emplearlos como elemento de distracción, ya sea en clave electoral, ya sea para que no se hable de los presuntos casos de corrupción que cercan al Gobierno, ya sea para tapar los privilegios que quiere dar a los independentistas catalanes con un nuevo sistema de financiación a la carta. Por tanto, al Ejecutivo lo que menos le importa es contar con unos nuevos presupuestos: si esa obligación se la ha saltado durante toda la legislatura, todavía va a importarle menos ahora, siendo 2027 un año electoral y que, probablemente, parte del año ya no ejecutaría el presupuesto el actual gobierno.

En cualquier caso, son una senda de estabilidad y techo de gasto no financiero que no se pueden aprobar, porque eleva el gasto no financiero casi tanto como el valor absoluto total de gasto que recibió en 2018 y porque la senda se sostiene sólo por la recaudación extraordinaria, a costa de la asfixia de los contribuyentes, con la existencia de, cada vez, más y más impuestos, y más y más elevados. Todo ello, acompañado de una previsión de crecimiento por encima de la media que estiman las distintas instituciones, con un gasto desmedido que daña mucho a la estructura económica de España para el medio y largo plazo.

Es una propuesta cortoplacista para ganar tiempo que aplaza y enquista problemas

En definitiva, nos enfrentábamos a un gasto irresponsable, que no dejaba de crecer; un déficit y deuda maquillados por el aumento del PIB nominal y de los ingresos como consecuencia de la inflación, que camuflaba el aumento de gasto, que se vuelve estructural; y un cuadro macroeconómico optimista con supuestos poco creíbles. Es una propuesta cortoplacista para ganar tiempo –que si se vuelve a presentar ya no podrá bloquearse, desgraciadamente, en el Senado, debido a la enmienda introducida en la Ley de Paridad–, que aplaza y enquista problemas, con un perjuicio estructural que pone en riesgo a la economía española en el medio y largo plazo.

Todo ello, aplaza y enquista problemas, con un perjuicio estructural que pone en riesgo a la economía española en el medio y largo plazo, como digo, que se deteriora y asume unos niveles de gasto que España no puede soportar por mucho tiempo, con la presión adicional del incremento del gasto en servicios públicos que se producirá por la irresponsable regularización de inmigrantes ilegales, peso del gasto que cargará sobre las CCAA, asfixiándolas, y sobre los contribuyentes, que ya no dan más de sí para pagar más impuestos. Si no fuese por el respaldo tácito del BCE con la herramienta antifragmentación, la prima de riesgo española estaría disparada de nuevo.

Senda y gasto no han salido adelante, pero la intención plasmada es una irresponsabilidad. Es la base del crecimiento del Gobierno: gasto, gasto y gasto, junto con un incremento de población poco productivo, que lleva a que se sustituya talento por bajo valor añadido, que redundará en un deterioro todavía mayor de productividad, mal que aqueja a la economía española.

En definitiva, es un techo de gasto que es una irresponsabilidad, en clave electoralista, pero que, analizado en perspectiva, dicho electoralismo se extiende a todo el período: como antes se menciona, crece tanto el gasto entre 2018 y 2027 como era el nivel de gasto en 2018. En cualquier caso, su rechazo es una buena noticia, porque su contenido es, como digo, una irresponsabilidad.