Varias personas intentar evitar el desalojo por parte la policía de una nave industrial okupada en Badalona
23-J La vivienda tras el 23-J: Vox y los desalojos exprés
Los propietarios están actualmente a merced de la ocupación ilegal y atados a la hora de subir los alquileres
La vivienda ha sido un tema controvertido en el tramo final de la última legislatura. La nueva ley de vivienda impulsada y aprobada gracias Bildu, ha dejado un panorama desolador en el mercado inmobiliario español.
Los propietarios se quedan a merced de la ocupación ilegal y atados a la hora de subir los alquileres. Además, los inquilinos tienen todo tipo de beneficios que acabarán provocando que no se alquilen casas como ya han denunciado desde varias organizaciones.
Vox y la okupación
Vox entra de lleno en el problema de la vivienda en su programa electoral y pone el foco en los okupas y en su desalojo. Una de sus primeras propuestas es «combatir la ocupación y proteger el legítimo derecho a la propiedad privada».
Para esto, el partido de Santiago Abascal quiere dar poder a un colectivo amordazado por las leyes de la izquierda como es la Policía Nacional que ha tenido que sufrir las descalificaciones cuando han actuado contra okupas o sus defensores. Vox pretende dar «mayores medidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para desalojar inmuebles ilegalmente ocupados [...] permitir que, vía cautelar, el inmueble ocupado ilegítimamente pueda ser desalojado en 48 horas».
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Al hilo de esto, Vox no quieres que se regularice el mercado de la vivienda como se recoge en la nueva ley de vivienda y que denuncian porque «provocará la desaparición de los alquileres, y encarecerá y dificultará el acceso a la vivienda».
Suelo
Respecto al suelo, el partido verde anuncia que «hace falta más vivienda para atraer riqueza, para poder equilibrar los precios de compra y alquiler, para tener más vivienda social para los que más lo necesitan».
También pretenden «convertir en suelo apto para ser urbanizado todo el que no deba estar necesariamente protegido por motivos de interés público convenientemente justificados».
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