Alumnos antes de realizar el primer examen de la PAU 2025
Los universitarios exigen un «plan urgente» de residencias públicas y ayudas ante la subida de precios de las habitaciones
El problema se agrava con la saturación de las residencias universitarias, que alcanzan tasas de ocupación superiores al 97 %
La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ha advertido de que la crisis habitacional «pone en riesgo la igualdad de oportunidades» y reclama un plan urgente que incluya la construcción de más residencias públicas, ayudas al alquiler y medidas de regulación de precios en las principales ciudades universitarias.
La organización estudiantil denuncia que el precio de las habitaciones se ha encarecido un 14 % en el último año. Este incremento sitúa el coste medio en torno a 600 euros en Barcelona y 550 en Madrid, lo que consideran una amenaza directa al derecho a la educación superior.
Según CREUP, para miles de jóvenes la elección de universidad ya no depende de su vocación ni de la oferta académica, sino del precio del alquiler en cada ciudad. Esta situación, aseguran, obliga a muchos a renunciar a sus primeras opciones y vulnera el principio de igualdad en el acceso a la universidad.
El problema se agrava con la saturación de las residencias universitarias, que alcanzan tasas de ocupación superiores al 97 %. En muchos casos, sus precios superan los 1.000 euros mensuales. «La escasez de plazas públicas, unida a la especulación en el mercado de residencias privadas, deja al estudiantado sin alternativas asequibles», lamentan.
Por ello, la coordinadora reclama la puesta en marcha de un plan nacional de vivienda universitaria que amplíe la red de residencias públicas, establezca medidas regulatorias efectivas en el mercado del alquiler e incremente las becas y ayudas específicas que compensen los elevados costes de alojamiento.
CREUP advierte de que la crisis habitacional estudiantil no puede seguir afrontándose con «soluciones parciales» y defiende la necesidad de una estrategia conjunta entre el Gobierno central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las universidades públicas, en la que el estudiantado tenga voz y participación activa.
«Solo con un compromiso firme y realista se garantizará que la universidad siga siendo una herramienta de movilidad social y no un privilegio reservado a quienes pueden permitírselo», concluye la organización.
