El Congreso censura a una profesora por criticar la 'ley trans': «Me dijeron que violaba los derechos humanos»

El Tribunal Supremo británico, máxima instancia judicial, dictaminó este miércoles que el término «mujer» a efectos de la ley de igualdad, deberá estar siempre determinado por el sexo biológico. Esta situación es muy diferente a la española, donde, además de poder acudir al registro para cambiarse el sexo, Sumar quiere añadir en el DNI una casilla con el género no binario.

En un dictamen unánime, todos los magistrados apuntaron que esta decisión debe ser vista y percibida por un gran triunfo, puesto que la Ley de Igualdad del año 2010 otorga también a las personas transgénero protección contra la discriminación.

El fallo, no obstante, es visto como un triunfo legal por la organización de mujeres For Women Scotland, que se querelló a raíz de la decisión del Ejecutivo escocés de incluir a las mujeres trans en la cuota para igualar los puestos públicos entre mujeres y hombres.

Tras estos hechos, que podrían sentar un precedente y servir de ejemplo para muchos países europeos, Elena Ramallo, profesora y doctora en Derecho, ha explicado a El Debate que «no se trata de negar derechos a nadie, pero no puede ser que esos derechos pisen a otros, en este caso a los de la mitad de la población: las mujeres».

Ramallo ha denunciado ante los micrófonos de este medio que a raíz de unas declaraciones en una entrevista crítica con la 'ley trans', el Congreso decidió censurarla por supuestamente haber «violado los derechos humanos» con sus palabras.

«Yo iba a participar en el Congreso dentro del Pacto de Estado contra la violencia de género, invitada por mi trayectoria y premios en investigaciones jurídicas sobre el tema. Sin embargo, me censuraron tras una entrevista en la que, como jurista, comentaba los problemas jurídicos del registro de cambio de sexo, incluyendo un caso muy llamativo: un hombre llamado Cándido, con varios procedimientos penales por violencia de género, que se registró como 'Candi' para eludir las consecuencias», relata.

Esta docente y jurista explica que ella había hablado directamente con Adriana Lastra, entonces presidenta de la Comisión sobre el Pacto de Estado, para concretar su intervención, hecho que ha podido corroborar este medio a través de los e-mails aportados. «Iba a hablar sobre violencia vicaria, derechos laborales de las víctimas, y fallos en la ley de violencia de género. Estaba todo cerrado», señala. Después de verano, Ramallo recibió un e-mail en el que se le comunicaba que no podía participar por sus declaraciones contrarias a la 'ley trans'. «Lo único que dije fue que el Tribunal Constitucional debía pronunciarse jurídicamente, no ideológicamente, sobre la norma, pensando sobre todo en el bienestar de los menores», aclara.

A su juicio, «el sexo es una realidad biológica, no una opinión. Las personas trans deben tener derechos, como todos, pero no deben ocupar espacios ni derechos reservados a las mujeres. No pueden competir en deportes femeninos, ni entrar en baños para mujeres, ni borrar el concepto jurídico de 'mujer', que es la base de todas nuestras leyes de igualdad y protección», defiende.

Por último, Ramallo expresa que después de que el Congreso vetara su intervención en la Comisión del Pacto de Estado sobre Violencia de Género contactó con el Partido Popular para buscar soluciones. «No sabían nada y me dijeron que no podían hacer nada. No quieren mojarse en los temas sociales. Pero si no atienden a esos temas, no obtendrán votos. La gente quiere saber qué opinan sobre inmigración, agresiones sexuales, inseguridad…», señala.