En defensa de la libertad

A lo largo de nuestra historia constitucional, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza raramente han sido reivindicados de forma simultánea. En realidad, no es hasta la actual Constitución de 1978 cuando se contempla magistralmente el equilibrio entre ambos derechos, lo que ha permitido a lo largo de las últimas décadas no solo el acceso a la educación de la totalidad de la población dentro de los márgenes que marca la propia ley y que han sido definidos desde los seis a los dieciséis años si hablamos de enseñanza obligatoria, sino el crecimiento de una oferta cada vez más amplia que ha permitido entre otras, una escolarización cada vez más temprana.

La redacción del artículo 27 no fue especialmente pacífica. Es posible que este hecho augurara la extraordinaria importancia que dicho artículo iba a tener a lo largo de los años. Aun así, es posible que los protagonistas directos de esta redacción jamás pudiesen imaginar que buena parte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a lo largo de los cerca de cuarenta y seis años de vigencia de la actual Constitución de 1978 tuviese como protagonista la interpretación que desde las diferentes leyes se ha pretendido dar al desarrollo del citado artículo 27. Jurisprudencia que ha consagrado la libertad de enseñanza y el desarrollo de la misma en toda su amplitud como uno de los pilares fundamentales del modelo actual. Jurisprudencia que han respetado con mayor o menor pasión las sucesivas leyes educativas que han tenido vigencia a lo largo de las últimas décadas, no sin cierta tentación por parte de las leyes socialistas de socavar el modelo constitucional. No obstante, ahí estaba siempre el Tribunal Constitucional garante de derechos y libertades asentados en su amplia doctrina para frenar cualquier tentación al respecto…. Hasta ahora.

La aprobación el 29 de diciembre de 2020, cuando la pandemia provocada por la covid golpeaba más duramente nuestro país, de la llamada Ley Orgánica para la mejora de la ley orgánica de educación –LOMLOE– ha supuesto un antes y un después en relación al pleno desarrollo de derechos y libertades educativas consagradas en la Constitución. Sin mediar ningún tipo de consideración, la actual ley de educación no solo ha recortado el derecho de los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos a elegir el centro educativo de su preferencia, sino que ha extendido con calculada astucia todas sus posibilidades, encaminadas a consolidar un claro modelo, único, público y laico. Un sueño ampliamente anhelado por la izquierda de este país.

Sería absurdo ignorar que la terrible situación que vivimos, donde el actual gobierno ha asumido las tesis más lesivas no solo para la unidad de nuestro país, sino para la igualdad de todos los españoles, ocupa gran parte de las preocupaciones de los ciudadanos. No obstante, no es posible permanecer ajenos al hecho de que además de la igualdad, también nuestras libertades están en juego. La realidad es que todas aquellas leyes, entre las que se encuentra la LOMLOE, que vulneran derechos y libertades siguen vigentes y cuanto mayor sea su implantación, menor será el margen del que dispondrán las diferentes administraciones autonómicas para poner freno a la perversidad de algunas de sus medidas.

A pesar del esfuerzo que desde las administraciones gobernadas por el Partido Popular se está haciendo, siempre habrá alguien que aplicando la literalidad de la ley recorte libertades que durante décadas han estado garantizadas, no solo por la Constitución, sino por la propia doctrina del Tribunal Constitucional. Siempre habrá quien cuestione el actual modelo de financiación y decida estrangular el sistema de conciertos como antesala dirigida a una lenta desaparición de la enseñanza concertada. Siempre aparecerá quien aplauda la persecución de la enseñanza diferenciada o cuente los días para que se cierren los centros de educación especial, esos que representan algo más del 17 % en el conjunto del sistema educativo y que ofertan una enseñanza personalizada y perfectamente especializada a aquellos alumnos que presentan algún tipo de discapacidad. Si después del enorme trabajo y extraordinaria generosidad de aquellos que protagonizaron la Transición, alguien hubiese sido capaz de vaticinar lo que estamos viviendo en el momento actual, seguramente hubiese sido tachado de alarmista pero desgraciadamente esta es la realidad.

Tan solo una breve descripción de lo que está ocurriendo entre otras cuestiones, por ejemplo, en Cataluña y que no puede recibir otro calificativo que no sea de «extrema gravedad». El ataque feroz al uso del castellano, lengua oficial del estado, como lengua vehicular en el sistema educativo, no encuentra precedente alguno en las democracias más consolidadas. Profundas discriminaciones en al ámbito educativo dirigidas hacia los alumnos hispanohablantes. Familias acudiendo a los tribunales para defender algo tan básico como que sus hijos puedan utilizar la lengua oficial del estado, la misma que al artículo 3 de la Constitución señala que «Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla…». Dejación de responsabilidades por parte de un ministerio de educación perfectamente alineado con las tesis independentistas. De hecho, hace apenas unos días la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó el informe de la Eurocámara sobre el uso del castellano en las escuelas catalanas. Un informe extremadamente duro que reprocha a la Generalitat el desprecio hacia los derechos de los alumnos que pretenden usar el castellano como lengua vehicular y exige el mismo trato al castellano y catalán «en las horas de enseñanza y curriculares». Un claro ejemplo de que Europa no permanece ajena al profundo recorte de derechos de los alumnos en el ámbito educativo. Este reconocimiento por parte de las autoridades de Bruselas solo es la punta del iceberg de un camino de ruptura, donde la defensa de nuestros derechos y libertades deberá ser una absoluta prioridad, también en el ámbito educativo.