Una sola factura puede obligar a bares y peluquerías a cambiar todo su sistema informático desde 2027

Un pequeño bar que sirve una comida de empresa o una peluquería que atiende a un equipo de rodaje podrían verse obligados a adaptar de forma permanente todo su sistema de facturación por emitir una única factura completa. Así lo advierte el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, que reclama al Gobierno una revisión de la implantación de Verifactu y de la futura factura electrónica obligatoria para evitar que las nuevas obligaciones tecnológicas recaigan de forma desproporcionada sobre autónomos y micropymes.

Según el calendario previsto, las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades deberán adaptar sus sistemas de facturación antes del 1 de enero de 2027, mientras que los autónomos y el resto de obligados tendrán de plazo hasta el 1 de julio de ese mismo año.

El colectivo sostiene que la normativa debería tener en cuenta el tamaño y el riesgo fiscal de cada empresa, en lugar de imponer prácticamente las mismas exigencias a una multinacional que a un pequeño comercio. Recuerda que el 99,8 % del tejido empresarial español está formado por pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas negocios en los que el propio propietario asume la gestión administrativa además de la actividad diaria.

Como ejemplo, los gestores administrativos explican que un bar que normalmente solo entrega tickets a clientes particulares podría verse obligado a modificar definitivamente su sistema informático si una empresa celebra una comida y solicita una factura completa para justificar el gasto. La misma situación podría producirse en una peluquería si una productora necesita facturas por los servicios prestados durante un rodaje o una campaña publicitaria.

A juicio del presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago, estas operaciones excepcionales no modifican el riesgo fiscal del negocio, pero sí pueden activar obligaciones tecnológicas permanentes. «Las normas deben perseguir el fraude allí donde existe, no generar nuevas cargas para quienes llevan años cumpliendo correctamente con sus obligaciones», afirma.

Los gestores administrativos insisten en que no cuestionan la digitalización ni las medidas para combatir el fraude fiscal, sino la forma en que se aplicarán. Consideran que la información de la que ya dispone la Agencia Tributaria permitiría establecer obligaciones diferenciadas según el tamaño, el historial de cumplimiento y el nivel de riesgo de cada contribuyente.

Factura electrónica

Además, advierten de que la implantación de Verifactu coincidirá con la futura factura electrónica obligatoria, por lo que piden al Gobierno que evalúe conjuntamente el impacto que ambas reformas tendrán sobre autónomos y pequeñas empresas antes de que entren definitivamente en vigor.

Entre sus propuestas figura introducir criterios objetivos de proporcionalidad en la normativa, aprobar exenciones para determinados sectores o contribuyentes de bajo riesgo y realizar un estudio de impacto sobre el efecto acumulado de ambas obligaciones tecnológicas.