Desahucios, baños prefabricados y futuros casoplones de los líderes de la acampada

A niveles de producción de 2014; ese es el ritmo al que se levantan viviendas en España actualmente. El sector está como al inicio de la recuperación de la crisis financiera de 2008; crisis originada por la explosión de la burbuja inmobiliaria.

¿Qué impide forzar el ritmo de construcción hasta cerrar más rápidamente la brecha que lo separa de la demanda? Una de las claves principales está en la desaparición de las empresas subcontratistas, auténtico pilar que soporta al sector. La crisis hizo limpieza con las grandes constructoras no saneadas pero también se llevó por delante a los subcontratistas. Recuperarlos no es nada fácil.

La creación de nuevas empresas de subcontrata sufre también del problema de la «gran renuncia». La reacción social posterior a la pandemia según la cual, las personas en edad laboral rehúyen de los trabajos penosos y horarios duros. El absentismo se dispara y las constructoras se piensan mucho si aceptar o no un nuevo proyecto de obra conscientes de las penalizaciones que tendrán que abonar de no entregar las viviendas en el plazo fijado. Las cosas no son fáciles ni siquiera en este sector en el que el margen de beneficio ronda el 10 % de las cifras de ventas. Un margen que coincide con el dinero que entra por las ventas de las últimas viviendas; el resto es para financiar la obra.

Lo que China lleva décadas demostrando que se puede hacer, robotizar la construcción de viviendas, comienza a abrirse paso en España y con empresas nacionales. Desde luego en China hay viviendas construidas esperando a que nazcan o crezcan las dos próximas generaciones, pero ese es otro problema. De lo que hablamos aquí es de que los modernos procesos de construcción ensamblan los módulos habitacionales que ya vienen prefabricados de los proveedores.

La ingeniería de construcción es capaz de trabajar con un grado de precisión tal que el cuarto de baño se inserta ya previamente ensamblado, en la vivienda en construcción. Lejos quedaron los desajustes en las medidas de electricistas, fontaneros y albañiles. En las empresas punteras cada vía de evacuación prefabricada encaja perfectamente con la instalación ya dispuesta.

La ingeniería de materiales también está haciendo su trabajo y pone al servicio del sector productos más adecuados para cumplir, entre otras cosas, con las exigencias de eficiencia energética y la minimización de fugas de climatización a través de los puentes térmicos.

Con todo, el sector no da abasto y, puestos a ser rigurosos, hay que dejar bien claro que el mercado de la vivienda en propiedad funciona con parámetros muy diferentes al de la vivienda en alquiler o a las construcciones para usos terciarios.

Los que entramos en la Universidad en la Transición a medio hacer y lo hicimos en lugares tan dispares como las facultades de Economía o las escuelas de arquitectura, tuvimos que sufrir las soflamas de quienes ridiculizaban la preferencia de los españoles por ahorrar en ladrillo. Ese ahorro que luego permitía que hubiese viviendas de alquiler. Pero no era la única soflama académica en unos años en los que la política invadía los temarios y las preguntas de examen que había que responderlas con arreglo al dictado de la sección de Economía del diario El País.

El Decreto Boyer

A mi me tocó vivir la aprobación del Decreto Boyer de liberalización de los alquileres y del ascenso de lo que entonces se llamó la beautiful people del PSOE. Las chaquetas de pana dieron paso a los pelotazos de comisionistas que lo mismo trabajaban en el Banco de España que en la Cruz Roja Española.

La justificación del Decreto Boyer fue especialmente aplaudida por buena parte de los técnicos del franquismo reconvertidos en apóstoles del liberalismo. Hasta ese momento, la protección de los inquilinos era una pieza más de la política social de vivienda que abarcó un espacio mucho mayor.

El punto de partida estuvo en el Instituto Nacional de la Vivienda (INV) creado en 1939 como principal organismo encargado de ordenar y fomentar la política de vivienda protegida. Entre sus funciones figuraban establecer las normas de construcción, orientar a los promotores y canalizar ayudas y financiación para facilitar viviendas de renta reducida. Junto al INV adquirió especial importancia la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura (OSH), creada también en 1939 dentro de la Organización Sindical. Esta última actuó como uno de los principales instrumentos de promoción y construcción de viviendas destinadas a trabajadores. A las viviendas del INV y del OSH les fue aplicado el borrado histórico de sus marcas de fábrica. Desde el presidente Zapatero en adelante, el estado español ha empleado cientos de miles de euros en arrancar placas y picas lápidas que dejaban constancia del origen de viviendas que aún abundan en pie.

Durante los años cincuenta, la política de vivienda adquirió una dimensión mucho mayor como respuesta al déficit habitacional, el éxodo rural y el rápido crecimiento de las ciudades. El Plan Sindical de la Vivienda reforzó el papel de la Obra Sindical del Hogar. Un Decreto-ley de mayo de 1954 le encomendó, en colaboración con el INV, la construcción de un mínimo de 20.000 viviendas anuales para trabajadores. A este sistema se sumaban ayuntamientos, cooperativas, empresas y promotores privados acogidos a los distintos regímenes de vivienda protegida.

Un nuevo paso se produjo en 1957, cuando se creó el Ministerio de la Vivienda y José Luis de Arrese fue nombrado su primer titular. El nuevo departamento permitió concentrar y coordinar organismos hasta entonces dispersos, entre ellos el propio INV, y Arrese impulsó una política dirigida a aumentar rápidamente la oferta de vivienda y favorecer el acceso de las familias trabajadoras a la propiedad. Su etapa representa así el tránsito desde las primeras políticas de vivienda protegida de la posguerra hacia una política de construcción a gran escala y de extensión de la vivienda en propiedad que marcaría profundamente el desarrollo urbano y social español de las décadas siguientes. Políticamente, el de Arrese fue otro de los intentos de refundar la Falange en una España donde la reconciliación era un hecho del que dejaban constancia los libros parroquiales en los que inscribían matrimonios de hijos de uno y otro bando con normalidad.

El desahucio de Maricarmen ha puesto a buena parte de la sociedad española delante de un borrado histórico imperfecto. Aún hay espacio para el recuerdo; el lejano de Arrese y el reciente de quienes saben que las nuevas acampadas acabarán con alguno de sus líderes comprándose otro casoplón.