Huelga, atención psicológica y becas: los derechos de los alumnos en el nuevo decreto de Morant

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades prepara un nuevo real decreto para renovar el Estatuto del Estudiantado Universitario, vigente desde 2010. El texto introduce nuevos derechos para los universitarios, entre ellos el acceso a apoyo psicológico y atención en salud mental por parte de profesionales especializados, la posibilidad de que las becas incorporen criterios vinculados al coste de la vida o el reconocimiento de herramientas de participación colectiva como la convocatoria de huelgas.

Al mismo tiempo, fija obligaciones para el alumnado, entre ellas evitar prácticas fraudulentas y el uso indebido de la inteligencia artificial, informa Europa Press.

Según el borrador del proyecto, al que ha tenido acceso Europa Press, el objetivo principal de la norma es reforzar tanto los derechos individuales como los colectivos del estudiantado universitario.

El documento reconoce el derecho a recibir una enseñanza de calidad, con independencia del tipo de centro, la etapa educativa, la modalidad de impartición, la especialización o la ubicación geográfica de la universidad.

También contempla el derecho a contar con orientación socioprofesional durante los estudios universitarios, así como con apoyo psicológico y de salud mental. Además, insiste en el carácter inclusivo que debe garantizar la universidad, especialmente para estudiantes con discapacidad, necesidades específicas de apoyo educativo o dificultades de aprendizaje.

La organización de la docencia deberá facilitar, en la medida de lo posible, la compatibilidad entre la vida académica y la actividad laboral del alumnado. El texto precisa que esta adaptación deberá hacerse teniendo en cuenta las capacidades organizativas de cada universidad, así como la naturaleza de las titulaciones y asignaturas.

Se refuerza el papel del alumnado en la planificación académica

La propuesta del ministerio también refuerza el papel del alumnado en la planificación académica. En concreto, establece que la programación docente de cada curso deberá ser aprobada por los órganos competentes de cada universidad, conforme a su normativa interna, pero garantizando que en dicho órgano haya representación estudiantil.

El borrador reafirma, además, el derecho del estudiantado universitario a recibir becas o ayudas públicas cuando cumpla los requisitos establecidos, con el fin de favorecer el acceso a la universidad con independencia de la renta familiar.

En este punto, el texto plantea que los programas de becas avancen progresivamente hacia un modelo que, además de priorizar la situación socioeconómica del alumnado, tenga en cuenta otros factores que condicionan la igualdad de oportunidades. Entre ellos, menciona el coste del alojamiento cuando estudiar implique cambiar de residencia, así como las diferencias en el coste de la vida entre provincias, siempre dentro de las posibilidades presupuestarias y los límites legales existentes.

El nuevo Estatuto también consolida los deberes del alumnado como parte de la comunidad universitaria, junto al profesorado y al resto del personal. Asimismo, regula aspectos vinculados a la calidad de las prácticas académicas externas, los programas de movilidad y los sistemas de evaluación.

La norma aborda igualmente la estructura, funciones y funcionamiento del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado, así como la participación de los estudiantes en distintos órganos universitarios.

El proyecto de real decreto recoge una serie de obligaciones para los estudiantes universitarios. Entre ellas, evitar la participación en procedimientos fraudulentos en exámenes, trabajos académicos o documentos oficiales de la universidad. El texto hace una mención expresa al uso inapropiado de la inteligencia artificial y de las tecnologías de la información y la comunicación.

El alumnado deberá asumir una presencia activa y responsable dentro de la universidad, conocer la institución en la que estudia y respetar sus estatutos y normas de funcionamiento.

Entre sus deberes figuran también estudiar y participar en las actividades académicas necesarias para completar su formación, respetar a todos los miembros de la comunidad universitaria y cuidar adecuadamente los bienes, equipos, instalaciones y espacios de la universidad o de entidades colaboradoras.

El Estatuto incluye además la obligación de desarrollar correctamente las prácticas académicas externas, respetando los convenios de colaboración educativa y las normas de las entidades donde se realicen. También deberán conocer y cumplir las normas internas de seguridad y salud, así como respetar el nombre, los símbolos y los emblemas universitarios.

El texto señala que los estudiantes tendrán que respetar los actos académicos y a quienes participen en ellos, sin perjuicio del ejercicio de la libertad de expresión y manifestación. Asimismo, deberán promover activamente la no discriminación por motivos como nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, opinión, edad, discapacidad, nacionalidad, enfermedad, orientación sexual, identidad de género, situación socioeconómica, lengua, afinidad política o sindical, apariencia física, sobrepeso, obesidad o cualquier otra circunstancia personal o social.

Por último, quienes ejerzan cargos de representación estudiantil deberán informar a sus representados sobre la actividad de los órganos colegiados en los que participen, así como sobre sus propias actuaciones, respetando la reserva y discreción que corresponda. También deberán participar de forma activa y responsable en esos órganos, contribuir a la mejora del funcionamiento de la universidad y cumplir cualquier otro deber recogido en los estatutos o normas internas del centro en el que estén matriculados.