Sánchez prepara un «nuevo contrato social» ante el impacto de la inteligencia artificial en el empleo

El Gobierno quiere llevar el impacto de la inteligencia artificial sobre el mercado laboral a la mesa de negociación con empresarios y sindicatos. Pedro Sánchez ha anunciado este lunes que convocará a los agentes sociales el próximo mes de octubre para comenzar a negociar un «nuevo contrato social» con el que ofrecer seguridad a los trabajadores ante los cambios que la rápida implantación de esta tecnología provocará tanto en el empleo como en la vida cotidiana.

El presidente ha presentado en el Palacio de la Moncloa el denominado Plan IA360, una hoja de ruta para los próximos doce meses con la que el Ejecutivo pretende acelerar la adopción de la inteligencia artificial al mismo tiempo que aumenta su regulación y supervisión. El plan se estructura en cuatro grandes ejes: reforzar la capacidad tecnológica española, fomentar el talento, desarrollar un modelo de gobernanza y alcanzar un acuerdo nacional sobre las consecuencias económicas y sociales de la IA.

«Es evidente que este desafío de la inteligencia artificial ya no es para dentro de cinco, diez o cincuenta años, es de ahora mismo», ha reconocido Sánchez, quien ha admitido incluso que «da la sensación de que llegamos un poco tarde».

El Gobierno calcula que casi la mitad de la población española en edad de trabajar utiliza ya herramientas de inteligencia artificial generativa, una penetración que, según el presidente, sitúa a España entre los diez países con mayor utilización de esta tecnología.

La velocidad de su implantación ha llevado al Ejecutivo a poner el foco especialmente en sus consecuencias laborales. Sánchez plantea alcanzar «un gran acuerdo de país entre sindicatos, patronal, partidos políticos y poderes públicos» que permita ofrecer seguridad a los ciudadanos ante las transformaciones que la IA puede introducir en el trabajo.

El primer paso llegará en octubre, cuando el Gobierno convocará a empresarios y sindicatos para comenzar a abordar ese pacto. Por ahora, el Ejecutivo no ha detallado qué medidas laborales concretas pretende negociar ni ha avanzado cambios específicos en materias como la organización del trabajo, la protección frente a la automatización o la distribución de las ganancias de productividad.

El segundo frente será la formación. El Gobierno quiere aprovechar la rápida adopción de estas herramientas para aumentar el número de trabajadores capaces de utilizarlas y prevé adaptar los currículos de Educación Secundaria y Formación Profesional para incorporar competencias relacionadas con la inteligencia artificial.

El Ejecutivo pretende además reforzar el «músculo tecnológico» del país y desarrollar un modelo de gobernanza que permita supervisar los riesgos derivados de la expansión de los nuevos sistemas.

Sánchez ha defendido que una transformación de esta magnitud necesita «reglas claras» y ha rechazado que las propias compañías tecnológicas sean las únicas encargadas de establecer los límites de sus productos.

«La autorregulación no funciona», ha afirmado el presidente, quien ha cargado contra los grandes empresarios tecnológicos que reclaman confianza para desarrollar sus modelos sin una mayor intervención de los poderes públicos. «Hace poco leía en una entrevista a uno de estos principales tecnooligarcas decir: confíen en nosotros. Bueno, pues va a ser que no», ha señalado.

El jefe del Ejecutivo considera que la concentración del desarrollo de la inteligencia artificial en un reducido número de empresas y países supone también un riesgo económico y político. «Una IA desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia», ha advertido.

Sánchez ha defendido además que España tiene «una cierta autoridad moral» para impulsar internacionalmente una regulación que limite las prácticas «monopolísticas» y «abusivas» de las grandes compañías tecnológicas y establezca responsabilidades legales y financieras.

Entre «acelerar o frenar»

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha situado el nuevo plan en medio del debate abierto durante las últimas semanas sobre la velocidad a la que debe avanzar la inteligencia artificial.

Cuerpo ha rechazado que las únicas alternativas sean «acelerar o frenar» y ha defendido reunir a expertos, empresas, sindicatos, científicos, universidades, sociedad civil y administraciones para determinar cómo debe producirse el despliegue de la tecnología.

El Gobierno pretende así que el desarrollo de la IA «tenga dueños y no solo destinatarios» y que los ciudadanos no tengan que escoger, en palabras del ministro, entre «el entusiasmo ciego y el miedo».