Presentan en el Senado las medidas para proteger el español de los nacionalistas: «Han utilizado la coacción»

«El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla», reza el artículo 3 de la Constitución que rige nuestro país. Con esta cita, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha comenzado su intervención durante la exposición de las conclusiones de la I Jornada de Derechos Lingüísticos en España, celebrada el pasado 18 de octubre en la Universidad CEU San Pablo.

La máxima autoridad de la Cámara Alta ha apuntado que «la Carta Magna reconoce el deber de conocer el castellano y de usarlo, independientemente del lugar donde se resida». A colación de esta afirmación ha ejemplificado que «una persona de Andalucía que vaya a Cataluña debe tener los mismos derechos lingüísticos que si viviera en su tierra natal».

Rollán ha defendido ante altos cargos del Estado, como la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, exministros y medios de comunicación el «derecho a que sus hijos puedan aprender en castellano sin necesidad de ser discriminados o señalados en persona o a través de redes sociales».

El presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, ha denunciado que en políticas de normalización lingüística de ámbito autonómico orquestadas por los nacionalistas con fines identitarios se han utilizado «actuaciones coactivas, sancionadoras y arbitrarias».

«Esta situación ha dado lugar a graves disfunciones que afectan directamente a derechos fundamentales que tienen reconocidos todos los españoles, tales como el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, a la libertad de residencia y de circulación, a la participación en los asuntos públicos y a la libertad de expresión», ha indicado.

En este sentido, proponen que el marco normativo refleje las ventajas de la Inteligencia Artificial, en lo que se refiere a las técnicas de traducción, para garantizar de manera ágil el derecho de opción lingüística de los ciudadanos y la interrelación entre las administraciones públicas.

Con el objetivo de evitar la discriminación lingüística y la arbitrariedad de las administraciones en el acceso a la función pública, Impulso Ciudadano considera necesario adoptar medidas «armonizadoras» que establezcan con carácter general y de manera proporcional los requisitos lingüísticos necesarios y la valoración de los méritos para los puestos de trabajo en las administraciones públicas.

Asimismo, plantean que el Instituto Nacional de Estadística (INE) elabore «periódicamente» informes y censos lingüísticos que reflejen la realidad social; y piden la creación de una comisión legislativa permanente sobre los derechos lingüísticos en el Senado que se encargue de analizar, valorar y proponer medidas relacionadas con el reconocimiento y defensa de los derechos lingüísticos en toda España y que elabore periódicamente un informe sobre la situación de los derechos lingüísticos en España.

Una ley que imposibilite la exclusión

Posteriormente a las conclusiones de la asociación, la presidenta de Escuela de Todos y miembro de la junta directiva de Impulso Ciudadano, Ana Losada, ha reclamado una ley que regule el uso del español y las lenguas cooficiales, ya que ha detectado una diferencia «sustancial» entre los derechos de los alumnos castellano parlantes y los alumnos cuya lengua materna es una lengua cooficial.

«Necesitamos una ley que imposibilite la exclusión del español como lengua vehicular, algo que ahora está ocurriendo», ha afirmado. Losada ha pedido que se aseguren los derechos lingüísticos «en igualdad de condiciones» de los alumnos castellano hablantes y también la de los hablantes de las lenguas cooficiales.

Para ello, ha manifestado que se ha de garantizar la lectoescritura al menos hasta los 7-8 años, en la lengua materna del alumno, tanto si esa lengua es el castellano o una lengua cooficial. A su vez, ha pedido concluir los requisitos lingüísticos porque los docentes «han de poder acceder a sus plazas sin que estos requisitos lingüísticos se conviertan en muros y han de garantizar su movilidad en todo el territorio».

En su intervención, Losada ha reclamado al Ministerio de Educación conocer los datos sociolingüísticos de los alumnos, para saber si los estudiantes aprenden correctamente la lengua castellana. «Las instituciones y las administraciones públicas deben impulsar políticas comunes que garanticen la igualdad de los derechos lingüísticos entre los alumnos»

El nacionalismo ha difundido un relato en el que acusa a España de atacar a los hablantes de lenguas que no sean el españolAna LosadaPresidenta de Escuela de Todos

«El nacionalismo ha difundido en el resto del mundo un relato en el que acusa a España de atacar a los hablantes de las lenguas que no sean el español, un relato que es falso. Hay que, por supuesto, dotar de recursos a la sociedad civil que defiende la igualdad de derechos lingüísticos y poner fin a la ayuda institucional a asociaciones que acosan, señalan a ciudadanos por no hablar la lengua que ellos desean», ha remarcado.

Datos sociolingüísticos

También durante la jornada, Jesús Rul, profesor e inspector de Educación, ha analizado los datos sociolingüísticos del INE, publicados en 2021, que apuntan que el español es la lengua más frecuente de los diez idiomas que tienen presencia en el territorio español, con un 96 % de hablantes, seguida del inglés (14,7 %) y el catalán (14,2 %).

Los datos señalan que el español es la lengua materna o habitual de más del 80 % de la población española, el 99,5 % la entiende y la habla bien, el 96,6 % saben escribirla y el uso en la familia es del 77,1 %, entre amigos el 75 % y en el trabajo un 73 %.

Rul ha advertido que la tasa de crecimiento entre el español y el inglés guarda una «notable» diferencia, ya que el español crece al 1,2 % y el inglés al 3,89 %. «Lo que hace que una lengua crezca en el mundo es la centralidad, el prestigio, la influencia en todos los ámbitos: académico, publicaciones, diplomacia, negocios, etc. Y en esto, España tiene un reto importante», ha señalado.