Sumar propone que las estancias por estudios computen al pedir la nacionalidad española

Sumar ha registrado una proposición de ley en el Congreso para que el tiempo que un extranjero pasa en España en una estancia por estudios cuente a la hora de pedir la nacionalidad española, para la que se exige una residencia legal y continuada de al menos diez años en España.

Hasta ahora, el tiempo que un extranjero pasa estudiando en España no se cuenta dentro de los años de residencia que es necesario acreditar para solicitar la nacionalidad española, pues los estudiantes están en España como visitantes, una categoría similar a ser turista.

Para que este tiempo sí compute, Sumar propone reformar el artículo 22.1 del Código Civil, de forma que para conceder la nacionalidad por residencia se cuente el «régimen de residencia o de estancia siempre que dicha permanencia haya sido legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud».

En su propuesta, Sumar explica que otras figuras que también impiden trabajar, como la residencia no lucrativa, sí suman en el cómputo de años para pedir la nacionalidad o que sí se tienen en cuenta los años de residencia de ciudadanos comunitarios, que pueden residir en España sin restricciones similares.

Por eso, ven «discriminación» e injusticia en la situación de los estudiantes, que contribuyen al sistema durante años, cotizan con prácticas, becas remuneradas o trabajos y «sin embargo ven prolongado su acceso a la nacionalidad hasta los 14 o 16 años».

Argumentan asimismo que otros países no llevan a cero el cómputo migratorio tras un cambio de estatus y tienen más atractivo como «destinos de talento internacional». Esta 'brecha competitiva' provoca que los estudiantes internacionales sean muchos más en Francia, Alemania o Países Bajos respecto a España, donde a cierre de 2024 había 93.067 personas en estancia de estudios.

Sumar calcula que estos estudiantes dejan una inyección directa de 670 millones de euros anuales procedentes del extranjero a través del consumo, el pago de alquileres, servicios, transporte o las tasas universitarias.

La proposición de ley presentada por Sumar propone otro cambio en el Código Civil -eliminar el apartado B del artículo 23- para eliminar la exigencia que se hace a la mayoría de ciudadanos de renunciar a su nacionalidad de origen para acceder a la española, una regla general para la que existen algunas excepciones que permiten la doble nacionalidad.

Argumenta este grupo parlamentario que el enfoque de la exclusividad nacionalidad está «desfasado» -sitúan su origen en el franquismo- y que genera una barrera innecesaria y disuasoria para integrar a personas plenamente arraigadas en España, en un contexto donde la tendencia internacional y sobre todo europea se mueve hacia el reconocimiento generalizado de la doble nacionalidad.