Análisis
La vivienda tras el 23-J: el PSOE y el amparo a la okupación
La ley de vivienda aprobada en los últimos meses es el punto de partida de Pedro Sánchez
El PSOE se presenta a las elecciones del 23-J con un plan de vivienda que va en línea de la ley de vivienda aprobada hace unos meses gracias a Bildu.
La protección a los okupas y la dilatación del proceso de desahucio son algunos de los grandes problemas que plantea el modelo socialista al que hay que añadir el control de precios gracias a los métodos para impedir subidas.
Viviendas vacías
El PSOE ha anunciado que pretende «impulsar una oferta de inmuebles de alquiler seguro y estable, a precios asequibles movilizando las viviendas vacías y a los grandes tenedores de vivienda». Su intención es ir «recuperando la función social de la vivienda, frenando las subidas abusivas de precios y apoyando en particular el acceso de los jóvenes a la vivienda, que recibirán ayudas al alquiler en proporción a su renta», aseguran desde el PSOE.
Pedro Sánchez ha anunciado que considera urgente ampliar la oferta de viviendas asequibles, mediante la construcción de más viviendas públicas con números próximos a las 100.000 viviendas que tendrán difícil construcción.
La izquierda socialista quiere impulsar la rehabilitación y el alquiler de inmuebles con el objetivo de crear un gran parque de alquiler público a precios más económicos que los del mercado. Esta solución, según el PSOE, «contribuirá a moderar el crecimiento de los precios de toda la vivienda en alquiler, cuya evolución será objeto de un índice estatal». Muchas viviendas pertenecen al Sareb y se encuentran zonas donde apenas hay necesidades habitacionales.
Sinhogarismo
El PSOE aprobará medidas de ayuda al alojamiento para colectivos con necesidades habitacionales especiales y urgentes, «actualizando la estrategia de sinhogarismo, favoreciendo el realojo de inquilinos que no puedan hacer frente al pago de sus rentas o que hayan perdido su vivienda por ejecución hipotecaria».
Estas medidas deberían completarse con ayudas de las comunidades autónomas, pero, como ya ha pasado con las zonas tensionadas, los gobiernos del PP ya han anunciado que no ejecutarán nada de esa ley en lo que tengan responsabilidad.
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