La corrupción mata

En abril de este año, José María Ballester recordaba en El Debate un episodio que debería hacernos reflexionar como españoles sobre nuestra cultura política. En 1995, Mona Sahlin, viceprimera ministra sueca y aspirante a presidir el Gobierno de su país, tuvo que dimitir tras conocerse que había utilizado una tarjeta oficial para gastos personales. Entre ellos figuraban dos chocolatinas Toblerone, un vestido, pañales para sus hijos, cigarrillos y el pago de alquileres de coches. El escándalo afectaba a operaciones por valor de 53.174 coronas suecas (unos 5.760 euros), aunque las cantidades fueron reintegradas y la investigación penal terminó archivada.

Sin embargo, la opinión pública consideró incompatible aquel comportamiento con el ejercicio de responsabilidades políticas. Veinticinco años después, Sahlin publicó, junto con Henrik Johnsson, sus memorias, Makt–Lös (Sin poder), obra de la que no consta traducción al español y en la que revisa críticamente su trayectoria política. La enseñanza del episodio no reside en el precio de unas chocolatinas (unos 35,2 euros sumadas al vestido), sino en una concepción de la ejemplaridad pública que convierte la confianza ciudadana en un patrimonio que ningún gobernante debería dilapidar.

Desde la perspectiva económica, esa confianza constituye un activo institucional de extraordinario valor para el progreso y la salud del sistema político. También lo son las infraestructuras públicas, en general, y de comunicación, en particular. Carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos reducen los costes de transporte, amplían los mercados, facilitan la movilidad laboral y mejoran el acceso a servicios esenciales. Su contribución al crecimiento económico y al bienestar social está ampliamente documentada.

En este contexto, la corrupción introduce una distorsión dura en la asignación de recursos públicos. Cada euro indebidamente desviado es un euro que deja de estar disponible para financiar otras necesidades colectivas, salvo que se reponga mediante mayores impuestos, endeudamiento o reasignaciones presupuestarias. Pero su coste económico excede el importe sustraído pues deteriora la competencia en la contratación, incentiva decisiones de inversión ineficientes, encarece potencialmente las obras y debilita los mecanismos de supervisión. Cuando la corrupción se instala en las instituciones, el problema no es solamente cuánto dinero desaparece, sino cuánto bienestar colectivo pasa a manos de grupos particulares.

España ofrece ejemplos recientes particularmente inquietantes. El caso de los ERE falsos de Andalucía afectó a un sistema de ayudas sociolaborales dotado con aproximadamente 679 millones de euros, cuya gestión eludió controles administrativos esenciales. Conviene precisar que esa cifra corresponde al volumen de fondos canalizados por el sistema investigado, no a una cantidad íntegramente acreditada como sustraída. Las condenas inicialmente impuestas a destacados responsables políticos, incluidos los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, fueron parcialmente anuladas por el Tribunal Constitucional en 2024, que apreció vulneraciones de derechos fundamentales. Buena parte de la Sociedad también detectó la vulnerabilidad de este Tribunal con semejante sentencia. La controversia judicial continúa, mientras distintas piezas separadas han producido condenas. El ciudadano contempla cómo, después de años de procedimientos, una parte sustancial de las responsabilidades penales inicialmente declaradas queda sometida a nuevas revisiones.

Otro episodio corresponde al empleo de fondos públicos en el fallido proceso independentista catalán. En las actuaciones relativas al referéndum ilegal de octubre de 2017, el Tribunal de Cuentas llegó a cuantificar

en aproximadamente 4,15 millones de euros los gastos presuntamente desviados. El Tribunal Supremo condenó en 2019 a varios dirigentes independentistas, algunos por malversación. En 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez concedió indultos parciales a los nueve dirigentes encarcelados. Más recientemente, el 20 de octubre de 2026, el Tribunal Supremo aplicó la Ley de Amnistía a los secesionistas Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, declarando extinguida su responsabilidad penal derivada de la sentencia del procés y levantando sus inhabilitaciones. Ahora exhiben ufanos su victoria judicial y política y se cuelgan como medalla su contribución al deterioro de la imagen de España; otro de sus objetivos principales.

El tercer ejemplo es el de Laura Borràs, expresidenta del Parlamento catalán. El Tribunal Supremo confirmó en 2025 su condena a cuatro años y medio de prisión por prevaricación y falsedad documental, relacionada con el fraccionamiento de 18 contratos públicos por valor de 335.700 euros cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas. En julio de 2026, el Gobierno le concedió un indulto parcial, conmutando la pena de prisión por otra de dos años y manteniendo las restantes sanciones. Nuevamente, la distancia entre la gravedad institucional de los hechos judicialmente acreditados y el cumplimiento efectivo de las penas enciende el debate legítimo sobre la ejemplaridad exigible a quienes administran recursos ajenos.

Sería intelectualmente deshonesto sostener que existe una relación causal directa entre estos episodios y un accidente ferroviario, el derrumbe de un puente o cualquier otra tragedia en una infraestructura pública como las que azotan España. Para establecerla serían necesarias pruebas específicas sobre decisiones presupuestarias, incumplimientos técnicos, deficiencias de mantenimiento y responsabilidades concretas. Pero sería igualmente ingenuo ignorar que la corrupción deteriora la confianza en las instituciones encargadas de garantizar que esas infraestructuras funcionen correctamente; sin destrozar con la muerte vidas y familias.

Cuando una sociedad observa desvíos de recursos públicos, condenas revisadas, indultos y leyes de amnistía que extinguen responsabilidades penales, termina preguntándose si el dinero destinado a conservar una carretera, inspeccionar un puente o mantener una vía ferroviaria se habrá empleado efectivamente para ello. Aunque esa sospecha no demuestre la causa de una tragedia, arraiga en la conciencia colectiva.

«La corrupción mata» más que una imputación automática de responsabilidad por cualquier accidente es una advertencia sobre las consecuencias últimas del deterioro institucional. La corrupción puede privar a los servicios públicos de recursos, debilitar los controles y multiplicar riesgos que una Administración diligente debería prevenir.

La distancia entre las chocolatinas de Mona Sahlin y los millones comprometidos en los escándalos españoles no es solamente monetaria. Es, sobre todo, una cuestión de cultura institucional. Una democracia no se mide únicamente por su capacidad para castigar los delitos, sino también por la exigencia de responsabilidad política de sus ciudadanos. Además de la actuación del poder judicial, nos corresponde como sociedad ejercer un juicio mediante el voto sobre aquellas conductas que consideremos palmariamente inaceptables, incluso cuando se aprueben leyes ad hoc que terminen permitiéndolas o extinguiendo sus consecuencias penales. La legalidad puede cambiar por decisión del legislador pero la exigencia de ejemplaridad pública no puede desaparecer con ella.