La calidad institucional: la riqueza menos visible y no ilusoria que también se vota

Un juez puede crear riqueza. No porque produzca bienes o servicios, sino porque garantiza que los contratos se cumplan y que las reglas sean previsibles. Lo mismo ocurre con el profesor que forma capital humano, el médico que devuelve a una persona a una vida activa o el policía que protege el orden necesario para que exista una actividad económica normal.

Todo ello forma parte de lo que podríamos denominar capital institucional: un conjunto de normas, organizaciones y prácticas que hacen posible la cooperación económica y social.

Se trata de un tipo de riqueza diferente a la que generan las empresas. Mientras que gran parte de la actividad privada se financia mediante intercambios voluntarios en el mercado, muchas de las funciones institucionales que sostienen la convivencia requieren financiación colectiva a través de los impuestos. Una economía dinámica necesita instituciones eficaces, y unas instituciones eficaces necesitan una economía capaz de sostenerlas.

Por eso, plantear una oposición simplista entre sector público y sector privado resulta profundamente erróneo. Ambos crean valor. La cuestión relevante no es elegir entre uno u otro, sino lograr que ambos funcionen con la máxima eficacia y armonía posible.

El verdadero debate se centra no sólo en el volumen del gasto, sino en la calidad institucional que es capaz de generar

Los más de tres millones de empleados públicos existentes en España incluyen profesionales imprescindibles y actividades discutibles; servicios esenciales y estructuras mejorables. Ante ello el verdadero debate se centra no sólo en el volumen del gasto, sino en la calidad institucional que es capaz de generar.

La diferencia entre los países que prosperan y aquellos que permanecen estancados rara vez se explica únicamente por sus recursos naturales, sus infraestructuras o incluso por el talento de sus ciudadanos. Con frecuencia, la diferencia decisiva reside en la calidad de sus instituciones.

Cuando las reglas son estables, los derechos de propiedad están protegidos, los contratos se cumplen y la administración funciona con razonable eficacia, aumentan la inversión, la productividad y la confianza. Cuando sucede lo contrario, prosperan la incertidumbre, los costes de transacción y el riesgo.

No es casualidad que las economías más desarrolladas y con mayores niveles de bienestar coincidan con las de las naciones en primeros puestos en los indicadores internacionales de calidad institucional. Con ello aludimos al grado de cumplimiento de las exigencias de un Estado de Derecho: imperio de la ley, división de poderes, principio de legalidad, control judicial efectivo y garantía de los derechos fundamentales. Que se traduce en independencia judicial, imparcialidad de las resoluciones, rapidez en la ejecución de las decisiones, lucha eficaz contra la corrupción, profesionalidad administrativa, transparencia, rendición de cuentas, estabilidad política y adecuada protección de los derechos.

Las instituciones son la infraestructura invisible de la prosperidad. Cuando funcionan correctamente, apenas llaman la atención. Cuando se deterioran, sus costes terminan apareciendo en todas partes.

Cuando los problemas institucionales llegan al bolsillo

La cuestión puede parecer abstracta, pero sus consecuencias son bien concretas. Puede verse con claridad en el mercado de la vivienda.

La diferencia de valor, que puede llegar a ser cuantiosa, entre una vivienda libre de conflictos jurídicos y otra afectada, por ejemplo, por una ocupación ilegal u otra situación de desahucio sujeta a procedimientos judiciales, refleja directamente el coste económico de la inseguridad jurídica. El mercado incorpora ese riesgo al precio.

Diversos estudios sobre el mercado inmobiliario español señalan que, durante los últimos años, la creación de hogares ha crecido más rápido que la construcción de nuevas viviendas, contribuyendo a una brecha entre oferta y demanda. En línea con este diagnóstico, la Comisión Europea ha recomendado a España agilizar los permisos de obra, reducir los cuellos de botella administrativos y facilitar la disponibilidad de suelo para aumentar la oferta residencial.

Frente a ello, la acumulación de trámites, la intervención de múltiples administraciones, la incertidumbre regulatoria y la complejidad de los procedimientos urbanísticos pueden hacer que la transformación de suelo y la promoción de nuevas viviendas se prolonguen durante más de una década, llegando incluso a superar los veinte años en algunos casos

El problema, además, no suele ser la escasez física del suelo sino la escasez institucionalmente creada con un marco regulatorio que dificulta extraordinariamente que suelo potencialmente urbanizable llegue al mercado.

Los costes financieros derivados de la inmovilización del capital por esas dilaciones, los riesgos regulatorios, los costes jurídicos y técnicos y, en ocasiones, las carencias de capital humano derivadas de arrastrar deficientes políticas de formación profesional, se acaban incorporando al precio final que pagan compradores e inquilinos.

Lo que comienza siendo un problema institucional termina convirtiéndose en un problema económico y social.

Las elecciones y la calidad institucional

En campaña electoral los partidos suelen competir prometiendo más gasto público, más inversiones, más ayudas, más prestaciones, incluso «nuevos derechos»

Sin embargo, la pregunta más importante suele quedar relegada a un segundo plano:

¿Qué proyecto ofrece mejores instituciones?

Los ciudadanos comparan programas económicos, pero con frecuencia desatienden cuestiones como la independencia judicial, la estabilidad regulatoria, la profesionalización de la administración, la calidad legislativa o los mecanismos de control del poder. Factores que condicionan el éxito o el fracaso de muchas políticas públicas.

Dos gobiernos pueden disponer de recursos similares y obtener resultados radicalmente distintos. La diferencia suele encontrarse en elementos menos visibles, pero mucho más

decisivos: la calidad de las reglas, la competencia de las instituciones y la capacidad para hacerlas cumplir.

Las elecciones no solo determinan quién administrará los recursos disponibles. También determinan las reglas conforme a las cuales esos recursos serán gestionados.

Y, a largo plazo, las reglas suelen importar más que las promesas.

La ilusión más cara

es creer que la prosperidad depende principalmente de lo que el Estado distribuye y no de las condiciones que permiten crear riqueza.

Los beneficios visibles de la acción política se perciben con facilidad. Una ayuda, una subvención o una nueva infraestructura generan titulares inmediatos.

Los costes del deterioro institucional son diferentes. Son graduales, dispersos y silenciosos. Aparecen en la inversión que nunca llega, en la empresa que decide instalarse en otro lugar, en la vivienda que no se construye, en los proyectos que se retrasan o en los recursos públicos que generan resultados inferiores a los esperados.

Precisamente porque son menos visibles, suelen ser ignorados. Y precisamente por ello terminan resultando extraordinariamente costosos.

La verdadera riqueza de una nación no reside únicamente en sus empresas, sus infraestructuras o sus recursos materiales. Reside también en la calidad de las instituciones que sostienen su convivencia.

Sabemos desde antiguo que una nación no es simplemente un territorio ni una suma de individuos. Es una comunidad política unida por unas reglas compartidas, unos valores comunes y una identidad moral que hacen posible la convivencia y la cooperación entre ciudadanos libres.

Por ello, cuando se debilita la seguridad jurídica, se erosiona la independencia de las instituciones, se normaliza la arbitrariedad o la identidad colectiva termina buscándose en la transgresión ética, no solo se resiente la economía: se deteriora el vínculo de confianza que sostiene la comunidad política.

Las crisis económicas, por profundas que sean, acaban superándose. El capital físico puede reconstruirse, y la riqueza perdida puede volver a generarse. Mucho más difícil es restaurar la confianza en las reglas del juego. Cuando se quebranta, sus consecuencias terminan extendiéndose a toda la sociedad. La factura acaba llegando, aunque nunca aparezca reflejada en una partida presupuestaria.

Pero lo verdaderamente inquietante surge cuando el deterioro institucional y la degradación cívica alcanzan niveles alarmantes sin provocar un coste político inmediato. Porque cuando una sociedad deja de penalizar aquello que la degrada, el problema ya no es quién gobierna, sino qué valores, o más bien que ausencia de ellos, gobiernan.

Las instituciones solo pueden elevarse hasta la altura moral de la sociedad que las juzga. Pocas tareas tienen más sentido para una nación libre que preservar la integridad moral de sus instituciones y mantener viva la exigencia ética y la responsabilidad cívica de sus ciudadanos.