La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra
Educación
El coordinador de bienestar de Belarra pincha ante la falta de concreción y presupuesto
El Gobierno se empeñó en crear esta figura pero dejó en manos de las comunidades su implantación sin una hoja de ruta ni presupuesto
El pasado año, Ione Belarra se sacó de la manga la figura del «coordinador de bienestar», una figura encargada de escuchar a los menores en las aulas para prevenir casos de acoso y violencia. Pero la falta de una regulación específica y de recursos adicionales ha desinflado las expectativas hasta convertirse en un marrón para el profesorado.
La Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia establece que todos los centros educativos donde cursen estudios menores de edad deben tener un coordinador que vele por el bienestar de los alumnos y la prevención, detección precoz y protección de los menores.
En su momento, Belarra llegó a un acuerdo con las CC.AA. para «trazar una hoja de ruta común, clara y coordinada para garantizar su cumplimiento». Sin embargo, todo quedó en papel mojado, obligando a los centros a implantar esta figura a pesar de la falta de concreción y, sobre todo, de financiación.
En algunas comunidades ya existía una figura similar, por lo que tan solo han tenido que «rebautizarla», pero en otras ha sido un completo caos, teniendo que recurrir a voluntarios entre el profesorado para ocupar el cargo, en muchos casos sin compensación económica adicional.
Las obligaciones del coordinador de bienestar
El sector educativo, por lo general, recibió con satisfacción la medida, pero también critican la falta de claridad del Ministerio de Belarra a la hora de desarrollar la ley. «Valoramos esta figura, pero rechazamos la forma en la que se está exigiendo a los centros, sin una regulación concreta y clarificadora, sin recursos adicionales imprescindibles, y sin el conocimiento de las consecuencias de una incorrecta aplicación de sus funciones o protocolos», señalan desde Escuelas Católicas.
«Vamos a exigir que se otorguen recursos, económicos y documentales, para una correcta aplicación de la ley y la consecución de los objetivos en ella previstos», añaden.
ANPE, por su parte, critica las prisas por implantar esta medida y aboga por un cuerpo especializado para ello, con perfiles de trabajadores sociales, psicólogos o educadores. CSIF va más allá y critica la improvisación del Gobierno en un curso que contará con 17.000 profesores menos.
