España se expone a un correctivo al gastar en el primer semestre más de lo que pactó con Bruselas

España afronta un toque de atención y posibles sanciones de Bruselas por su gasto desbocado más pronto que tarde. Lo advirtió la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) a mediados de este mes y lo corrobora ahora un informe del Instituto para la Economía Eficiente (IPEF).

La AIReF ya apreció «riesgo de incumplimiento» en la Administración central, la mayoría de autonomías y determinadas corporaciones locales en los compromisos del Plan Fiscal y Estructural a Medio Plazo. Pero la gran duda es si el rapapolvo de Bruselas se materializará este año o, por el contrario, se demorará hasta 2026 y tendrá por tanto que lidiar con él el próximo Ejecutivo.

Tras analizar los datos de la Intervención General de la Administración del Estado, el Banco de España, el Ministerio de Hacienda y la Comisión Europea, el IPEF concluye que el gasto primario aumentó un 7,4 % interanual, porcentaje que se elevaría hasta el 7,9 % si se descuenta el efecto extraordinario de la dana, frente a una referencia europea del 3,4 % para el periodo 2025-2028.

«Los datos muestran que el gasto público está creciendo muy por encima de la senda comprometida con la Unión Europea», trasladan desde el IPEF. «El hecho de que el déficit permanezca relativamente estable responde al fuerte crecimiento de los ingresos, no a una contención efectiva del gasto», añaden.

La AIReF, por su parte, considera que la posibilidad de que la cláusula de salvaguardia se amplíe a determinadas medidas energéticas y al gasto en defensa permitiría a España sortear en 2026 la apertura de un procedimiento de déficit excesivo (PDD), que supondría recomendaciones de ajuste, retención de fondos europeos y sanciones.

El nuevo marco financiero de la Unión Europea permite distribuir el crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos en un período plurianual. Según la institución que preside Inés Olóndriz, solo la activación de la cláusula de escape en defensa y medidas energéticas permitiría que no haya incumplimiento este año, pero dicho incumplimiento será irremediable en 2027 y 2028. La institución anticipa que el Gobierno deberá realizar un ajuste del 0,6 % del PIB, equivalente a unos 6.000 millones de euros.

España ya ha solicitado la activación de la cláusula de escape nacional para acomodar el gasto en defensa. Esto reduciría la cuenta de control anual en nueve décimas de PIB. La Comisión Europea aún no ha detallado cómo se podrá hacer en el caso de las medidas energéticas. «Si se alcanza el máximo de tres décimas, la cuenta de control estaría justo en el límite» este año, según la AIReF.

En abril, el Gobierno trasladó a Bruselas que cumpliría este año sus compromisos, como recoge el Informe de Progreso Anual, a pesar de reconocer un contexto marcado por la elevada incertidumbre, con la guerra de Irán ya iniciada y una enorme volatilidad en los precios energéticos.

Desviación «generalizada»

Por su parte, el informe del IPEF destaca que ningún nivel de la Administración Pública cumple con la referencia europea. La Administración Central incrementa su gasto un 6,8 %, las comunidades autónomas un 8,1 %, la Administración Local un 8,8 % y la Seguridad Social un 6,6 %.

«Todos ellos están muy por encima del límite de referencia, aunque especialmente significativa resulta la situación de la Administración Local, cuyo gasto aumenta un 8,8 % mientras los ingresos apenas crecen un 0,5 %, y la Administración Central, donde el gasto ya supera el crecimiento de los propios ingresos, deteriorando el déficit estructural».

Lejos de mejorar, además, la situación se está agravando, dado que los datos hasta mayo recogen que el crecimiento del gasto del Estado ha pasado del 6, % a cierre del primer trimestre al 9,1 % hasta mayo. En paralelo, el déficit contable pasa de crecer un 0,8 % a hacerlo un 31,3 %, lo que apunta a un deterioro progresivo de las cuentas públicas.