El gobierno dispara el coste de contratar mientras el resto de la OCDE se inclina por abaratarlo

Mientras que la mayoría de países europeos han optado por reducir la carga fiscal sobre empresas y trabajadores para potenciar el empleo, la OCDE ha señalado a España por recurrir al incremento de las cotizaciones sociales para garantizar la sostenibilidad de su sistema de pensiones.

La reforma de las pensiones impulsada por José Luis Escrivá introdujo el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y, posteriormente, la cuota de solidaridad, con el objetivo de reforzar los ingresos del sistema. La primera comenzó a aplicarse en 2023 y la segunda entró en vigor en 2025, pero ambas tienen en común un incremento progresivo durante los próximos años.

El MEI supone una cotización adicional sobre la base de cotización de todos los trabajadores. En 2025 alcanzó el 0,8 %, del que las empresas asumieron 0,67 puntos y los trabajadores los 0,13 restantes. Este año ha aumentado hasta el 0,9 %, repartido entre un 0,75 % a cargo de la empresa y un 0,15 % del empleado. La reforma prevé que continúe subiendo hasta alcanzar el 1,2 % en 2029, nivel en el que permanecerá hasta 2050.

A esta subida se añadió en 2025 la entrada en vigor de la cuota de solidaridad, una nueva cotización que grava exclusivamente la parte de los salarios que supera la base máxima. Comenzó con tipos del 0,92 %, el 1 % y el 1,17 %, dependiendo de cuánto excediera el salario ese límite. En 2026 han aumentado hasta el 1,15 %, el 1,25 % y el 1,46 %, respectivamente. La mayor parte vuelve a recaer sobre la empresa: en el tramo superior, por ejemplo, el 1,22 % corresponde al empleador y el 0,24 % al trabajador. Los tipos seguirán aumentando progresivamente hasta alcanzar en 2045 el 5,5 %, el 6 % y el 7 %.

Aunque disfrazadas de cotizaciones, ambas funcionan como impuestos sobre el trabajo, ya que aumentan la recaudación sin generar derechos adicionales para quien las paga. En el caso del MEI, la propia ley establece que no computa a efectos de prestaciones. La cuota de solidaridad, por su parte, grava la parte del salario que supera la base máxima de cotización sin que ello se traduzca en una pensión mayor para el trabajador. A estas dos medidas se suma la subida anual de la base máxima, que España volvió a elevar para acompasarla al crecimiento de los salarios.

En Europa, solo Alemania y Eslovaquia acompañaron a España en la subida de tipos con el objetivo de reforzar la sostenibilidad financiera de sus sistemas. Eslovaquia elevó en un punto la cotización sanitaria de los trabajadores, hasta el 5 %, mientras Alemania incrementó en 0,2 puntos, hasta el 1,45 %, la aportación adicional media al seguro sanitario obligatorio, que pagan empresas y empleados.

Estimular el empleo

Frente a estas subidas, otros países optaron por reducir las cotizaciones con el objetivo de estimular el empleo. Azerbaiyán, por ejemplo, rebajó en cuatro puntos, hasta el 11 %, la cotización empresarial sobre la parte de los salarios que supera los 8.000 manats y redujo del 2 % al 0,5 % las aportaciones al seguro médico para empresas y trabajadores en los salarios superiores a 2.500 manats. Bosnia y Herzegovina fue todavía más lejos al recortar la cotización empresarial total desde el 10,5 % hasta el 5 %.

También Noruega redujo en una décima las aportaciones de los trabajadores y los autónomos, hasta el 7,6 % y el 10,8 %, respectivamente. En determinados tramos, no obstante, esta rebaja se compensó con cambios en el impuesto sobre la renta, de modo que el tipo marginal conjunto apenas varió.

Otros países optaron por rebajas dirigidas a colectivos determinados. Suecia anunció un tipo empresarial reducido del 20,81 % sobre los primeros 25.000 coronas de salario para los trabajadores de entre 19 y 23 años. Bélgica amplió las bonificaciones destinadas a empleados con salarios bajos, mientras Hungría eliminó el multiplicador del 112,5 % que se aplicaba a la base mínima de cotización de autónomos y empresarios a tiempo completo.

Lituania limitó además la base sobre la que se aplican las cotizaciones empresariales a 60 veces el salario medio, y Eslovenia eximió de cotizaciones una parte de la paga extraordinaria obligatoria de invierno. En Canadá, la provincia de Quebec anunció que las empresas de agricultura, silvicultura y pesca quedarían exentas durante 2026 y 2027 de determinadas aportaciones al fondo sanitario.

Nueva subida en 2027

España, lejos de seguir esta senda, apunta ya a nuevas subidas de las cotizaciones en 2027. El MEI aumentará del 0,9 % actual al 1 %, del que las empresas asumirán 0,83 puntos y los trabajadores los 0,17 restantes. También volverá a incrementarse la cuota de solidaridad sobre los salarios que superan la base máxima: sus tres tipos pasarán del 1,15 %, 1,25 % y 1,46 % actuales al 1,38 %, 1,50 % y 1,75 %, respectivamente.

El aumento de los ingresos tendrá que hacer frente, además, a una nueva revalorización de las pensiones. Con nueve de los doce meses que se utilizan para calcularla ya conocidos, la media provisional del IPC se sitúa alrededor del 3,15 %, después de que el indicador adelantado de agosto repuntara hasta el 4,3 %.

El porcentaje definitivo dependerá de la evolución de la inflación en septiembre, octubre y noviembre. Si no se producen grandes cambios, las pensiones contributivas podrían subir alrededor de un 3,2 % en 2027, aunque la revalorización podría situarse entre el 3 % y el 3,4 % en función del comportamiento del IPC durante el otoño.

Quedará por comprobar hasta qué punto las nuevas subidas de las cotizaciones serán suficientes para sostener un gasto en pensiones que seguirá aumentando en 2027, mientras España continúa encareciendo el empleo a través de unas cotizaciones que otros países están reduciendo precisamente para estimularlo.