El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Educación, Milagros Tolón
Sánchez arrincona a la concertada con su nueva ley: «Quita libertad a las familias, las empuja a elegir la pública»
El secretario general de FSIE sostiene que existen sentencias del Tribunal Constitucional que establecen que esta es una competencia del Estado y que debe darse un tratamiento homogéneo
Sánchez vuelve a dejar a la concertada fuera. En este caso, los centros con concierto educativo no se verán beneficiados por el proyecto de ley de bajada de ratios. «Es un trato injusto hacia las familias y también un agravio comparativo respecto a los profesionales. Al final, tanto los docentes de la función pública como los de la enseñanza concertada formamos parte del sistema público educativo», afirma a El Debate Enrique Ríos, secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE).
En esta misma línea, Ríos asegura que la exclusión de la concertada de la ley de bajada de ratios «quita libertad a las familias», ya que «establece condiciones diferentes entre un centro público y uno concertado», por lo que el Gobierno está «empujando directamente a las familias hacia la pública».
El secretario general de FSIE sostiene que existen sentencias del Tribunal Constitucional que establecen que esta es una competencia del Estado y que debe darse un tratamiento homogéneo. Esas sentencias surgieron a raíz de recursos de inconstitucionalidad planteados por las comunidades autónomas durante los recortes de la crisis económica, cuando el Estado fijó la carga lectiva tanto para la pública como para la concertada.
«Algunas autonomías entendían que eso invadía sus competencias, pero el Tribunal Constitucional dijo que no, que era competencia estatal y que, además, debía garantizarse un trato homogéneo», explica.
Esta medida no solo afecta a las ratios, sino que también beneficia a los profesores de la pública respecto a los de la concertada. «Mantener 25 horas lectivas supone una sobrecarga importante. Y hay que entender que esas 25 horas no son solo dar clase. Si un profesor tiene más grupos y más carga, dispone de menos tiempo para atender adecuadamente a alumnos con necesidades específicas o para ofrecer una atención más personalizada», señala en conversación con este medio.
«Y hay otro aspecto preocupante», añade. «Si puedo trabajar en otro sitio con mejores condiciones, es lógico que me plantee cambiar. Eso puede provocar una fuga de talento de la concertada hacia la pública. Porque, al final, la diferencia entre trabajar en una y otra muchas veces es simplemente preparar unas oposiciones o incluso acceder como interino e ir acumulando puntos», lamenta.
USO estudia movilizaciones
La Unión Sindical Obrera (USO) estudia «intensificar las movilizaciones» ante la exclusión de la enseñanza concertada si no se modifica el texto durante su tramitación parlamentaria.
«No somos docentes de primera y de segunda», ha advertido el sindicato en un comunicado, en el que tacha de «discriminación inaceptable del Gobierno al excluir a más de 130.000 trabajadores» de la enseñanza concertada de la reducción de horas lectivas contemplada en el proyecto de Ley que se empieza a tramitar en el Congreso.
USO considera este proyecto de ley un «claro agravio que consolida un modelo de desigualdad entre trabajadores que realizan el mismo trabajo dentro del sistema educativo». «Mientras en la pública se plantean como jornada lectiva máxima 23 horas lectivas en Infantil, Primaria y Especial y 18 en Secundaria y el resto de las enseñanzas, en la concertada se mantienen las 25 horas semanales para todo el profesorado», ha subrayado.
