Los funcionarios estudian denunciar el cambio de las reglas para nombrar en el Tesoro al marido de una ex alto cargo de Moncloa

Polémica por el cambio de las reglas para nombrar a Pablo Sánchez-Blanco nuevo director general del Tesoro. La principal organización de altos funcionarios del Estado estudia emprender acciones legales contra la modificación aprobada por el Gobierno, que permitió que el marido de una ex alto cargo de Moncloa accediera al puesto sin ser funcionario de carrera.

El mismo Consejo de Ministros que aprobó el nombramiento dio luz verde a una modificación del real decreto que regula el listado de órganos cuyos titulares pueden ser nombrados sin ostentar la condición de funcionario de carrera del subgrupo A1. El cambio consistió únicamente en añadir la Dirección General del Tesoro y Política Financiera al listado de excepciones ya previsto en el real decreto.

El Gobierno justificaba el cambio por las funciones de «elevada especialización técnica y proyección estratégica» que desempeña el Tesoro y sostenía que esa complejidad aconsejaba ampliar el perfil de los posibles candidatos para incluir, además de a funcionarios del subgrupo A1, a «otros empleados públicos con acreditada capacidad y experiencia», especialmente procedentes de organismos supervisores como el Banco de España.

Es precisamente esta argumentación la que rechaza Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca). La asociación sostiene que el Ejecutivo ha utilizado una excepción prevista en la Ley 40/2015 para ampliar de forma injustificada los supuestos en los que una dirección general puede ser ocupada por una persona que no sea funcionario de carrera, desvirtuando así una excepción que el legislador concibió «como extraordinaria y estrictamente motivada».

«No cuestionamos la capacidad profesional de ninguna persona. Lo que cuestionamos es que se utilicen modificaciones normativas para ampliar excepciones que la ley concibe como extraordinarias. Las excepciones no pueden convertirse en la regla», señala la presidenta de Fedeca, Ana Ercoreca de la Cruz.

La federación insiste en que su posición no se dirige contra Pablo Sánchez-Blanco, sino contra el precedente institucional que, a su juicio, crea el Gobierno al modificar las normas para ampliar el número de direcciones generales exceptuadas de la reserva funcionarial.

«Lo que está en juego no es un nombramiento concreto. Lo que está en juego es el modelo de dirección pública que queremos para nuestro país. Si las excepciones dejan de ser excepciones y se convierten en la vía para modificar la regla general cada vez que resulta conveniente, estaremos debilitando uno de los pilares esenciales de una Administración profesional, independiente y al servicio de todos los ciudadanos», concluyó Ercoreca.

Por todo ello, Fedeca ha anunciado que estudiará acciones legales «con el objetivo de preservar el modelo constitucional de función pública y la profesionalización de la alta dirección administrativa».

Marido de una ex alto cargo de Moncloa

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, Sánchez-Blanco desarrolló buena parte de su carrera profesional en el Banco de España, donde ingresó en 2001 como inspector de entidades de crédito. Posteriormente fue responsable de unidad y jefe de la División de Inspección del Departamento de Conducta y, desde mayo de 2023, ejercía como experto en la Subdirección General de Legislación Financiera de la propia Dirección General del Tesoro.

Sin embargo, lo que ha encedido las alarmas es que se trata del marido de Pilar Sánchez Acera, ex alto cargo de Moncloa y actual secretaria de Organización del PSOE de Madrid, que en 2024 fue señalada como la persona que remitió al entonces líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, el pantallazo del correo de la Fiscalía con información sobre la investigación al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.