Trabajo retrasa el reparto de fondos por resultados al no saber qué comunidades gestionan mejor el empleo

El Ministerio de Trabajo no es capaz de determinar qué comunidades obtienen mejores resultados en las políticas activas de empleo. El propio Gobierno reconoce que la falta de un sistema común de información impide comparar de forma objetiva la gestión de los distintos servicios públicos de empleo, lo que le ha obligado a aplazar hasta 2027 la denominada reserva de eficacia, el mecanismo diseñado para premiar a las autonomías que mejor gestionan estas políticas.

El Gobierno creó en 2024 la denominada reserva de eficacia para premiar a las comunidades que obtuvieran mejores resultados en las políticas activas de empleo. Para ello diseñó un indicador capaz de medir el rendimiento de los distintos servicios públicos de empleo. Sin embargo, este año no podrá aplicarse –como estaba previsto– por la «imposibilidad de calcular y comparar» ese indicador debido a «la heterogeneidad de los sistemas de registro de datos entre las comunidades autónomas».

Así se recoge en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno (PAFED) para 2026, publicado esta semana en el BOE. En su lugar, el documento establece que la reserva de eficacia se aplicará «en términos de ejecución presupuestaria»; es decir, el Gobierno valorará si las comunidades han gastado los fondos asignados, en lugar de evaluar la eficacia de sus políticas de empleo.

El propio plan reconoce también que persisten «problemas de interoperabilidad» entre los sistemas informáticos de los servicios públicos de empleo –especialmente en las comunidades que disponen de plataformas propias–, por lo que durante el próximo año se avanzará en la «homogeneización» de esos sistemas y en la mejora de la calidad y la comparabilidad de la información.

Estas dificultades no se restringen a la recopilación de datos. El propio Ministerio admite que las evaluaciones siguen teniendo una incidencia limitada en las decisiones de política pública. Por ello, apuesta por «metodologías homogéneas» para formular recomendaciones y por reforzar el seguimiento de las medidas adoptadas por los servicios públicos de empleo.

Más de 2.500 millones para las CC.AA.

Para 2026, el Ministerio prevé movilizar más de 6.300 millones de euros para financiar actuaciones de orientación, formación, empleo, emprendimiento, igualdad de oportunidades y modernización de los servicios públicos de empleo. De esa cantidad, 2.572 millones se repartirán entre las comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

Andalucía será la comunidad que más fondos reciba, con 417 millones de euros, seguida de Cataluña (414 millones), Madrid (344 millones), Comunidad Valenciana (234 millones), Galicia (196 millones), Castilla y León (161 millones), Canarias (157 millones) y Castilla-La Mancha (123 millones).

Agencia Española de Empleo

El retraso en la implantación de la Agencia Española de Empleo ayuda a explicar parte de estas dificultades. El propio PAFED reconoce que la transformación del SEPE en el nuevo organismo, prevista en la Ley de Empleo aprobada en 2023, sigue «pendiente de culminación», tres años después de que se iniciara la reforma.

Mientras tanto, el antiguo SEPE continúa ejerciendo de forma transitoria las funciones previstas para la futura Agencia y sigue pendiente la consolidación de una estructura común para evaluar las políticas activas de empleo. El Ministerio prevé que esa reorganización facilite la interoperabilidad entre administraciones y permita implantar en 2027 un sistema homogéneo para medir los resultados de las comunidades autónomas.