Buesa y Pin Arboledas: «Los únicos que no han perdido dinero con la huelga son los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT»

El análisis de la reciente huelga general convocada por las centrales sindicales Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) sirve como punto de partida para examinar la eficacia y la representatividad de los agentes sociales en España en una nueva edición de nuestro podcast El Debate de la Economía, cuyo audio puede oírse íntegro pulsando al inicio de estas lineas.

El catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Mikel Buesa, y el profesor del IESE, José Ramón Pin Arboledas, coinciden en señalar que la convocatoria registró un seguimiento laboral mínimo, independientemente de la afluencia observada en las manifestaciones vespertinas.

Mikel Buesa incide en que la naturaleza de la huelga respondió primordialmente a una dinámica política más que a una reivindicación estrictamente laboral. El catedrático sostiene que la implicación directa de miembros del Gobierno alteraba el carácter legal de la convocatoria:

«Esta era una huelga política. He visto a la vicepresidenta del Gobierno llamar a la huelga, a varios ministros llamar a la huelga y, como los ministros y la vicepresidenta son políticos, entiendo que ese llamamiento es un llamamiento político y, en consecuencia, la huelga debería haber sido prohibida. Dicho lo cual, me alegro de que no la hayan prohibido porque ha sido un rotundo fracaso», señala.

En su diagnóstico sobre el desarrollo de la jornada, Buesa diferenció entre la ausencia de seguimiento en los centros de trabajo y la concurrencia a las marchas posteriores, señalando además la presencia de sectores radicales en los disturbios nocturnos:

«Es verdad que ha habido manifestaciones muy numerosas, pero esas manifestaciones no eran de huelguistas; eran gente que ha ido a trabajar y, después de trabajar, se ha ido a la manifestación, acompañada de los grupos neobolcheviques. A Pedro Sánchez y a los dirigentes de Comisiones Obreras y UGT les ha salido mal porque no ha habido casi huelga y las manifestaciones han derivado en incidentes con la policía, incendios y ataques a establecimientos», añade.

Desde la perspectiva del coste operativo y la reputación del país, el profesor José Ramón Pin Arboledas cuantificó el quebranto financiero generado por la jornada de huelga y alertó sobre sus consecuencias institucionales:

«Esta huelga ha sido inútil porque no ha cambiado nada y nos ha costado entre 100 y 2.000 millones de euros de falta de productividad, proyectando además una imagen preventiva negativa para un país turístico. Pero, sobre todo, es peligrosa para los propios sindicatos, porque la población percibe que reciben 38 millones de euros en subvenciones para sobrevivir, lo que les hace perder legitimidad social», indica.

La herencia del sindicato vertical

El debate profundiza en las raíces históricas del sistema de relaciones laborales en España para explicar la escasa tasa de afiliación sindical, situada actualmente en torno al 12 % de los trabajadores. Pin Arboledas, que fue diputado durante la Transición, explica que el modelo vigente deriva de las decisiones adoptadas a finales de los años setenta para estructurar las organizaciones patronales y sindicales tras la dictadura.

Según relata el profesor del IESE, la arquitectura institucional fue diseñada por el Ejecutivo de Adolfo Suárez, con la implicación del vicepresidente Fernando Abril Martorell:

«Los sindicatos actuales son la herencia del sindicato vertical del franquismo. En la Transición, los partidos eran débiles, pero los sindicatos y la patronal no existían. Para dotar al país de agentes sociales, el Gobierno de Adolfo Suárez y Fernando Abril Martorell les dio edificios y montó un sistema de subvenciones públicas a través de los presupuestos. Además, se copió un proceso equivalente al sindicato vertical: lo que negocian el comité de empresa y la dirección se aplica tanto a los trabajadores afiliados como a los no afiliados», afirma.

Esta extensión universal de las condiciones pactadas en la negociación colectiva genera, a juicio de Pin Arboledas, un desincentivo estructural a la colegiación de los trabajadores:

«El trabajador normal piensa: ¿para qué me voy a afiliar si, si hay mejoras, me van a caer igual sin estar afiliado?' Por eso la afiliación sindical está sobre el 12 %. No hay ninguna intención de afiliarse mientras el convenio se aplique a todos por igual», agrega.

Por su parte, Mikel Buesa vincula esta dinámica con la figura jurídica del «sindicato más representativo», consagrada en la legislación española. Esta norma otorga la capacidad de negociación a las centrales mayoritarias en las elecciones sindicales con independencia de su masa de afiliados:

«La consideración por parte del Estado de la figura del sindicato más representativo provoca que, en una empresa donde no haya ni un solo trabajador sindicado, los sindicatos más representativos puedan presentarse allí a exigir un convenio colectivo porque son los únicos legitimados. Como economista, considero que el óptimo sindical en España, dada esta configuración, es el de un sindicato que no tiene afiliados. Tener afiliados exige hacer congresos y votaciones, lo cual resulta incómodo. Al estar financiados mediante subvenciones públicas, hemos reinventado el sindicato vertical», sentencia.

Ambos analistas recuerdan el complejo proceso de desmantelamiento del antiguo Sindicato Vertical durante la Transición, evocando la absorción de sus plantillas por la Administración Pública y la conversión de su cuerpo letrado en la actual Inspección de Trabajo.

Una propuesta de reforma: cuotas obligatorias para beneficiarios y sindicalismo profesional

Para corregir la falta de representatividad y el deterioro de la legitimidad sindical, Pin Arboledas plantea una reestructuración profunda de los sindicatos basada en dos pilares: la retirada progresiva de las subvenciones estatales y la vinculación de los convenios colectivos a la afiliación activa.

En palabras del profesor del IESE, la negociación colectiva debería circunscribirse exclusivamente a quienes contribuyen al sostenimiento del sindicato:

«Habría que quitar las subvenciones públicas de forma paulatina para que los sindicatos se alimenten de las cotizaciones de sus afiliados. Y, en segundo lugar, cambiar el sistema: si usted no está afiliado al sindicato, el convenio no vale para usted; usted seguirá con los sueldos anteriores o con lo que acuerde con la dirección. Si se hiciera esto, la gente se afiliaría», afirma.

Frente al temor de que este cambio otorgara un poder excesivo a los sindicatos, Pin Arboledas sostiene que la incorporación masiva de trabajadores moderaría a la dirección de la empresa y favorecería la emergencia de un modelo profesionalizado, análogo al alemán o al estadounidense:

«Cuando se amplía la base de afiliados, los dirigentes se vuelven sensatos. El trabajador común no quiere un radicalismo inútil; quiere que su sindicato disponga de una caja de resistencia para abonar los salarios durante una huelga, que negocie el reparto de la riqueza sin arruinar la empresa, que gestione fondos de pensiones complementarios y que cuente con profesionales preparados. En Alemania hay sindicalistas sentados en los consejos de administración con grado de doctor que defienden a los empleados de forma técnica y profesional», afirma.

En este sentido, los contertulios contraponen la profesionalización de etapas anteriores —recordando el perfil médico del exsecretario general de CCOO, José María Fidalgo— con la resistencia de los actuales dirigentes a reformar un sistema que les garantiza la supervivencia económica. Asimismo, Pin Arboledas remarca la asimetría económica que soporta el trabajador durante las jornadas de paro: «Todos los trabajadores que van a la huelga pierden dinero porque se les descuenta el salario y la cotización a la pensión de ese día. Los únicos que no han perdido dinero son los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, porque ellos estaban trabajando en su labor directiva».

Junto con el debate sobre los sindicatos, los contertulios comentan también en el podcast su visión positiva sobre la Renta de activación propuesta por el PP en su programa electoral.