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Universidades
Entra en vigor la LOSU: claves de la polémica ley universitaria
La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ve la luz este 12 de abril, una norma que se quedará corta para solucionar los problemas de los centros universitarios y que ahondará en otros ya existentes
La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que entre otras cosas, reconoce a los estudiantes el derecho al paro académico, impide a los colegios mayores adscritos a las universidades públicas separar por sexo y politiza los campus, entra en vigor este miércoles 12 de abril, 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Estas son algunas de las claves de la LOSU, que ve la luz envuelta en polémica
- El texto reconoce a los estudiantes el derecho al paro académico e impedirá a los colegios mayores adscritos a universidades públicas a separar por sexo.
- La ley no resolverá la fractura educativa en 17 sistemas diferentes
- Protestas de los profesores asociados: más que acabar con su precariedad, acaba con los precarios en la calle
- Papel mojado: tras su aprobación, la norma aspiraba a que un 1 % del PIB se invierta en las universidades. Sin embargo, se pasó de que esto fuera un compromiso formal a una simple buena disposición de los actores. Los rectores ya dan por hecho que no se conseguirá
- Politización de las Facultades: por obra y gracia del ministro del ramo, Joan Subirats, muy insistente con este asunto. En un escrito promovido por 'Universitaris per la Convivència', los docentes –entre los que se encuentran nombres como Félix Ovejero, Francisco Sosa Wagner, Fernando Savater, Mikel Buesa o Araceli Mangas– advertían que la función de los órganos universitarios «no puede ser la de definir y promover una determinada línea ideológica o la de establecer un pensamiento oficial o institucional de la Universidad, sino la de garantizar el libre debate de las ideas entre todos sus integrantes».
Inclusión de los idiomas cooficiales
Por otra parte, el Congreso de los Diputados incluyó que la nueva ley asegurará la inclusión del catalán, euskera y gallego en el programa Erasmus, así como otros programas de movilidad que cuenten con financiación pública y se ha incluido que las comunidades autónomas y las universidades «promoverán la presencia de universidades, estudiantes y las distintas instancias del Sistema Universitario Español en los órganos y foros de representación internacional universitaria».
Respecto al acceso a titulaciones de formación permanente y a lo largo de la vida, la LOSU incorporó que las personas que no posean ninguna titulación universitaria habilitante para acceder a las titulaciones de formación permanente y que puedan acreditar experiencia laboral o profesional con nivel competencial equivalente a la formación académica universitaria, podrán acceder a las enseñanzas universitarias de formación permanente mediante un procedimiento de reconocimiento de la experiencia profesional.
El texto también abre la puerta a que las universidades privadas sin ánimo de lucro puedan participar en programas públicos de fomento de la investigación. Así, señala que los programas de fomento de proyectos para la investigación, creación y transferencia e intercambio del conocimiento impulsados por las Administraciones Públicas «facilitarán la participación de las universidades de carácter social y sin ánimo de lucro declaradas de interés público».
Régimen transitorio
La Cámara Alta también ha introducido cambios destacados en el texto, como un régimen transitorio en la convocatoria de plazas docentes y en los requisitos para los candidatos a rector.
Otro de los cambios destacados que se ha introducido en el Senado es que el Gobierno deberá presentar en el plazo de seis meses, en vez de un año que establecía el texto, desde la entrada en vigor de la norma, un proyecto de ley del Estatuto del Personal Docente e Investigador.
De este modo, la LOSU reduce a la mitad el plazo que tiene el Ejecutivo para aprobar el Estatuto del Personal Docente e Investigador tras la entrada en vigor de la norma, después de aprobarse en el Pleno de la Cámara Alta una enmienda a pesar del voto en contra del PSOE.
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