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05 de mayo de 2024

El independentismo sigue acosando al constitucionalismo en la universidad

El independentismo sigue acosando al constitucionalismo en la universidadGTRES

Acoso al constitucionalismo en las aulas

Este es el sindicato estudiantil que quiere dominar la universidad catalana con violencia y amenazas

El colectivo constitucionalista 'S’ha acabat!' sufrió el ataque del llamado Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes, que aspira a instaurar una educación catalanista e independentista

Aquellos que protagonizaron el violento escrache contra la asociación constitucionalista estudiantil S´ha acabat! en la feria de entidades de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) responden a una convocatoria del Sindicat d´Estudiants dels Països Catalans (Sepc), que se sirvieron de insultos e incluso bengalas para amedrentarles.
Los independentistas, conscientes de la amenaza que supone la presencia de los constitucionalistas en el campus en su objetivo de 'dominar' la universidad catalana, desplegaron una pancarta con el lema 'S´ha acabat! fuera de la universidad' y encendieron bengalas. Sin embargo, esto no fue lo peor, ya que los gritos podrían constituir por sí solos un delito de odio para cualquier juez: «pim pam pum, que no quede ni uno»; «vosotros, fascistas, sois los terroristas»; o «menos policía y más educación».
El personal de seguridad de la UAB y de los Mossos evitó que los estudiantes independentistas se acercaran a la carpa, a pesar que desde la asociación constitucionalista quiso escenificar la situación de los campus catalanes, donde la libertad de expresión «está protegida a través de un cordón policial». A su vez, S´ha acabat! lamentó que dicha universidad no haga nada para impedir la hostilidad hacia ellos.

Un sindicato de choque

Los convocantes ahora se agrupan bajo las siglas del SEPC, es decir, el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes, y nació, según su propia definición, a raíz de la fusión de organizaciones como Alternativa Estel y la Coordinadora de Estudiantes de los Países Catalanes (CEPC). En la actualidad, el SEPC actúa como el sindicato estudiantil de la Izquierda Independentista.
Formalmente, entre sus objetivos dicen «trabajar para la construcción de un marco educativo dentro de los Países Catalanes», el cual estará basado en «cinco grandes ejes de reivindicación: la enseñanza pública, popular, catalana, feminista y de calidad».
En la práctica, son la rama de choque dentro de los centros educativos para amedrentar a quienes ponen en cuestión las políticas lingüísticas y educativas de la Generalitat.
Desde el Gobierno independentista de Pere Aragonés se ha legislado para «blindar» la lengua en cualquier espacio educativo, quedando el español en una situación de indefensión. Cuando los colectivos constitucionalistas expresan sus quejas o exigen su derecho a recibir un tanto por ciento de la enseñanza en castellano, así como el cumplimiento de las sentencias de la Justicia, los sindicatos estudiantiles acuden a los centros para confrontar con ellos.

Buzones de denuncia

Desde el poder se legisla y desde los grupos universitarios afines se vigila que nadie proteste, hasta el punto de que en las universidades catalanas ya hay instalados buzones de denuncia para, de manera anónima y confidencial, acusar a aquel profesor o alumno que use o pida la enseñanza en español.

​Mediante la campaña Si te cambian la lengua, no te cortes, el Departamento de Investigación y Universidades llama a «garantizar los derechos lingüísticos del estudiantado y el profesorado», eso sí, siempre y cuando se hagan en el marco del llamado Plan de fortalecimiento de la lengua catalana en el sistema universitario.

Para asegurarse que todo marcha bien, se han habilitado los llamados buzones de derechos lingüísticos en muchas de las universidades de Cataluña, entre las que se encuentra la Universidad Autónoma de Barcelona, lugar donde tuvo lugar el escrache.

Unos buzones con los que el Ejecutivo nacionalista se quiere asegurar que dichos centros velen «porque estos compromisos se cumplan». Es decir, que cualquiera puede acudir a ellos para 'denunciar' al alumno o profesor que se ponga protestón a favor de su derecho a aprender en español.
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