Las transferencias del Estado crecen un 10,7 % y salvan a la Seguridad Social de la quiebra
Cuando una economía crece de verdad y el desempleo disminuye realmente, la riqueza de los ciudadanos aumenta y se necesitan menos ayudas de subsistencia, como el IMV
Para evitar que la Seguridad Social evidencie ante Bruselas el riesgo de quiebra del sistema de pensiones, el Gobierno se ha visto obligado a transferir 32.953 millones de euros a este organismo. Estos fondos permiten cubrir el pago de las pensiones contributivas y no contributivas, la incapacidad temporal, el Ingreso Mínimo Vital y el resto de los gastos que integran nuestro sistema de Seguridad Social.
Estamos ante uno de los mayores «fraudes» informativos del sistema. Siempre ha sido así, pero desde que está este Gobierno la situación se ha ido volviendo cada vez más preocupante.
Estos 32.953 millones de euros transferidos durante los seis primeros meses del año suponen un aumento del 10,7 % en la necesidad de fondos procedentes de las cuentas del Tesoro español. También muestran que, gracias a los ingresos recaudados mediante impuestos, estamos manteniendo nuestro sistema de pensiones y otras prestaciones que nunca deberían haber existido, como el Ingreso Mínimo Vital, que se ha convertido más bien en un mecanismo para comprar voluntades. Con 21.300 millones de euros se compran 1,2 millones de votos.
Esta prestación debería desaparecer porque, si sigue siendo necesaria, significa que nos están mintiendo sobre el crecimiento de nuestra economía y la reducción del paro. Cuando una economía crece de verdad y el desempleo disminuye realmente, la riqueza de los ciudadanos aumenta y se necesitan menos ayudas de subsistencia, como el IMV.
Financiar pensiones con impuestos es uno de los riesgos más preocupantes que puede afrontar un Estado. Cualquier vaivén negativo de la economía mundial que afecte a España, como que el petróleo se mantenga por encima de los 90 dólares, puede provocar una inflación como la que ya tenemos oficialmente: un IPC del 3,5 % y un IPCA del 3,8 %. Esto trae consigo una subida de los tipos de interés, que encarece las hipotecas existentes y las nuevas, los préstamos al consumo y la financiación de las empresas para producir e invertir. Es una espiral negativa que tarda en sentirse, pero que, cuando llega, tarda todavía más en desaparecer.
El día en que los impuestos dejen de crecer porque la economía se estanque y el empleo caiga, también disminuirán los ingresos por cotizaciones sociales. Entonces, todo el sistema de pensiones, sostenido financieramente por los impuestos, podría saltar por los aires.
El dato al cierre de junio es alarmante. Si esta situación se mantiene, la necesidad de financiación de las pensiones superará los 60.000 millones de euros. Pero, si empeora, esa cifra podría dispararse hasta situarse entre 80.000 y 100.000 millones. Eso no sería solo la quiebra del sistema de pensiones, sino la del propio Estado.
Hacer como el avestruz y no querer verlo es lo que ha llevado a muchos países a situaciones en las que quienes pagan el desastre provocado por la gestión de los políticos son precisamente los únicos que no son culpables: los ciudadanos y sus familias.
Por ello, es importante que vean primero el modelo de ingresos que tiene actualmente la Seguridad Social, según los datos de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones.
La primera partida es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que se inventó Escrivá y que se destina íntegramente a incrementar la hucha de las pensiones, nefastamente gestionada por una pandilla de incompetentes que solo obtiene una rentabilidad media a diez años del 0,12 %. Esta partida crece un 26,2 % debido al aumento del porcentaje que deben pagar tanto los trabajadores como los empresarios.
El Régimen General, la partida más importante de los ingresos, crece un 6,8 %, pero ya solo representa el 55,7 % del total, cuando hace años superaba con creces el 70 %.
La recaudación procedente de los autónomos, uno de los colectivos más castigados por el Ejecutivo, solo crece un 3,9 %, pese al aumento de las cotizaciones que han tenido que soportar durante 2026.
La partida correspondiente a accidentes de trabajo tampoco se destina al pago de pensiones, sino a financiar la incapacidad laboral temporal. Crece un 0,9 %, muy por debajo del aumento de las bajas laborales.
La recaudación por desempleo tampoco sirve para pagar pensiones, porque se destina a financiar las prestaciones por desempleo. Aunque crece un 5,1 %, no cubre ni el 50 % del coste de estas ayudas, lo que demuestra que el empleo creado es de muy baja calidad en términos de ingresos.
La segunda partida más importante son las transferencias del Estado, que alcanzan los 32.953 millones de euros, crecen un 10,7 % y ya representan el 25,5 % del total de los ingresos, frente al 11,1 % que suponían en 2018.
Si realmente llega una pequeña crisis, los ingresos por todos estos conceptos caerán, mientras que los gastos no lo harán porque son estructurales. Con el modelo financiero actual, el impacto podría provocar un caos que obligase al Estado a emitir más deuda a tipos de interés más altos, hasta que los mercados dejaran de prestarnos dinero y cayésemos en un impago que haría saltar por los aires las pensiones.
