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27 de abril de 2024

Manifestación convocada por los sindicatos ELA, LAB, CCOO, Steilas, Satse y ESKA este miércoles en San Sebastián con motivo de la huelga del sector público vasco. EFE/Juan Herrero.

Manifestación este miércoles en San Sebastián con motivo de la huelga del sector público vascoEFE

País Vasco

La huelga del profesorado vasco le estalla a Urkullu en pleno atasco de la nueva ley de Educación

Los sindicatos nacionalistas aprovechan el descontento del sector público con las condiciones laborales para presionar al Ejecutivo autonómico en su intento de imponer una mayor 'euskaldunización'

Tormenta en la educación vasca. Los trabajadores de la enseñanza pública del País Vasco pararon este martes –en la primera de las dos jornadas de huelga convocadas para esta semana–y que tuvo un seguimiento del 55 % del conjunto de todos los profesionales, cifrándose el paro entre el profesorado en un 21,2 %.
El miércoles, los paros alcanzaron a todo el sector público, lográndose la mayor participación en el sector de la educación.
Los sindicatos han mostrado su satisfacción con la respuesta a la huelga y han afirmado que en la enseñanza pública no universitaria ha sido del 75 %, mientras que en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) la actividad académica ha sido «muy escasa».

Los motivos

Los demandantes reclaman al Ejecutivo del lendakari Iñigo Urkullu la recuperación del poder adquisitivo, la reducción de las tasas de temporalidad y el fin de las privatizaciones, entre otras demandas, al tiempo que en la manifestación exigieron volver a las negociaciones para la mejora de los salarios y las condiciones dentro del sector público.
Pero en el educativo, si bien en lo laboral coinciden en las peticiones con los sindicatos convocantes, existen otro tipo de aristas. La ley vasca de Educación cada vez levanta más ampollas e incluso entre EH Bildu han levantado el hacha de guerra ahora que la norma se acerca a los últimos escenarios previos a su aprobación.
El sindicato nacionalista LAB, en consonancia con la coalición independentista, ha lamentado el mantenimiento de los modelos lingüísticos en el texto, a la par que ha echado de menos «una apuesta más decidida en favor de la euskaldunización», según Garbiñe Aranburu, secretaria general.
«Hay una mayoría sindical y social que defiende que el euskera tiene que tener otro sitio en la Ley educativa y que tiene que haber una apuesta mucho más decidida en favor de la euskaldunización».
Además, ha reclamado que la Ley posibilite «hacer una transición hacia una escuela pública vasca propia, euskaldun, pero eso pasa por hacer una apuesta muy clara a favor de la escuela pública».

Enfado del PNV

El consejero vasco de Educación no ocultaba su enfado por la huelga que le ha estallado, a él y al resto del Gobierno nacionalista, en estos momentos comprometidos para la nueva ley.
Jokin Bildarratz ha cargado contra los sindicatos convocantes, acusándoles de «castigar» tanto al alumnado como a las familias.
Tal y como ya hiciera el presidente Urkullu recientemente, Bildarratz ha asegurado que no «entiende» la convocatoria de los paros, lamentando que los representantes sindicales lleven sus «reivindicaciones» a las aulas. «Estamos hablando del derecho a la educación, es necesario que dejemos fuera a los centros escolares de cualquier pugna laboral».
La futura ley educativa se presentó como una norma consensuada gracias al apoyo que en abril de 2022 recibieron los socios del Ejecutivo, PNV y PSE-EE por parte de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU.

Sin embargo, el periodo de enmiendas aprobado con los socialistas y el mantenimiento de los modelos lingüísticos, ha puesto patas arriba el tablero, llevando a la izquierda independentista a replantearse su apoyo. Podemos hace tiempo que se colocó en el ‘no’ denunciando que se había traicionado el pacto educativo.

El calendario de tramitación de este proyecto ha establecido siete jornadas de debate, entre el 27 de octubre y el 22 de noviembre –el día 14 se debatirá sobre los modelos–, siendo el 29 de ese mes el elegido para la aprobación definitiva del informe de esta ponencia.

Urkullu siempre ha mostrado su deseo de que la norma se apruebe antes de que termine el año, por lo que la ley podría ver definitivamente la luz el próximo mes de diciembre.
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