A vueltas con la ampliación de la enseñanza obligatoria
La ampliación de la enseñanza obligatoria hasta los 18 años, si está bien concebida y bien implementada, constituiría una medida efectiva de equidad
La publicación, a finales del pasado mes de enero, de los datos de la Encuesta de Población Activa puso en alerta a la prensa nacional que destacó, a renglón seguido, el incremento en 0,6 puntos porcentuales del abandono educativo temprano en 2022. Este dato rompía la tendencia –comparativamente lenta, pero decreciente– experimentada por España a lo largo de la última década. Un análisis por territorios indica que 11 sobre 19 comunidades y ciudades autónomas han experimentado incrementos significativos en 2022, con valores incluso superiores a los 2 puntos porcentuales para más de media docena de ellas. Ello demuestra que las actuaciones emprendidas por diferentes administraciones educativas para reducir el abandono educativo temprano no han podido evitar, en más de la mitad de los casos, los significativos incrementos observados en el último año. Además, el último análisis internacional comparado de este indicador, en el marco de la Unión Europea, revela que España se situaba, en 2021, en la penúltima posición del ranking, solo por delante de Rumanía.
La explicación oficial restó importancia a estos hechos y los atribuyó a un efecto de la reactivación económica. De conformidad con este argumento, se habrían generado para los jóvenes, en 2022, mayores oportunidades en el mercado de trabajo derivadas del crecimiento económico. Sin embargo, se dispone de una robusta evidencia empírica que establece el carácter multicausal del fenómeno. Por ejemplo, en el ámbito español, Choi y Calero (2013) han identificado como factores más relevantes de riesgo de abandono educativo temprano, el sexo, la repetición de curso, la falta de Educación Infantil, la categoría socio profesional de los padres, su lugar de origen, así como los recursos educativos del hogar. Otras evidencias generadas recientemente desde la Cátedra de Políticas Educativas de la UCJC han puesto de manifiesto que las tasas de abandono educativo temprano y su evolución en España no pueden ser explicadas en base sólo al ciclo económico.
Llegados a este punto, cabe preguntarse ¿Sería posible sustituir esa multitud de intervenciones -sobre factores que, en buena medida, caen fuera del alcance, en el corto plazo, de las políticas educativas- por una sola, total y de eficacia garantizada? La respuesta es sí; tal intervención de política educativa existe y consiste, pura y simplemente, en la ampliación de la enseñanza obligatoria hasta los 18 años. Es esta una cuestión que hemos abordado hace más de un año desde esta misma columna; pero evidencias nuevas nos llevan a consolidar las razones en favor de una política que considero necesaria.
Los datos anteriores revelan que el problema del abandono educativo temprano en España sigue aún sin resolverse. Pero, además, hay dos tipos de argumentos que refuerzan la pertinencia de esta clase de intervención. En primer lugar, se han generado nuevas evidencias empíricas, relativamente recientes, sobre el impacto de la extensión de la enseñanza obligatoria en aspectos tales como salud mental, ingresos económicos o transmisión intergeneracional de los resultados educativos; pero, sobre todo, se han establecido sólidas relaciones causa-efecto entre la ampliación de la enseñanza obligatoria y la reducción del abandono educativo temprano. Hay, pues, garantías sobre la eficacia de este tipo de intervención.
En segundo lugar, existen diferentes hechos que conciernen a la equidad. Estudios econométricos relativos a Portugal han puesto de manifiesto, de un modo conclusivo, que los principales beneficiarios de la ampliación de la enseñanza obligatoria son los alumnos con bajos rendimientos o con inferior nivel socioeconómico. Por otra parte, un estudio de Ángel Soler (2022), efectuado sobre el periodo 2005-2021, ha revelado «la ausencia de convergencia entre las distintas regiones españolas en el periodo analizado, sobre todo en el caso de los hombres». Dicho de otro modo, se ha observado el mantenimiento de la desigualdad regional en lo concerniente a ese importante indicador. Ello concuerda con la información aportada por el profesor Ismael Sainz, desde este mismo espacio, a propósito de otro indicador de resultados relacionado.
Con fines ilustrativos, cabe subrayar que, de acuerdo con los datos más recientes, la comparación interregional en España para 2022 revela una horquilla de cifras de 13,1 puntos porcentuales, entre el territorio con mayor tasa de abandono y el territorio con menor. Ello supera la amplitud del rango equivalente entre los países de la Unión (12,9 puntos) en 2021. A la luz de múltiples estudios de diagnóstico, efectuados por nosotros para España a partir de análisis secundarios de la base de datos de PISA, las diferencias entre comunidades autónomas aparecen, de un modo recurrente, como un factor de notoria desigualdad en materia educativa.
De conformidad con lo anterior, la ampliación de la enseñanza obligatoria hasta los 18 años, si está bien concebida y bien implementada, constituiría, a tenor de las evidencias empíricas disponibles, una medida efectiva de equidad que no solo operaria al nivel individual de los alumnos, sino también al nivel de los territorios. Se trataría, a fin de cuentas, de una política de Estado, ecualizadora de las oportunidades y desarrollada conforme a sus competencias constitucionales exclusivas.
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