El Supremo pide al Gobierno recalcular la liquidación por la R-2, cifrada en 0 euros y que ascendería a millones

El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente un recurso de una concesionaria de ACS, Abertis, Acciona y Globalvía que explotó la autopista R-2 de Madrid hasta su rescate en 2018.

Esta decisión anula la liquidación de 0 euros que el Gobierno calculó como indemnización al asumir su gestión y obliga a realizar un nuevo cálculo que podría alcanzar millones de euros.

Una sentencia del pasado 8 de octubre consultada por Europa Press, señala que la anulación afecta tanto al cálculo que el Consejo de Ministros dictaminó en una primera resolución de 2023 como al segundo cálculo de una resolución complementaria de 2025, aunque en ambos casos la liquidación fue negativa y, por tanto, no procedía realizar ningún abono por parte del Estado.

La Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) quedó fijada en negativo (-50 millones de euros), debido principalmente a la inversión que el Estado consideraba que tenía que destinar a esa carretera para contar con una buena conservación y a las expropiaciones que había pagado por su construcción.

Ambos cálculos fueron provisionales y todavía se espera un tercero y definitivo. En este sentido, el Alto Tribunal reprocha en su resolución que el cálculo definitivo se haya demorado tantos años desde que el 1 de marzo de 2018 el Estado asumiese la gestión de la autopista a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT).

El Tribunal Supremo reconoce el derecho de la concesionaria a que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible determine «sin más demora» la RPA y, además, aplicando las reglas y criterios fijados en sus sentencias de 2022, que podrían disparar la factura del Estado por el rescate de esta y otras autopistas que quebraron tras la crisis financiera de 2008.

Hasta la fecha, el rescate de nueve autopistas ya ha supuesto un pago por parte del Estado de 1.684 millones de euros, aunque se trata de un coste provisional, puesto que la mayoría de las autopistas todavía se encuentran en la fase de la segunda resolución.

Por la R-4 se han pagado 134 millones de euros; por la AP-36, 319; por la AP-41, 41 millones, por la AP-7 Cartagena-Vera, 278; por la AP-7 Alicante, 307; y por la M-12, 46; mientras que por la R-2 el coste provisional es de cero euros, aunque podría ascender a decenas de millones.